Presión política-empresarial sobre el proyecto Tía María no cesa y la oposición social se vuelve más intensa

La alianza entre el sector minero y el Ejecutivo para impulsar el proyecto Tía María se fortalece cada vez más. Por un lado, Southern Perú promociona públicamente las certificaciones internacionales obtenidas y, por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció hace un mes el inicio de la fase de construcción minera, lo que ha originado constantes protestas sociales en el Valle de Tambo (Arequipa).

Dado que este proyecto minero no cuenta con aceptación social desde hace más de una década, la ciudadanía movilizada del Valle de Tambo convocó el viernes a una nueva marcha pacífica con el objetivo de generar un diálogo con representantes del Poder Ejecutivo y la población. Hasta la fecha, no han obtenido la respuesta esperada del Gobierno en cuanto a mecanismos de diálogo y resolución de conflictos en el mismo territorio. Además, el rechazo social se extiende al proyecto La Tapada que es parte de Tía María, a cargo de la misma empresa minera, debido a que, según los agricultores, cualquier forma y tipo de minería perjudica el medio ambiente y las fuentes de agua. 

BUSCAN DESMOVILIZAR 

La población, dedicada en su mayoría a la agricultura, se mantiene organizada, por lo cual han realizado paros a lo largo de este año, ya que Tía María representa un riesgo para la actividad agraria y el ecosistema. En estos últimos años, la empresa no ha logrado demostrar que su proyecto no afectará el medio ambiente. A pesar de que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha perdido vigencia, el Gobierno sigue respaldando este proyecto.

Frente a este complejo escenario, las y los voceros del valle se vieron en la necesidad de recurrir a instancias judiciales. En marzo de este año, presentaron una demanda de amparo contra las autoridades ambientales, el Minem y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), así como contra la empresa Southern Perú. Dicha acción legal busca la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado en un contexto de fuerte oposición social y los riesgos ambientales asociados al proyecto; debido a que, la certificación ambiental obtenida por la empresa habría perdido vigencia y las autorizaciones de construcción no serían válidas. Por ello, el Primer Juzgado Constitucional de Lima resolvió admitir a trámite el proceso constitucional de amparo y programó para el próximo 2 de octubre la audiencia de la vista de la causa para analizar el caso y posteriormente emitir sentencia.

El defensor ambiental Miguel Meza, también vocero de la zona, reiteró los resultados de la consulta vecinal realizada en 2009 en el Valle de Tambo, donde el 96.7% eligió la actividad agrícola antes que permitir el ingreso de la minería. No obstante, ni este legítimo mecanismo de participación ciudadana es reconocido por el Gobierno ni la empresa minera. Por lo pronto, la población local ha señalado que seguirán en constante movilización para rechazar la imposición de este proyecto minero. 

El Valle de Tambo es uno de los valles más fértiles del sur peruano y provee de productos como ajo, cebolla, papa y arroz a varias regiones y a la ciudad de Lima, por lo cual es considerada la despensa alimentaria del sur y fuente de empleo de miles de familias campesinas, quienes han elegido su modelo económico basado en el agro. 

Foto: movilización registrada el 23 de marzo de este año