Por: El Foco en colaboración con la Red Muqui

Reporteo e investigación: Alessandra Rozas

Fotos y videos: Calle Pérez

Pese a que hace 23 años los ciudadanos del distrito piurano de Tambogrande eligieron la agricultura sobre la minería, el Gobierno de Dina Boluarte acaba de entregar a Minas Buenaventura el proyecto “El Algarrobo”. Parte de las concesiones son las mismas que en su momento fueron de la firma canadiense Manhattan y que en el 2002 detonaron en un conflicto social. El Gobierno ahora quiere que los ciudadanos permitan la extracción de cobre en sus tierras a cambio de que les instalen agua potable, pero el rechazo a toda actividad minera sigue firme en lo que es uno de los valles agrícolas más ricos del país.

Es 26 de abril de 2025. Eusebio Rivas Alama, un agricultor de la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, en Piura, revisa los cultivos de maíz, sandía y frijol que ha realizado en su primera siembra del año.

Rivas es uno de los 19 mil agricultores que viven en el distrito de Tambogrande, una de las localidades agrícolas más ricas del Perú, pero también uno de los distritos con más concesiones mineras: 143 en total.

El agricultor fue uno de los 25 mil ciudadanos de Tambogrande que, en 2002, se opusieron al ingreso de la minera canadiense Manhattan a su territorio para explotar un proyecto minero. Ellos eligieron la agricultura como forma de vida.

Hoy, 23 años después, el Gobierno de Dina Boluarte pretende que los ciudadanos de Tambogrande acepten el nuevo proyecto minero a cambio de que les instalen agua potable.

Rivas teme que el proyecto ubicado en la misma zona de la iniciativa de Manhattan ponga en riesgo su principal sustento económico y el de toda su comunidad.

“Manhattan decía que la agricultura puede convivir con la minería, que no iban a malograr el medio ambiente. Pero solo cuando empezaron a hacer exploraciones, los árboles se secaron, dejaron de producir el algarrobo”, dice Rivas.

Eusebio Rivas (64) junto a su esposa Luz María Ancajima, en su casa en la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, Tambogrande (Piura). “La minería dañaría el medio ambiente y nuestros cultivos. Lo que más nos interesa a nosotros es la agricultura, de eso vivimos”, dice Rivas.

Tambogrande es uno de los diez distritos de la provincia de Piura, ubicada en la región del mismo nombre, al norte del Perú. Con una extensión de 1443 km2, se caracteriza por ser un distrito agropecuario. Según datos de la Municipalidad de Tambogrande, el 66 % de la Población Económicamente Activa (PEA) en el distrito se dedican a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Dentro de este distrito se encuentra el valle más productivo del norte del peruano: San Lorenzo. Ubicado en la parte superior del río Piura, llamado también margen derecho, el valle de San Lorenzo tiene un reservorio como fuente de agua y un sistemas de irrigación a lo largo de su extensión.

“El valle de Tambogrande es una de las zonas de mayor importancia económica en Piura. Es una zona de alta productividad agrícola. Tiene cultivos permanentes de alto valor, como mango y limón”, indica Eduardo Zegarra, doctor en Economía Agraria e investigador de Grade.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el 2024, Tambogrande produjo 164 mil toneladas de mango, lo cual representó el 49 % de la producción nacional. También generó el 30 % de tamarindo y el 25 % de limón del país. Otros productos presentes en la zona son el aguaymanto, maracuyá y arroz.

Por su parte, Iris Ponce, presidenta de la Asociación de Mujeres Agricultoras del Valle de San Lorenzo, expresa lo siguiente: "Vienen acá a decirnos que la minería es desarrollo, es avance para la población, yo diría de que no. Nos paralizaría. (Provocaría) contaminación del agua, de los productos. El valle de San Lorenzo es dedicado a productos de exportación como el mango, la maracuyá y la uva. No estoy de acuerdo con la minería".

La producción de mango en el valle de San Lorenzo es exportada principalmente a Estados Unidos, Países Bajos, España y Corea del Sur. “En el caso del mango, alrededor de un 60% es lo que se exporta, sobre todo de la variedad Kent. El limón, como sabemos, va al mercado interno”, anota Zegarra.

