Ley MAPE: ¿una nueva formalización bajo las mismas reglas?

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Muqui

La nueva propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que plantea cambios como el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ha suscitado un debate sobre el futuro de la formalización minera y las medidas necesarias para enfrentar los problemas del sector.

Una primera cuestión a señalar es que una ley, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales que atraviesan la actividad minera y los territorios. Por ello, el debate no debería limitarse a si la propuesta permitirá formalizar a más mineros sino si contribuirá a transformar las reglas que subordinan los derechos ecoterritoriales y colectivos a la expansión de la actividad minera.

Por ejemplo, sobre uno de los problemas centrales, que es el régimen de concesiones, se plantea incentivos para que sus titulares realicen contratos de explotación o cesión con los mineros artesanales. Sin embargo, se mantiene las reglas fundamentales establecidas en la Ley General de Minería.

Diversas organizaciones de pequeños mineros y mineros artesanales cuestionan este sistema porque dependen de la voluntad de los concesionarios para acceder a contratos que les permitan formalizarse. Se trata de una dificultad real, pero nuestra preocupación va más allá de resolver esa dependencia. Un problema de fondo es que el régimen de concesiones permite otorgar derechos mineros sobre espacios donde existen territorios comunales, actividades agrícolas, fuentes de agua y otras formas de medios de vida. Aunque una concesión no autoriza por sí sola a ingresar o explotar terrenos ajenos, su otorgamiento puede generar presiones económicas que terminan condicionando las decisiones de las comunidades.

En ese sentido, modificar la Ley General de Minería y el régimen de concesiones es una cuestión central. No basta con facilitar contratos para desarrollar actividades mineras. Es necesario revisar cómo se otorgan los derechos mineros, qué límites deben establecerse para proteger el agua y los territorios y cómo garantizar una participación efectiva de las comunidades en las decisiones que las afectan.

Otra cuestión impostergable es si estamos formalizando a pequeños mineros y mineros artesanales o permitiendo que otros actores económicos utilicen sus inscripciones para desarrollar operaciones mineras sin asumir plenamente las obligaciones correspondientes. Es decir, se trata de identificar quién controla realmente la actividad minera y quién obtiene sus beneficios.

 Las denuncias sobre inscripciones del Reinfo utilizadas para respaldar actividades en lugares distintos de los declarados plantean una preocupación que requiere investigación. De comprobarse estas prácticas, algunos registros podrían estar funcionando como una suerte de franquicias informales aprovechadas por terceros.

Por eso, no basta con identificar al titular inscrito, menos al obrero en la labor, sino también a quién financia las operaciones, proporciona insumos, maquinaria, controla la extracción, procesa el mineral y obtiene las ganancias. No se debe tratar de la misma manera a pequeños mineros y mineros artesanales que buscan cumplir la ley, a operadores mineros que incumplen sus obligaciones y a redes económicas que se benefician de actividades ilegales.

Por otro lado, las plantas de beneficio ocupan un lugar estratégico en estas relaciones económicas. Allí se procesa el mineral y se articulan productores, intermediarios y comercializadores. El proyecto establece mecanismos de trazabilidad y fortalece la fiscalización de determinadas plantas, lo que constituye un avance. Sin embargo, controlar el origen del mineral exige verificar toda la cadena: extracción, transporte, procesamiento, comercialización y exportación. También requiere identificar a los verdaderos beneficiarios económicos y establecer responsabilidades por los daños ambientales. De lo contrario, pueden mantenerse circuitos que permiten comercializar mineral de procedencia ilegal bajo una apariencia de legalidad.

La propuesta también deja interrogantes sobre la protección efectiva de las fuentes de agua, la salud de las poblaciones, la prevención de los impactos ambientales y la reparación de los daños ocasionados por la minería. Respecto a los territorios comunales, no desarrolla suficientemente los mecanismos para garantizar los derechos colectivos y la participación de las comunidades en las decisiones sobre dicha actividad.

En definitiva, el debate sobre la Ley MAPE no puede reducirse al cierre del Reinfo, la creación de un nuevo sistema de formalización o el aumento del número de mineros formalizados. El régimen minero no solo regula una actividad económica, sino que influye en las posibilidades de desarrollo de otras economías y en el uso del territorio. Por lo tanto, la cuestión de fondo es si la nueva legislación modificará las reglas que favorecen la expansión minera sin considerar suficientemente sus consecuencias territoriales, ambientales y económicas. Esto exige preguntarse quiénes se benefician de dicha expansión, quiénes asumen sus costos y qué posibilidades tienen las poblaciones de decidir sobre el futuro de sus territorios, protegiendo sus ecosistemas y desarrollando economías que no dependan exclusivamente de la actividad extractiva.

Desde esta perspectiva, sin una reforma del régimen de concesiones, un control efectivo de toda la cadena del mineral y garantías reales para los derechos territoriales y de la naturaleza, la nueva ley puede modificar procedimientos sin transformar las relaciones de poder y las condiciones estructurales que generan y reproducen numerosos conflictos mineros.