Las comunidades campesinas de la región Piura en defensa de nuestra autonomía e independencia a que refiere nuestra Constitución Política en su artículo N° 89, informados de la existencia del Proyecto de ley N° 1910/2017-CR, iniciativa legislativa del congresista Luis Humberto López Vilela del grupo parlamentario Fuerza Popular, representante de la región Piura, expresamos lo siguiente:

1. Que el artículo N° 89 de la Constitución Política del estado prescribe que la propiedad de nuestras tierras es imprescriptible. Además, que el estado respeta la identidad cultural de nuestras comunidades.

2. Que el Proyecto de Ley no N° 1910/2017-CR es totalmente inconstitucional y resulta atentatorio a nuestros derechos individuales y colectivos reconocidos por nuestra carta magna puesto que busca otorgar títulos de propiedad individual a los comuneros fragmentando nuestra organización comunal, puesto que, el territorio es la base fundamental para la existencia de las comunidades campesinas quienes representamos más de la mitad del territorio regional.

3. Que el Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR promueve el mercado y la reconcentración de tierras con lo cual los comuneros al no tener apoyo del Estado para producir nuestras tierras volveremos a ser esclavos de los pocos grupos de poder económico.

4. Exigimos una Ley legítima que promueva la titularidad global de toda la comunidad más no de forma individual y ser reconocida como sujeto de crédito, solo con ello nos sentiremos fortalecidos y con nuestros derechos colectivos garantizados por el estado y por quienes tienen el deber de representación en el parlamento.

5. En defensa de nuestros derechos, exigimos al señor congresista López Vilela efectuar el retiro definitivo de su iniciativa legislativa por no responder a las reales necesidades de nuestras organizaciones campesinas y por resultar este Proyecto de Ley ilegítimo, injusto e inconstitucional.

6. Invitamos a los demás parlamentarios de la región su pronunciamiento público y posición respecto a la defensa de nuestras comunidades campesinas.

Finalmente nos declaramos en alerta permanente por la defensa de nuestro territorio y los derechos fundamentales que la Constitución y las normas del Derecho internacional nos reconocen. En consecuencia, de ser aprobado el Proyecto de Ley en mención, en ejercicio de nuestra autonomía adoptaremos las medidas de lucha pacíficamente necesarias.

Piura, octubre 2017

Las comunidades campesinas de la región Piura en defensa de nuestra autonomía e independencia a que refiere nuestra Constitución Política en su artículo N° 89, informados de la existencia del Proyecto de ley N° 1910/2017-CR, iniciativa legislativa del congresista Luis Humberto López Vilela del grupo parlamentario Fuerza Popular, representante de la región Piura, expresamos lo siguiente:

1. Que el artículo N° 89 de la Constitución Política del estado prescribe que la propiedad de nuestras tierras es imprescriptible. Además, que el estado respeta la identidad cultural de nuestras comunidades.

2. Que el Proyecto de Ley no N° 1910/2017-CR es totalmente inconstitucional y resulta atentatorio a nuestros derechos individuales y colectivos reconocidos por nuestra carta magna puesto que busca otorgar títulos de propiedad individual a los comuneros fragmentando nuestra organización comunal, puesto que, el territorio es la base fundamental para la existencia de las comunidades campesinas quienes representamos más de la mitad del territorio regional.

3. Que el Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR promueve el mercado y la reconcentración de tierras con lo cual los comuneros al no tener apoyo del Estado para producir nuestras tierras volveremos a ser esclavos de los pocos grupos de poder económico.

4. Exigimos una Ley legítima que promueva la titularidad global de toda la comunidad más no de forma individual y ser reconocida como sujeto de crédito, solo con ello nos sentiremos fortalecidos y con nuestros derechos colectivos garantizados por el estado y por quienes tienen el deber de representación en el parlamento.

5. En defensa de nuestros derechos, exigimos al señor congresista López Vilela efectuar el retiro definitivo de su iniciativa legislativa por no responder a las reales necesidades de nuestras organizaciones campesinas y por resultar este Proyecto de Ley ilegítimo, injusto e inconstitucional.