La alta producción de mango en el valle de San Lorenzo ha facilitado la creación de una industria agroexportadora en la zona. Algunas de las empresas que operan son: Interfruits Perú, Dominus, Biofrut y Sunshine Export.

Fuera del valle de San Lorenzo, en el margen izquierdo del río Piura, la realidad es distinta. Allí, en un territorio de bosques secos y sin acceso permanente al agua, los ciudadanos de Tambogrande practican la agricultura familiar.

En esta zona se encuentra la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto, que reúne a más de 15 mil personas que realizan cultivos temporales: solo siembran cuando hay lluvia. Entre sus principales productos se encuentran el frijol, la sandía y el maíz, cultivos que no necesitan de mucha agua.

Es precisamente en el medio de estos dos territorios —el valle de San Lorenzo y la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto— donde el Gobierno de Dina Boluarte busca impulsar un nuevo proyecto minero.

30 de diciembre del 2024: día de la adjudicación del proyecto "El Algarrobo" a Minas Buenaventura. En la foto aparece el entonces director de Proinversión, José Salardi, hasta hace unos días ministro de Economía y Finanzas; Rogger Incio, agente promotor de "El Algarrobo"; y la congresista fujimorista Rosangella Barbarán. (Foto: Proinversión)

El proyecto hídrico-minero “El Algarrobo” fue adjudicado el 30 de diciembre del 2024 bajo el título de “Gestión Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción, Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras Integrantes del Yacimiento TG-3” a la empresa Minas Buenaventura SAA. 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, fue la encargada de las adjudicación. Y la empresa pública Activos Mineros SAC, administradora de las concesiones, fue la responsable de la firma del contrato.

Con una promesa de inversión de USD 2753 millones, “El Algarrobo” tendrá una expansión de 4 mil hectáreas, abarcando parte del valle de San Lorenzo, la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto y el río Piura.

El proyecto está compuesto por cuatro concesiones mineras: Tambogrande N° 4, N° 5, N° 9 y N° 10. Estas concesiones forman en conjunto el yacimiento mineral TG-3, que fue parte del proyecto minero que Manhattan no pudo concretar por la oposición ciudadana.

Mapa elaborado por Red Muqui con las 143 concesiones mineras dentro del distrito de Tambogrande, en Piura. El proyecto minero "El Algarrobo" está al costado de concesiones que Buenaventura ya tenía.

“El Algarrobo” tiene planeado ser una operación minera subterránea que extraerá cobre y zinc, con una producción anual de 1 800 000 toneladas en los primeros cuatro años de explotación.

La adjudicación del proyecto se realizó bajo la modalidad de “Proyectos en activos”, un mecanismo que permite a los privados hacer iniciativas sobre bienes públicos. “El Algarrobo” no es el primer proyecto minero que Proinversión adjudicó bajo esta modalidad.

Entre 2002 y 2024, la entidad ha promovido otros 18 proyectos. Entre los más importantes se encuentran “Las Bambas” (Apurímac), con una inversión de USS 6924 millones, “Toromocho” (Junín) con USD 2330 millones y “La Granja” (Cajamarca). “El Algarrobo” es el segundo proyecto con mayor inversión, detrás de “Las Bambas”, de la estatal china MMG.

Lo que diferencia a este proyecto de los anteriores es que esta vez fue una empresa privada, y no una entidad pública, la que presentó la iniciativa: Minas Buenaventura. Esta compañía es una de las mineras peruanas más importantes y lucrativas. Fundada en 1955, cuenta actualmente con un capital social de S/ 2748 millones. Solo en el 2024, la ganancia de Buenaventura ascendiron a USD 416 millones.

Dos páginas del contrato firmado, en marzo último, entre Activos Mineros, administradora de las concesiones mineras del Estado peruano, y la Compañía de Minas Buenaventura SAA para la realización del proyecto hídrico-minero "El Algarrobo".

