2025–2026: el extractivismo a toda máquina y la consolidación de un gobierno minero

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

El inicio del 2026 estará marcado por profundos reacomodos geopolíticos a nivel global. La disputa entre Estados Unidos y China por el control de recursos naturales estratégicos —como el petróleo, minerales críticos y tierras raras— se ha vuelto cada vez más explícita. En este contexto, la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, en abierta vulneración de su soberanía y el derecho internacional, confirma que la competencia por el control de recursos energéticos y minerales puede acelerar escenarios de confrontación abierta. Las declaraciones del presidente Donald Trump y de altos funcionarios de la Casa Blanca no dejan lugar a ambigüedades: el interés central está puesto en asegurar el acceso y el control de estos bienes estratégicos. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier otro país de América Latina.

Las implicancias de este escenario no son ajenas al Perú. Por el contrario, dialogan directamente con lo ocurrido durante el 2025, un año en el que el escenario minero nacional se transformó de manera acelerada. La creciente demanda global de minerales críticos, en el marco de una transición energética profundamente desigual y de carácter extractivista, ha reforzado la presión sobre países como el nuestro, convertidos en proveedores de materias primas sin garantías suficientes para la protección de derechos, territorios y ecosistemas.

El 2025 quedará registrado como el año en que el modelo extractivo peruano terminó de consolidarse como política de Estado, en medio de una profunda crisis política, institucional y de representación. La captura del aparato estatal por intereses económicos permitió avanzar una agenda minera cada vez más expansiva y desregulada, presentada como la única vía para sostener la economía nacional, incluso a costa del ambiente, el agro y los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.

Esta orientación se expresó con claridad en hitos clave del año. Espacios como el PERUMIN reafirmaron una narrativa centrada en la inversión y la competitividad, sin abrir un debate real sobre los impactos acumulativos de la minería ni sobre los conflictos persistentes en los territorios. El mensaje presidencial del 28 de julio terminó por confirmar esta línea: un discurso vacío frente a la crisis social y ambiental, funcional a la consolidación de lo que hoy puede denominarse, sin ambigüedades, un “gobierno minero”.

Paralelamente, el 2025 evidenció que la expansión del extractivismo no se limita solamente a la gran minería. La minería artesanal, informal e ilegal se ha consolidado como un actor con creciente peso político, económico y social. La reiterada ampliación del Registro Integral de Formalización Mineras (Reinfo), sin una reforma estructural del sector, refleja la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado para enfrentar el problema de fondo. Lejos de reducir la informalidad, estas prórrogas han fortalecido un sector que opera con escasa fiscalización y con vínculos cada vez más evidentes con economías criminales, violencia y degradación ambiental. En el sur del país, particularmente en Cusco y Apurímac, este escenario se complejiza con el avance de formas de minería artesanal de cobre que se autodenominan “ancestrales” o “populares”, sin un marco claro de regulación ambiental y social.

Casos como Pataz (La Libertad) muestran que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental o laboral, sino una grave amenaza a la seguridad, al control territorial y a la vida. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido fragmentada y reactiva, centrada en medidas de corto plazo, sin una estrategia integral que aborde las causas estructurales del problema.

En este contexto, las comunidades afectadas por la minería continuaron enfrentando procesos de imposición extractiva, criminalización de la protesta y debilitamiento de sus derechos individuales y colectivos. Territorios como Tambogrande (Piura), el Valle de Tambo (Arequipa), Espinar (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) evidencian que la falta de licencia social, el deterioro de fuentes de agua y la afectación a medios de vida agropecuarios siguen siendo detonantes centrales de la conflictividad. A ello se suma el avance acelerado de la crisis climática, que profundiza el estrés hídrico y la vulnerabilidad de las comunidades rurales, mientras la política minera debilita estándares ambientales y los mecanismos de fiscalización estatal.

Frente al cierre progresivo de los canales institucionales, diversas comunidades y organizaciones han optado por internacionalizar sus luchas, recurriendo a mecanismos de debida diligencia y responsabilidad empresarial en países consumidores de minerales. Esta estrategia expresa el agotamiento de las vías nacionales y la búsqueda de justicia más allá de las fronteras.

El balance del 2025 es claro: el Perú avanza hacia una profundización del modelo extractivo, priorizando la minería por encima del ambiente, el agro y los derechos de los pueblos. En ese sentido, el 2026 se presenta como un año decisivo para disputar el sentido del desarrollo, defender la vida y el territorio, y construir alternativas basados en el enfoque de los buenos vivires, frente a un extractivismo cada vez más autoritario y depredador.

Nota final

Esta es mi última editorial para el boletín de la Red Muqui, al culminar mi etapa en la Secretaría Ejecutiva. Ha sido un honor compartir, a lo largo de estos años, análisis y reflexiones sobre minería, ambiente y comunidades, en diálogo permanente con los territorios y las luchas que los defienden. Seguiremos encontrándonos en otros espacios y caminos. ¡Hasta la próxima!