Desregulación ambiental e impactos mineros: Especialistas analizan normas del sector minero

Especialistas cuestionan la reformas normativas que se vienen emitiendo en el sector minero, relajando la protección del ambiente y la participación ciudadana

El día miércoles 19 de agosto se llevó a cabo el diálogo virtual “Desregulación Ambiental e impactos mineros” organizado por la Red Muqui y transmitido por Wayka, portal periodístico. Contamos con la participación de cuatro especialistas en temas ambientales: las abogadas Ana Leyva y Mirtha Vásquez actual Congresista de la República, el Dr. Mariano Casto y el Ing. Edwin Alejandro. El objetivo del conversatorio fue analizar las últimas modificaciones legales del sector minero y ambiente, sus impactos en los ecosistemas y los derechos colectivos de comunidades y poblaciones, en el actual contexto de crisis económica desatada por la pandemia.

Ana Leyva, especialista legal de Cooperacción, realizó un análisis de las normas emitidas en contexto de pandemia con el objetivo de reactivar la economía. Entre ellas el Decreto Legislativo 1500, que entre las cuestiones más preocupantes de su contenido esta la virtualización de los procesos de participación ciudadana, la cual se viene aplicando ilegalmente a los proyectos del sector minero donde uno de los temas más graves es la fiscalización y participación virtual. De la misma forma, la Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM que establece la “Disposición para elaborar el trabajo de campo en la elaboración de la línea de base ambiental de los instrumentos de gestión ambiental”, esto es clave para poder determinar impactos y establecer medidas adecuadas para prevenir, mitigar y compensar impactos, y con esta norma se están reduciendo las obligaciones del titular minero. También se ha emitido el D.S. N° 019-2020-EM que modifica el Reglamento de protección ambiental para exploración minero. Uno de los temas más preocupantes es la simplificación de requisitos ambientales e instrumentos de gestión ambiental para los titulares mineros con proyectos vinculados, esto generaría graves riesgos ambientales. Y por último el D.S. N° 20-2020-EM que regula un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, simplificando el procedimiento administrativo para concesión de beneficio y transporte minero, así como aplica silencio administrativo positivo a favor de empresas mineras.

El Dr. Mariano Castro, docente PUCP y ex viceministro de gestión ambiental del MINAM, señaló que la minería requiere una muy buena gobernanza y gestión ambiental para que contribuya al desarrollo local. Es necesario que el Estado tenga buenas prácticas, y que las normas solo son uno de los componentes de la gestión ambiental . Lo que se necesita es una presencia más efectiva del Estado en el territorio, además con una gestión y administración multisectorial con mejor asignación de recursos y que se aplique el principio de internalización de costos, con evaluación ambiental estratégica para la toma de decisiones. De otro lado Castro señaló que la Comisión de Desarrollo minero Sostenible al 2030 del Grupo Rimay, ha construido propuestas para el sector minería que son importantes. Sin embargo, solo recoge algunas recomendaciones del Plan de Acción de la Evaluación de Desempeño Ambiental desarrollado en 2017, donde se establecieron metas al corto, mediano y largo plazo, se han perdido esas recomendaciones.

Por su parte la cogresista Mirtha Vásquez, señaló que el objetivo de estas modificaciones normativas se da en un contexto donde a Perú y Latinoamérica tiene un rol de proveedores de materias primas, y  con la crisis económica que se vive a nivel global para reactivar economías los países recurren a la demandas de los productos primarios que necesitan para sus grandes industrias y ello conlleva el recrudecimiento del extractivismo y en base a un efecto de especulación. Esto genera presiones en Estados como Perú donde los grupos de poder buscan sacar normas que flexibilización la normativa ambiental para que puedan avanzar rápidamente en su actividad. En el Perú la actividad minera no se detuvo y fue privilegiada para seguir operando, lo cual ha generado afectaciones a la salud de los trabajadores. La Congresista Vásquez señala que desde su despacho han enviado comunicaciones al Ministerio de Energía y Minas para solicitar información sobre la protección a los trabajadores mineros y la reducción de estándares en salud. Sin embargo, no se ha recibido respuestas, cuando los propios gremios de trabajadores mineros vienen reportando alrededor de 10 mil contagiados.

Por último, Edwin Alejandro, coordinador del área socio-ambiental de la Red Muqui señaló que la situación de afectaciones ambientales en los territorios ya era preocupante, en 2014 la ANA señaló que existían 21 ríos contaminados producto de la actividad minera. Así también el MINEM ha reportado que existen más de 8,448 pasivos ambientales minero de los cuales el 50% se son de alto y muy alto riesgo. Desde el 16 de marzo la actividad minera ha continuado desarrollándose y poniendo en riesgo el ambiente y la salud.  Alejandro señala que, desde Red Muqui se ha revisado los reportes del OEFA y se observa que no hay información precisa sobre la contaminación en los territorios y la identificación de los responsables. Por ello desde las instituciones miembros de Red Muqui que trabajan el tema de vigilancia y monitoreo ambiental participativo se ha sistematizado estos impactos ambientales. Sobre los impactos en el Norte, se reportan: contaminación del río Humarcanga-Santiago de Chuco, por minería ilegal e informal y también por la compañía minera Barrick Gold. Derrame de combustible en Cajamarca-Hualgayoc. En el Centro se reportaron contaminación del Río San Juan que va directamente al lago Chinchaycocha producto de la actividad de Volcan. En el Sur, ha habido derrames de combustible en Coporaque  (Espinar) y en el caso del Río Tambo (Arequipa)que se ha visto estado impactado por actividad minera formal e informal en las zonas altas. La situación es grave porque la fiscalización ambiental es débil y más aún en contexto de pandemia. Desde la Red Muqui se ha propuesto el reconocimiento de los comités de vigilancia ambiental comunitaria por parte del Estado, así como el respeto de los procesos de ordenamiento territorial comunitario para una mejor gestión de los recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas y poblaciones.

Jaime Borda, secretario Ejecutivo de la Red Muqui señaló que las normas emitidas van en contra del ambiente y restringen derechos como la participación ciudadana, lo que va generar conflictos sociales y ponen en riesgos los derechos de la comunidades y poblaciones. Por otro lado en el contexto de la pandemia es grave la situación de la fiscalización ambiental ya que instancias como el OEFA se han visto casi colapsadas para atender las denuncias de contaminación ambiental, por eso urge fortalecerla dándole autonomía y complementarla con la participación de las comunidades, ya que son ellas las que venido reportando y denunciando estas afectaciones. Asi mismo se  informa que hay una iniciativa legislativa en el Congreso para reconocer la participación de las comunidades en la vigilancia y monitoreo ambiental que va pasar al debate en el pleno y hay que estar atentos a esa discusión. Por último, Borda señala que es importante la reactivación económica del país, pero esta no puede ser relajando las medidas de protección ambiental y limitando la participación de la gente, la reactivación económica también debe apoyar a sectores como la agricultura familiar.