Buenaventura tiene 14 proyectos mineros actualmente. Algunos son: Cerro Verde (Arequipa), Uchucchacua (Lima) y Trapiche (Andahuaylas). El presidente de su directorio es Roque Benavides Ganoza, uno de los empresarios más mediáticos del Perú. Benavides también es director del Banco de Crédito del Perú (BCP) y de Sociedad Minera El Brocal.

“Buenaventura es un grupo minero local nativo de empresarios del Perú que tienen operaciones propias, pero también es accionista o ha sido accionista de proyectos como Yanacocha o Cerro Verde. Cuando uno habla de Buenaventura, hay que tomar en cuenta la influencia política que tiene este grupo”, explica José de Echave, doctor en Economía y especialista en conflictos mineros de CooperAcción.

Buenaventura también es la minera con más infracciones ambientales en su sector, según el Portal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con un total de 239 infracciones hasta el momento. Las multas ascienden a 3792 UIT, equivalente a S/ 20.2 millones.

La historia de Buenaventura con el proyecto “El Algarrobo” comienza en 2017, cuando la firma presentó la iniciativa a Proinversión. Siete años después, en septiembre de 2024, el Comité Pro Minería y Energía de Proinversión declaró el proyecto de interés nacional. 

El comité estaba conformado por Ena María Garland, expresidenta de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi, y Silvana Huanqui Valcárcel, ex miembro del Consejo Consultivo de la misma institución.

El contrato de “El Algarrobo” fue firmado el 25 de marzo de este año entre la empresa estatal Activos Mineros, representada por su gerente Marco Antonio Montenegro, y Minas Buenaventura, representada por Aldo Massa Peschiera, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Comercialización.

Al evento de la firma del contrato, realizado en las instalaciones del MEF, asistieron el entonces ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, y la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Proinversión. Ningún funcionario piurano o ciudadano de Tambogrande estuvo presente.

En Proinversión, cada proyecto tiene un ejecutivo encargado de sacarlo adelante. En el caso de “El Algarrobo” es Rogger Incio, exministro de Producción durante el gobierno de Pedro Castillo. El mensaje de Incio a lo largo de la promoción de proyecto fue que ayudará a solucionar el principal problema de la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto: el agua.

EL PROBLEMA DEL AGUA

A pesar de la prosperidad económica y de la alta producción agrícola del valle de San Lorenzo, la situación en la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto es de vulnerabilidad y falta de acceso a servicios básicos.

En sus 12 mil hectáreas de extensión, la comunidad tiene 8 anexos: Ocoto Alto, Angostura, San Martín de Angostura, El Carmen, Locuto, La Greda Nueva, La Greda Antigua y El Papayo. Allí viven alrededor de 15 mil pobladores que se dedican a la agricultura familiar, la apicultura y la elaboración artesanal de algarrobina.

Desde su fundación en 1988, la mayor parte de la comunidad no tiene agua a domicilio. El abastecimiento del recurso básico se da a través de cisternas, pozos tubulares que extraen agua del subsuelo o noques: tanques de almacenamiento que dependen del abastecimiento estatal. Actualmente, existen 6 pozos tubulares y 10 noques para abastecer a toda la población.

“Nuestra comunidad por muchos años viene sufriendo el tema del agua para consumo humano y la agricultura. Lamentablemente las autoridades que han estado le han mentido al pueblo”, dice Winston Juárez, presidente de la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto.

Los noques no funcionan de forma permanente, sino por turnos. Cada uno opera por dos días, lo que obliga a las familias a organizarse para poder abastecerse de agua. Desde las 4 de la mañana, cientos de ciudadanos asisten a los noques con mototaxis o burros. Llenar un galón cuesta S/ 0.10 céntimos y un tanque S/ 5.

Los pobladores de la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto reclaman que la inacción del Estado es la razón por la que, desde la fundación de su comunidad, no se concreta un proyecto hídrico para dotarlos de agua potable.

En la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto viven aproximadamente 15 mil ciudadanos que no cuentan con agua potable. En el subsuelo de la comunidad, se busca explotar el proyecto minero "El Algarrobo".

