Grave retroceso: el Congreso elimina la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroperuanos, un golpe a la participación y a los derechos colectivos

La decisión del Congreso de la República de eliminar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología en el nuevo Congreso Bicameral de 2026 constituye un grave retroceso en la protección de los derechos colectivos y en la participación política de los pueblos indígenas y afroperuanos.

Esta medida vulnera de manera directa los principios, valores y normas reconocidos en la Constitución Política del Perú —en particular los artículos 2 (inciso 19), 17, 48, 89, 149 y 191— que garantizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos, medio ambiente y participación política, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La eliminación de esta instancia orgánica del Poder Legislativo —una comisión ordinaria especializada en el análisis de iniciativas legislativas relacionadas con los pueblos indígenas, afroperuanos y el ambiente— debilita los mecanismos de participación y representación política de los pueblos en las decisiones que afectan directamente sus territorios, identidad, autodeterminación, derecho a la consulta previa, educación y salud intercultural, entre otros derechos fundamentales.

La ausencia de un espacio parlamentario de deliberación y participación específico para estos pueblos contraviene las disposiciones del Convenio 169 de la OIT —norma con rango constitucional en el Perú— y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Además, limita la capacidad de fiscalización en un contexto de creciente flexibilización de los estándares ambientales y de criminalización contra quienes defienden los derechos humanos y ambientales en el país.

Desde la Red Muqui alertamos que esta decisión institucional vulnera la obligación del Estado de garantizar la participación política efectiva de los pueblos indígenas y afroperuanos en las decisiones que afectan sus vidas, territorios y derechos colectivos. Esta situación es especialmente grave si se considera que, en los últimos años, estas comunidades han sido las más afectadas por la expansión de actividades mineras y extractivas en sus territorios, así como por el avance de economías ilegales que ponen en riesgo su integridad y sus formas de vida.

Por ello, exigimos la rectificación inmediata de esta medida y el restablecimiento de la Comisión Ordinaria de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, garantizando así un espacio legítimo para que la voz de los pueblos indígenas y afroperuanos sea escuchada y respetada. La defensa del territorio, del agua y de la vida es una responsabilidad del Estado y una condición indispensable para el presente y el futuro del país.