Sin protección, sin justicia: el caso de Edivar Carrasco y la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos 

Ser una persona defensora de los derechos humanos en el país es exponerse a riesgos y vulnerabilidades. En la región de Lambayeque, Edivar Juan Carrasco Vásquez, presidente de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, es un ejemplo de cómo el Estado peruano da la espalda y abandona a quienes defienden el territorio y el medio ambiente.

En total, suman siete amenazas de muerte en su contra, la última ocurrió el pasado 19 de mayo, las cuales fueron denunciadas en su momento. Al conocerse públicamente este caso, la congresista Ruth Luque se comunicó directamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que tiene la responsabilidad de activar el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras. Esta comunicación directa derivó en que el Ministerio Pública abriera una investigación para identificar a los responsables. Sin embargo, el riesgo para la vida e integridad del defensor ambiental se incrementa, mientras que en la práctica los mecanismos de protección son lentos e ineficaces.

CHAPARRÍ: UN SÍMBOLO DE LUCHA

Carrasco es un defensor de 54 años que lleva más de una década protegiendo la Reserva Ecológica de Chaparrí, la primera Área de Conservación Privada del Perú, ubicada dentro del ámbito geográfico de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina, distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, Lambayeque.

Este ecosistema del bosque seco tiene una superficie de 34,412 hectáreas y alberga animales emblemáticos como el oso de anteojos, la pava aliblanca, entre otras especies de la fauna y de la flora. Este refugio cumple un papel importante en la conservación y en el mantenimiento de los procesos ecológicos de la biodiversidad. Asimismo, es una fuente de empleo para las familias locales dedicadas al turismo, artesanía y agricultura. 

Esta reserva es el símbolo de lucha de la comunidad Muchik Santa Catalina y de Edivar Carrasco. Al mismo tiempo, es un territorio que vive bajo amenazas por las mafias y grupos económicos.

Las amenazas y persecución contra las y los defensores de Chaparrí son constantes desde hace décadas. La sociedad civil organizada ha respaldado a las personas defensoras de derechos humanos con asesoría legal y acompañamiento técnico y organizativo.

CIRCUNSTANCIAS DE LAS AMENAZAS 

Los intentos de silenciar a Carrasco iniciaron en el año 2019. Desde disparos al aire cuando realizaba labores de vigilancia y reforestación, hasta reglaje en el local comunal y la aparición de individuos armados en su vivienda. Estos fallidos ataques para intimidar y apagar su defensa ambiental son parte de una estrategia para desacreditar su papel como dirigente, puesto que ha sido denunciado falsamente de presuntos delitos ambientales (tala ilegal,tráfico de tierras, entre otros) y difamado por radios locales.

La organización internacional Front Line Defenders documentó dos hechos de hostigamiento e intimidación hacia Edivar Carrasco. El primero se registró el 5 de marzo de 2021 y el otro el 30 de marzo de ese mismo año. También el portal Servindi, Wayka y Actualidad Ambiental han alertado sobre este grave caso que afecta a otros defensores ambientales. En marzo de 2025, a raíz de las denuncias públicas de amenazas hechas por  la ONG Comisión de Derechos Humanos Bienestar Perú, la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lambayeque inició una investigación preliminar por el presunto delito de reglaje en agravio del defensor ambiental.

La séptima amenaza ha originado que organizaciones sociales y de derechos humanos se pronuncien. El 19 de mayo de este año, Carrasco fue amenazado de muerte y perseguido por encapuchados armados con machetes durante una diligencia con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). A pesar de esta grave situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) no aceptó su denuncia, incumpliendo con el protocolo aprobado por el MINJUSDH. Tampoco la subprefecta de Chongoyape, Katia Cadenas, le brindó las garantías personales que le corresponden. 

Gracias a la presión ciudadana, el 21 de mayo de este año, la Defensoría del Pueblo envió el Oficio N° 0500-2025-DP/OD-LAMB a la Región Policial de Lambayeque, en el cual solicita que se ejecuten acciones para garantizar y proteger los derechos de Carrasco. Además, dispone que la PNP informe, dentro del plazo de cinco días calendarios, sobre las medidas ejecutadas en este caso, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 004-2021-JUS/DGDH, que establece un protocolo de seguridad para defensores de derechos humanos.

Dos días después, el 23 de mayo, en Lambayeque, comuneros de Chongoyape protestaron para exigir garantías para la vida de Carrasco.

LA VOZ DE EDIVAR CARRASCO

En una entrevista con la Red Muqui, Carrasco, quien asume la Presidencia de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape desde el 28 de abril de 2019, lamentó que las denuncias falsas en su contra sí prosperen, mientras que cuando se trata de proteger su vida, las instituciones públicas no actúan con la misma celeridad y cuidado. 

“Hemos creado nuevos locales comunales y oficinas, y conformado juntas que defienden activamente a la comunidad frente a cazadores, taladores y demás amenazas contra la reserva. Como ven, nos hemos venido organizando contra las mafias que buscan perjudicar la economía comunitaria de Chaparrí”, relató sobre las tareas que implican su defensa. 

Desde la Red Muqui, respaldamos y nos solidarizamos con él y con los demás defensores de Chaparrí. De la misma manera, exigimos al Estado brindar la protección urgente a Edivar Carrasco y garantizar el cese de la criminalización y persecución por su condición de defensor de los derechos humanos.

Foto: Comisión de Derechos Humanos Bienestar Perú