“Nosotros nos sentimos abandonados por el Estado. Es algo vergonzoso que no hagan nada por el margen izquierdo. Están pasando años y seguimos en la misma situación”, reclama Luis Alberto Cruz Elías, teniente gobernador del caserío de Locuto.

“El gobernador regional nos prometió agua en su campaña, pero hasta ahora no ha cumplido. Lo tomamos como un gobierno que se ha olvidado de la margen izquierda”, dice Juventino Márquez, comunero del anexo Greda Antigua.

El ingeniero Juan José Gomez, exadministrador del Medio y Bajo Piura de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), explica que si el margen izquierdo de Tambogrande tuviera un buen sistema hídrico, podrían tener una agricultura más próspera.

“La margen izquierda es una calamidad porque el Estado cree que son gente de otra categoría, me imagino. ¿Por qué no se le atiende? No hay ningún elemento natural más importante que el agua. Puedes tener millones de hectáreas de terreno, pero sin agua, no puedes sembrar”, indica Gómez.

Los ciudadanos de Tambogrande se abastecen de agua vía camiones cisternas, pozos tubulares y noques. Para abastecerse de agua, deben hacer cola desde las 4 de la mañana. Llenar un galón cuesta S/ 0.10 céntimos y un tanque vale S/ 5.

Según el contrato del proyecto “El Algarrobo”, Minas Buenaventura realizará obras hídricas para mejorar la situación de desabastecimiento de agua de la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto. En los primeros tres años, la minera deberá invertir al menos USD 5 millones en los estudios y la construcción de obras.

Luego, la empresa intentará firmar un acuerdo social con los ciudadanos. Buenaventura necesitará el trato y los permisos necesarios del Ministerio de Energía y Minas para pasar a la exploración minera, que durará cinco años. Cumplida la fase, la empresa tendrá la posibilidad de que el Estado le transfiera la totalidad de la concesión para empezar con la extracción de cobre y otros minerales.

La zona concesionada incluye el subsuelo de al menos tres de los ocho anexos de la comunidad: Locuto, San Martín de Angostura y la Greda. La mayor parte de los ciudadanos teme que, al igual que en el 2002, este proyecto vuelva a poner en peligro la agricultura.

«Es mentira lo que Proinversión dice de que van a desarrollar Tambogrande con la minería. No exista en el Perú una zona que se haya desarrollado solo por la minería. Por el contrario: son las zonas que más pobreza tienen, como Huancavelica, Pasco o Cajamarca”, apunta Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui.

Portadas del 3 de junio del 2002 de los diarios "El Tiempo" y "Correo" reportando la abrumadora victoria del "No" a la minería en Tambogrande. Luego de la decisión ciudadana, el Estado peruano dio por terminado el contrato con la minera Manhattan.

La desconfianza de la comunidad Juan Bautista de Locuto hacia el proyecto “El Algarrobo” no es gratuita. Tiene sus raíces en uno de los conflictos mineros más emblemáticos del Perú: la oposición a la minera Manhattan de inicios de este siglo. 

En 1999, el Estado, a través de la empresa estatal Centromin, firmó un contrato con Manhattan para que realice el proyecto “Tambogrande”, un plan de explotación minera de oro. Las concesiones incluían tres yacimientos: B-5, TG-1, y TG-3, que ahora es parte del proyecto “El Algarrobo”.

El pueblo de Tambogrande se opuso rotundamente al proyecto, y organizaron manifestaciones y paros para impedir su avance. En 2001, cuando la empresa inició la etapa de exploración, los ciudadanos respondieron quemando el campamento de Manhattan.

“Hicimos tres paros, uno de 24 horas, uno de 48 y uno de 72 horas. Manhattan tenía maquinarias en el cerro, estaban perforando y la gente se las quemó. El paro de 72 horas fue rotundo. No pasaba nadie. Todo estaba tomado por los diferentes piquetes de agricultores y pobladores”, recuerda Luis Riofrío, dirigente campesino que participó en la protesta.