6. Invitamos a los demás parlamentarios de la región su pronunciamiento público y posición respecto a la defensa de nuestras comunidades campesinas.

Finalmente nos declaramos en alerta permanente por la defensa de nuestro territorio y los derechos fundamentales que la Constitución y las normas del Derecho internacional nos reconocen. En consecuencia, de ser aprobado el Proyecto de Ley en mención, en ejercicio de nuestra autonomía adoptaremos las medidas de lucha pacíficamente necesarias.

 

Mira el pronunciamiento firmado: https://es.scribd.com/document/361843157/Pronunciamiento-Comunidades-Campesinas-de-Piura#

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el fútbol en nuestro país, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicación, el gobierno del señor Kuczynsky, apoyado por grupos de poder económico esté dictando una serie de normas e impulsando proyectos de ley en el Congreso que los favorecen. La Ministra Aljovín y la Premier Araoz ya habían anunciado, ante el auditorio de empresarios mineros en PERUMIN, un paquete de medidas que, comprobamos, sólo buscan la ampliación de la frontera minera para facilitar la exploración en la mayor parte del país, en desmedro de la regulación ambiental de las actividades extractivas, y la eliminación de las pocas garantías que quedan de la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país.
  1. Sin que exista criterio técnico alguno, el gobierno ha emitido la Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM del martes 03 de octubre, que estandariza la aplicación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros de gran y mediana minería, y Declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades de pequeña minería y minería artesanal (que corresponden a los Gobiernos Regionales), estableciendo que se aplican sólo poniendo énfasis en un criterio de distancia (a partir de 50 metros de fuentes de agua o 100 metros de ecosistemas que las captan o generan)

Es decir, se prescinde de un estudio profundo del impacto y consecuencias de la actividad minera para tomar decisión que puede afectar vida, salud y actividad económica de poblaciones y comunidades.

El objetivo de fondo de ésta medida, en realidad es la ampliación de las zonas de actividad minera, “ordenando” el territorio unilateralmente, sin base constitucional, sin consulta previa ni participación ciudadana, poniendo en riesgo los ecosistemas y fuentes hídricas, que podrían verse afectados por los impactos ambientales, contaminando o eliminando los flujos de agua, y con ello el acceso al recurso hídrico y la calidad del agua.

  1. Paralelamente a ello, el día 04 de octubre, el Congreso de la República aprobó por mayoría en la Comisión de Descentralización, el dictamen que aprueba el proyecto de ley 1718, “ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizada”. Este proyecto de ley no es otra cosa que un reforzamiento del decreto legislativo 1333, aún vigente, que fuera derogado por el Congreso en primera instancia, pero luego observada dicha derogatoria por el Poder Ejecutivo y su derogatoria aún está pendiente de revisar en el Congreso.

Dicha norma, pasa por encima de la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades y población en general, y de la seguridad jurídica que éstas figuras legales les brindan, y prioriza la concesión minera y otras figuras “legales” que facilitan el acceso a la tierra de parte de las empresas titulares de los proyectos de inversión pública priorizados y de gran envergadura. Incluso el APIP, organismo creado con el nuevo marco, puede convocar a una Asamblea Comunal para una reubicación, lo que hace ver que hay una “legalización de lo que es ilegal”, e inconstitucional, pues una comunidad es autónoma en sus decisiones según la Constitución.

  1. Ambas normas, y otras que están pendientes, como el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, todas ellas emitidas de espaldas a una discusión pública y participativa, consideramos que van a generar mayor conflictividad socio ambiental en el país. Y el gobierno lo sabe. Por ello, además ha afianzado en el último tiempo la normativa que criminaliza la protesta social, y ha establecido condiciones que aumentan las penas, aplicando la asociación ilícita para delinquir y otras figuras que buscan atemorizar a las defensoras y defensores en su rol garante de derechos, buscando deslegitimar su rol, para evitar cualquier traba a la actividad minería.
  1. Esta normativa además, pasa por encima del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, proceso que se encuentra totalmente desnaturalizado en minería, y de los elementales e insuficientes mecanismos de participación ciudadana existentes, evitando su aplicación en muchos casos. Ni siquiera el acuerdo previo, que es un mecanismo de negociación en la práctica, queda vigente cuando las modificaciones normativas generan mecanismos de imposición, que incluso pasan por encima de un mínimo acuerdo previo con el poseedor o propietario de las tierras superficiales, cuando hay otras figuras legales que lo evitan.

