Cusco y Arequipa en pie de lucha por la defensa del agua frente a proyectos mineros inconsultos

Desde el lunes 17 de febrero, los pobladores del Valle de Tambo, en Arequipa, han iniciado un paro indefinido en defensa de su valle, el agua y la agricultura. Esta medida responde a la posible reactivación del proyecto minero Tía María y La Tapada, operado por la empresa Southern Copper Corporation.

Por otro lado, desde el 14 de febrero, los comuneros de Ccollpa Ccashahui, en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, Cusco, mantienen una protesta indefinida contra el proyecto minero Crespo, exigiendo su retiro definitivo del territorio, y la nulidad de los permisos obtenidos para la fase de construcción y explotación del proyecto. 

Resistencia al interior del país

Ambas medidas de resistencia buscan proteger el agua, un recurso vital para la agricultura, la ganadería y la vida de la población. En el caso de Tía María y La Tapada, se trata de un proyecto que demandaría grandes volúmenes de agua, afectando el abastecimiento del Valle de Tambo y poniendo en riesgo los ríos, la agricultura, la ganadería y la salud de los habitantes.

Cabe recordar que, en 2009, se realizó una consulta vecinal en la provincia de Islay, donde el 97% de la población de seis distritos rechazó el proyecto minero Tía María y cualquier otra iniciativa que pusiera en riesgo el valle y la cuenca del río Tambo. A pesar de esta decisión, los sucesivos gobiernos han intentado reactivar el proyecto, priorizando la inversión y un supuesto desarrollo económico por encima de la protección ambiental y la salud de la población.

En cuanto al caso de la comunidad de Ccollpa Ccashahui, la protesta, que ya supera una semana de realización, exige el retiro definitivo del proyecto minero Crespo, propiedad del Grupo Apumayo. De acuerdo a Derechos Humanos Sin Fronteras, la movilización se originó tras el inicio de la fase de exploración de oro en una zona clave: la cabecera de cuenca del río Santo Tomás. Esto ha generado gran preocupación entre los pobladores, ya que temen que la actividad minera contamine las fuentes de agua que abastecen los ríos y valles de los distritos de Santo Tomás.

De acuerdo al Observatorio de Conflictos Sociales, en diciembre de 2024, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), atendió una denuncia sobre una posible contaminación del río Santo Tomás, a la altura del anexo Tambo Huancarama – Yuraccancha. Según el reporte, la afectación habría sido causada por la rotura de una poza en la unidad minera Crespo, ubicada en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas. Ante esto, el OEFA inició una supervisión en las instalaciones de la empresa minera Crespo S.A.C. para evaluar el área posiblemente impactada y los componentes mineros involucrados. Sin embargo, hasta la fecha, la población no ha recibido los resultados de dicha inspección.

Los comuneros exigen al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el cierre definitivo de la unidad minera Crespo. Además, denuncian que la fase de exploración comenzó sin un proceso de consulta previa, vulnerando su derecho a decidir sobre las actividades en su territorio, lo cual representa una vulneración de sus derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Ante la creciente tensión, se espera la llegada de una comisión de alto nivel para instalar una mesa de diálogo el próximo 13 de marzo en Chumbivilcas, con el fin de encontrar una solución al conflicto.

Si bien el caso de Tía María es más antiguo que el de Chumbivilcas, el gobierno ha desplegado fuerzas policiales en ambas zonas para controlar las manifestaciones en ambos casos. Hasta el momento, en Chumbivilcas no se han reportado represiones, a diferencia del Valle de Tambo, donde en años anteriores las protestas fueron duramente reprimidas por la Policía Nacional del Perú, dejando heridos y fallecidos.

El Estado prioriza la minería y desprotege a la población

El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, advirtió que estamos presenciando una reactivación de los conflictos vinculados a la gran minería y que, en ambos casos, el Estado ha tomado partido por la inversión minera, dejando desprotegida a la población.

"Se supone que el garante y protector de los derechos de todos los peruanos y peruanas es el Estado, representado por el gobierno nacional. Sin embargo, lo que vemos es que este prioriza la inversión privada sin cuestionamientos, mientras acusa a la población —a la que también debería proteger y defender— de ser radical, antiminera o de boicotear el desarrollo. En realidad, lo que hacen las comunidades es defender el agro y la vida en el valle de Tambo y proteger el agua y las cabeceras de cuenca en Chumbivilcas”, señaló.

Finalmente, concluyó que de un gobierno autoritario, que busca imponer la gran minería por la fuerza, no se puede esperar nada, mucho menos la implementación de estrategias de respuesta basadas en el diálogo. "Este gobierno ha claudicado y renunciado a escuchar a la gente que dice representar”, enfatizó.