Un año después, el 2 de junio de 2002, la Municipalidad de Tambogrande gestionó una consulta ciudadana donde el 98.6 % de la población rechazó la minería. Esta fue la primera vez que una comunidad utilizó un mecanismo de participación ciudadana para frenar un proyecto extractivo.

La victoria del «No» fue catalogado como un hito histórico de resistencia ciudadana pues fue la primera consulta sobre un proyecto minero. Después de Tambogrande, el mismo modelo de consulta se implementó en Esquel, en Argentina; y en Sipacapa, en Guatemala.

Un año después de la consulta, el 10 de diciembre de 2003, la empresa estatal Centromin comunicó formalmente a la minera Manhattan la resolución del contrato celebrado entre ambas. 

A pesar de la clara oposición de los comuneros ante la minería, esta actividad ha logrado penetrar el territorio de Tambogrande, al punto en el que el 44.8 % del distrito tiene concesiones mineras. Eso corresponde, según Red Muqui, a 65 408 hectáreas.

Liderando la lista de empresas con más concesiones en el territorio se encuentra Minas Buenaventura. La compañía de la familia Benavides  cuenta con 26 concesiones, que abarcan en suma 22 600 hectáreas de territorio. Todas están adyacentes y se encuentran al sur del proyecto “El Algarrobo”.

Dos afiches de la campaña ciudadana por el "No" a la actividad minera en Tambogrande. El "No" se impuso con 98.6 %. La consulta ciudadana en Tambogrande fue la primera que se dio en América Latina.

El potencial minero de Tambogrande no es una prioridad para sus ciudadanos. Al contrario, la mayoría de ellos rechaza el proyecto “El Algarrobo” y señalan que ya eligieron hace dos décadas a la agricultura sobre la minería.

“Es muy lamentable que el Gobierno haya firmado un contrato con una empresa sin consultarle al pueblo y sin estar en la zona. Eso significa que no respetan nuestros derechos. Nosotros tuvimos una consulta y todos los años hemos reiterado que no queremos ningún proyecto minero”, reclama el dirigente Winston Juárez.

Muchos de los ciudadanos de la comunidad consideran que la empresa se aprovecha de la necesidad de una obra hídrica para obligarlos a aceptar un proyecto minero.

“La empresa se quiere aprovechar de una necesidad tan vital para nosotros como seres humanos diciendo ‘yo te doy el agua y tú me das los minerales’. Es un condicionamiento abusivo y malvado. Ellos quieren lucrar con nuestra necesidad. Eso no lo vamos a permitir. Aquí quiénes tienen la obligación de darnos nuestros recursos básicos es el Estado, no la empresa privada”, indica Juárez.

“La estrategia ahora del Gobierno es utilizar las necesidades de agua, porque este recurso es un elemento fundamental al que la población siempre ha tenido problemas de acceso y disponibilidad. Utilizan esta necesidad para decirle: ‘primero te vamos a dar agua, pero me das permiso para explotar ese yacimiento’”, sostiene Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui.

José de Echave, especialista en conflictos mineros de CooperAcción: "Sería un tremendo error nuevamente insistir en un proyecto minero porque generaría una nueva situación de conflictividad social en el país”. Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui: "La estrategia ahora del Gobierno es utilizar las necesidades de agua, porque este recurso es un elemento fundamental al que la población siempre ha tenido problemas de acceso".

“La empresa lo que está haciendo es envolver su estrategia de crecimiento y desarrollo de la minería, bajo el tema de decir ‘vamos a entregar agua a esta zona que no tiene acceso a este recurso’. Los impactos del proyecto van a ser totalmente evidentes cuando se desarrollen los estudios. Una mina subterránea en esa zona sin duda va a generar un impacto muy significativo”, indica José de Echave, de CooperAcción.

Las preocupaciones por el proyecto “El Algarrobo” también alcanzan a los ciudadanos del valle de San Lorenzo, quienes temen que la minería dañe la producción y exportación agrícola de la zona.

