ALERTA: “REGLAJE” ESTATAL CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES

La reciente información difundida por “Deface Perú” y diversos medios de comunicación ha puesto en evidencia que, desde el año 2016 hasta la actualidad, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de la Policía Nacional del Perú ha desarrollado acciones de seguimiento (reglaje) contra diferentes representantes de organizaciones sociales y defensores ambientales en zonas donde existen conflictos socioambientales por oposición a proyectos mineros. Uno de los casos más notorios es el del Valle de Tambo, donde defensores ambientales como Miguel Meza Igme han sido objeto de este tipo de prácticas.

Estos actos de la DINI no son hechos aislados, sino que responden a una práctica sistemática, planificada y organizada desde la propia estructura estatal, evidenciada en este informe por más de una década, según la información revelada. Por lo cual, resulta lamentable y condenable que los gobiernos de turno, incluido el actual, mantengan estas prácticas que atentan contra la libertad y seguridad personal, el derecho a la intimidad, y la  autodeterminación informativa.

Es evidente que la información recolectada se obtuvo sin consentimiento de los afectados y, probablemente, al margen de un proceso judicial. Esto constituye un hecho grave, pues implica la vulneración directa del derecho a la protección de datos personales, la  libertad y seguridad personal. Los argumentos utilizados por la DINI para justificar estas acciones —referidos a la resistencia al proyecto minero Tía María, la organización y opinión de los dirigentes, sus reuniones, datos personales y familiares, domicilios, entre otros— configuran una injerencia ilegítima en el derecho al libre desarrollo, a la intimidad y a la protección de datos personales, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La información obtenida de manera ilegal ha generado además dos graves consecuencias:

1. Criminalización de defensores ambientales: Parte de esa información habría sido utilizada para abrir investigaciones en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa contra defensores como Miguel Meza Igme, imputándoles presuntos delitos contra los medios de transporte. Aunque dichas investigaciones fueron finalmente archivadas, reflejan cómo se usa información privada para impulsar procesos de criminalización contra quienes defienden el medio ambiente.
2. Exposición de datos personales: La falta de seguridad y negligencia de la DINI al haber sido hackeada expuso información sensible de los defensores ambientales. Este hecho es directamente atribuible a la institución, que además de recolectar de forma indebida los datos, no tomó medidas para protegerlos. En consecuencia, los funcionarios de todos los niveles involucrados deben asumir responsabilidad.

Frente a la difusión de estas acciones de seguimiento, el dirigente social y defensor ambiental de Valle de Tambo, Miguel Meza señaló que “estas acciones por parte de la DINI demuestra que los dirigentes y defensores de Valle de Tambo vivimos en una situación de amenaza permanente, y eso se debe rechazar [...] Manifestarnos no es un delito; realizar asambleas tampoco; sin embargo, la defensa de la agricultura y del medio ambiente que realizamos está siendo criminalizada por la policía.”

Estos hechos no deben ser asumidos como un simple episodio de hackeo, sino como una grave intervención ilegal de la PNP y del Gobierno en las libertades de los peruanos y peruanas que, durante años, han cuestionado proyectos mineros que ponen en riesgo sus vidas, el medio ambiente, el agua, la agricultura y sus derechos fundamentales.

El Ministerio Público, como garante de legalidad, debe iniciar las indagaciones correspondientes para esclarecer los hechos y, de ser el caso, abrir investigaciones penales. No debemos normalizar este tipo de actos que ponen en riesgo la libertad, la intimidad y la seguridad, no solo de los defensores ambientales, sino de todos los peruanos y peruanas.