Demandas por salud y ambiente se estancan en Cusco y La Libertad en medio de la crisis del Ejecutivo

Nota elaborada en colaboración con Derechos Humanos Sin Fronteras y AMAS Marianistas, instituciones asociadas a la Red Muqui

La crisis política que atraviesa el gobierno de José Jerí, marcada por escándalos mediáticos como el denominado “Chifagate”, los vínculos con sectores empresariales mineros y la revelación de contratos otorgados a mujeres que se reunieron con el mandatario, no solo profundiza la deslegitimación social del Ejecutivo. También tiene impactos concretos en los territorios afectados por la actividad minera, donde las demandas por salud y justicia ambiental vuelven a ser postergadas ante la concentración del poder y la agenda mediática en Lima. 

En localidades como Espinar en la región Cusco, y Santa Clara de Tulpo en la región La Libertad, la inacción del Estado reaviva conflictos sociales asociados a la gran minería y a la minería ilegal, y vuelve a dejar en evidencia la distancia entre las decisiones políticas y las urgencias en los territorios. 

Espinar: problemática ambiental que el Estado sigue dilatando

En menos de una semana, dos reuniones clave de los subgrupos vitales de la Mesa de Diálogo de Espinar fueron suspendidas, lo que muestra el debilitamiento de un espacio que debería garantizar respuestas efectivas a una crisis ambiental y sanitaria histórica para el pueblo de Espinar.

Por un lado el Subgrupo Salud, Metales Pesados y Contaminación Ambiental, cuya reunión estaba programada para el 3 de febrero de 2026, fue cancelada debido a la inasistencia de autoridades de alto nivel del Ejecutivo, pese a que su presencia había sido solicitada de manera expresa. Frente a esta situación, las organizaciones sociales de Espinar exigen que la próxima sesión sea encabezada por ministros de Estado y se priorice la Declaratoria de Emergencia Ambiental en la provincia de Espinar para la atención urgente, ante la exposición crónica de la población a metales pesados y metaloides. 

De manera similar, el Subgrupo Justicia y Derechos Humanos tampoco logró reunirse el 5 de febrero. Organizaciones de base y representantes del Consejo Regional de Cusco cuestionaron la Resolución Ministerial N.° 197-2025-PCM, que omitió acuerdos previamente establecidos en actas sobre la atención integral de la población en riesgo por exposición a metales y metaloides. 

En este contexto, resulta importante recordar que en Espinar opera la empresa Glencore, sancionada por el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) con una multa superior a los 5.5 millones de soles por exceder los límites permitidos de material particulado PM10, un contaminante directamente asociado a graves impactos en la salud.

Contaminación minera y abandono estatal en el norte

En el norte, la falta de respuestas de las autoridades también ha empujado a la población a movilizarse. Ganaderos y agricultores de Santa Clara de Tulpo, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, viajaron hasta la ciudad de Trujillo el 11 de febrero para exigir la desactivación de una planta procesadora de minerales ubicada en el sector San Francisco, La Victoria, que amenaza la salud y los medios de vida de cientos de familias.

El presidente del Comité de Lucha de Apoyo de Defensa del Agua y el Medio Ambiente de la localidad, Antonio Sánchez Gonzales, alertó ante medios locales sobre la contaminación del río San Francisco, atribuida a la actividad de minería informal e ilegal. Este río es tributario del río Tablachaca, que a su vez desemboca en el río Santa, una cuenca vital para la región Áncash.

“Estamos sujetos a una muerte lenta: la vida humana, animales y también la agricultura están en riesgo. Nos enteramos por denuncias de muerte de truchas, así como de la pérdida de cultivos de papa cuyo riego se realiza con esas aguas. Es la prueba latente de lo que está ocurriendo”, señaló para el medio Macronorte el dirigente, quien también solicitó la conformación de una comisión de alto nivel y una intervención urgente del Gobierno Regional de La Libertad.

En diciembre del 2025, la organización de la Iglesia Amas Marianista, en alianza con la Red Muqui, presentó en Lima los resultados de un estudio científico que revela altas concentraciones de cianuro y otras sustancias tóxicas en ríos de La Libertad que alcanzan a Cajamarca, parte del río Marañón, y al río Santa en Áncash. 

En ese sentido, los casos de Cusco y La libertad revelan una constante: mientras el discurso oficial insiste en presentar a la minería como sinónimo de desarrollo, los territorios cargan con costos sociales y ambientales de un modelo extractivo que se profundiza sin garantizar derechos ni justicia. 

Créditos de las fotos: izquierda (La voz de Santiago de Chuco) y derecha (Terra Justa)