“La minería afectaría a la agricultura, contaminando el agua y el ambiente. El valle de San Lorenzo está dedicado a productos de exportación como el mango, el maracuyá y la uva. Y los mercados internacionales son muy exigentes en cuanto a la calidad de la fruta. Al tener ese proyecto minero, van a encontrar que las frutas están contaminadas y nos van a cerrar el mercado. Por eso no estoy de acuerdo con la minería”, dice Iris Ponce, presidenta de la Asociación de Mujeres Agricultoras del Valle de San Lorenzo.

Una parte del valle de San Lorenzo también está incluida dentro de las concesiones del contrato de “El Algarrobo”. Dentro de esta zona operan las empresas Montículo SAC y Fundo El Trujillano, con cultivos de plátano, coco, mango, aguaymanto, tamarindo y maracuyá. 

También se encuentra el caserío Santa Rosa de Curvan. Al ser consultados por “El Algarrobo”, los residentes indicaron que no sabían de él. Funcionarios de Proinversión han visitado el distrito de Tambogrande, pero, cuando se les consulta a los ciudadanos por “El Algarrobo”, señalan que no se les ha explicado todos los componentes del proyecto.

Estatua "El Campesino" levantada en el óvalo principal de Tambogrande en homenaje a los ciudadanos que rechazaron en 2002 la presencia de la minera canadiense Manhattan.

El alcalde de Tambogrande, Segundo Meléndez, y el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, han rechazado públicamente el proyecto “El Algarrobo”, aludiendo que la población tomó una decisión en 2002.

“Hay que respetar la voluntad que ya se expresó a través de las urnas el año 2002 donde se dijo no a la actividad minera. Ya escogieron el modelo de desarrollo agrícola”, indicó el gobernador Luis Neyra.

El alcalde Segundo Meléndez señala: “Por ley, una autoridad electa no puede hacer manifestaciones, pero como ciudadano puedo dar mi opinión. Hubo una consulta que tiene que respetarse. Esa es mi posición”.

Luis Riofrío, dirigente de la lucha contra la Minera Manhattan: "La minera tenía maquinarias en el cerro, estaban perforando. Eso enojó a la gente". Derecha: Carta de Winston Juárez, presidente de la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto, enviada el año pasado a Proinversión indicando que no participará de ninguna reunión relacionada a proyectos mineros.

Fidel Torres, doctor en bioquímica e investigador de Agrored, explica que el proyecto “El Algarrobo” ocasionará la presencia de partículas de metales pesados en el ambiente, las cuales podrían afectar gravemente a la agroexportación de mango.

“Debido a que hay muchos cultivos vinculados a la agricultura orgánica, la calidad del ambiente resulta ser crucial. No podrían exportar el mango si tiene un entorno de aire con elementos minerales o metales pesados”, dice Torres.

En 2002, el ingeniero economista Juan Aste realizó una investigación para cuantificar el valor económico del valle de San Lorenzo. Aste concluyó que los agricultores consiguen USD 33 millones de ingresos netos al año, los cuales serían “cuatro veces superior al monto total conformado por el ingreso que recibiría el Estado por impuestos y el correspondiente al total de las remuneraciones que percibirán los trabajadores de la empresa minera”.

Desde la adjudicación de «El Algarrobo», el funcionario responsable de Proinversión, Rogger Incio, ha repetido en diferentes medios de comunicación que la minería y la agricultura pueden coexistir, y que la empresa Buenaventura realizará un trabajo responsable con el medio ambiente. En el contrato de “El Algarrobo” no se adjunta ningún estudio hídrico que sustente lo que dice Incio.

La afectación que podría llegar a tener la extracción minera en el río Piura es otra de las preocupaciones de la ciudadanía de Tambogrande. “Bajo condiciones de sobreoferta pluvial, causado por precipitaciones o el fenómeno del Niño, lo que suceda en Tambogrande va a afectar a la cuenca del mar, a la ciudad de Piura y todo el bajo Piura. Con una operación que genere niveles de contaminación, ya no es solamente una inundación, sino una inundación tóxica”, indica el investigador Fidel Torres.

Al ser consultados sobre los estudios hídricos para Tambogrande, la empresa Minas Buenaventura señaló que realizarán ese trabajo en los tres primeros años del proyecto. Dicen que solo instalarán las obras de agua luego de haber firmado el contrato social con la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto.

La minera también indicó que irán “implementando pequeños proyectos hídricos y agropecuarios en la comunidad desde el primer año” y que “todas las obras estarán alineadas con la Autoridad Nacional del Agua”.

Sobre el plan de exploración, explotación y transporte de los minerales que serían extraídos de «El Algarrobo», Buenaventura indicó que “aún no se ha definido una ruta específica para el procesamiento o exportación; eso dependerá del avance técnico y regulatorio”.

Sobre la oposición histórica de los ciudadanos de Tambogrande a la minería, Proinversión respondió que “la población del 2002 no es la misma que la del 2025, a la población actual, a las generaciones que ahora buscan fuentes de trabajo, no les consultaron. Además, que cualquier consulta de esta naturaleza no es vinculante para el destino de una región que posee recursos y requieren ser puestos en valor”.

Proinversión señaló también que “El Algarrobo” solo funcionará en el margen izquierdo de Tambogrande. “La margen derecha del río Piura no está incursa en este proyecto, ya que el yacimiento TG3 se encuentra localizado dentro de las concesiones que se ubican en la margen izquierda”. 

El mapa de promoción del proyecto que la ProInversión tiene colgado en su página web dice lo contrario: sí incluye el margen derecho de Tambogrande.

Fidel Torres, bioquímico e investigador de Agrored: "No se podrá exportar el mango si tiene un entorno de aire particular de elementos minerales o metales pesados en el ambiente". Derecha: portada del informe, de Oxfam y Conacami, sobre el valor económica del valle de San Lorenzo. La agricultura termina siendo más rentable que la minería.

Teniendo en cuenta lo ocurrido en Tambogrande en 2002, hay muchas posibilidades de que «El Algarrobo» pueda encender un nuevo conflicto social. 

Proinversión dice que el rechazo del alcalde de Tambogrande y del gobernador de Piura hacia “El Algarrobo” no representa la voluntad de todo el distrito.

La Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto realizó un paro el pasado 28 de febrero como forma de protesta por «El Algarrobo». En el puente de Tambogrande los ciudadanos fueron reprimidos por la Policía.

El 16 de julio del año pasado, Winston Juárez, presidente de la comunidad, envió una carta a Proinversión indicando que no participará de ninguna reunión relacionada a proyectos mineros porque ellos ya tomaron una decisión en 2002. En Proinversión ignoraron la carta e igual entregaron «El Algarrobo» a Minas Buenaventura. 

“Desde que ingresé a la comunidad, los señores de Proinversión han estado detrás de mí queriendo reunirse, pero yo les envié una carta rechazando toda reunión minera, indicando que no habría prioridad dentro de nuestra comunidad de hacer un diálogo porque nosotros ya hemos zanjado el tema”, dice Juárez.

El último 29 y 30 abril, una comitiva del Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo del Distrito de Tambogrande, liderada por el agricultor Gianfranco Mendoza, llegó a Lima para entregar a diferentes congresistas un documento rechazando el proyecto “El Algarrobo”.

«Nosotros, como sociedad civil organizada, rechazamos todo lo que tenga que ver con minería. En el distrito hemos elegido nuestro modelo de vida, de desarrollo, que está basado en la agricultura y la ganadería», señala Mendoza.

La congresista Margot Palacios ha presentado un proyecto de ley para declarar al distrito de Tambogrande como «zona agrícola industrial» e «intangible» de cualquier actividad minera en su territorio.

“Nosotros —dice el dirigente Winston Juárez— vamos a defender la agricultura hasta con nuestra vida. No le tenemos miedo a la muerte. Si tenemos que irnos, a mucha honra, nos vamos defendiendo nuestra tierra”.

Si deseas acceder a este reportaje en video, ingresa al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=k7AzPzdT1LU

En este enlace el reportaje escrito difundido en la página web de El Foco: https://elfoco.pe/2025/05/especiales/agua-por-cobre-la-maniobra-del-gobierno-para-imponer-un-proyecto-minero-en-tambogrande-2/