Por todo ello, demandamos al gobierno del señor Kuczynski y a las empresas mineras que evalúen las consecuencias de las decisiones que vienen tomando, pues al contrario de favorecer a sus intereses, van a generar mayor conflictividad social, y afectar aún más las inversiones, dejando a los gobiernos regionales y locales, y  en especial a las poblaciones y comunidades como sujetos pasivos, que deben asumir la imposición de éstas decisiones, formas de desarrollo, y modos de vida de un gobierno tecnócrata que es sumiso al poder económico que lo presiona, y al cual se debe.

Como país debemos unirnos, en la defensa de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, por un ordenamiento territorial participativo, respetando los derechos de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas, protegiendo nuestra biodiversidad y ecosistemas frágiles que captan y generan recursos hídricos para la vida y las actividades económicas de las cuales vivimos y nos alimentamos, en un país que ya sufre la consecuencias del cambio climático, para el que debemos prepararnos, y no seguir tomando decisiones sólo en base a criterios económicos.

Lima, 06 de octubre de 2017

RED MUQUI

 

Pronunciamiento de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial

Pese a que los fenómenos naturales nos confrontan con la inadecuada forma de usar y ocupar nuestro territorio, seguimos repitiendo los mismos errores. Un ejemplo claro de ello es el Plan de reconstrucción con cambios para las zonas afectadas por el fenómeno del Niños costero.

Dicho Plan propone principalmente reponer o rehabilitar la infraestructura perdida o afectada sin incluir cambios para el desarrollo, cuyo enfoque de prevención de riesgo es débil. En consecuencia, la planificación territorial no figura como prioridad.

Frente a ello, consideramos necesario, darle mayor primacía a la planificación territorial ya que se requiere corregir patrones de asentamiento y de uso de suelos que nos exponen a grandes pérdidas de vidas, infraestructura y producción. Consideramos también que la reconstrucción debe ser un proceso social que involucre a la población en el conocimiento y manejo de su territorio y en la solución de sus problemas.

La reconstrucción es una tarea cuyos desafíos dependen de las características de cada territorio, y por lo tanto, la participación de los actores existentes en él es necesaria para la toma de decisiones y para implementar el proceso de reconstrucción.

Asimismo, considerando que el proceso de la reconstrucción al manejar grandes montos de recursos públicos necesita la vigilancia ciudadana. No basta la valiosa intervención de la Contraloría para garantizar que las cosas se hagan bien y no haya usos indebidos.

Ver la reconstrucción solo con un listado de obras públicas que las empresas privadas deber realizar para ayudar a generar empleo y reactivar la economía nacional es una mirada corta ante una problemática mayor.

En consecuencia, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial plantea a las autoridades nacionales:

-Impulsar con prioridad la planificación territorial para el desarrollo con enfoque de riesgos, implementando la política de Estado N° 34, otorgándole los recursos necesarios.

-Convocar a los gobiernos regionales y locales para otorgarles las atribuciones necesarias, conforme a sus competencias asignadas en la ley, y así, participen de manera protagónica en el proceso de reconstrucción, asumiendo, en otras cosas, su rol planificador del territorio.

-Que el proceso de reconstrucción involucre y se apoye en la población para orientar mejor las acciones a implementar, fortalecer su ejecución y la vigilancia en el uso de los recursos públicos destinados a ella.

Lima, 22 de setiembre del 2017

 

 

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Saludamos a las comunidades y rondas campesinas, organizaciones sociales, autoridades y pobladores/as en general de los distritos de El Carmen de la Frontera en Huancabamba, y los distritos de Ayabaca y Pacaipampa en Ayabaca en la región Piura,  en ocasión de conmemorarse el 10° aniversario de las Consultas Vecinales realizadas el 16 de setiembre del año 2007 donde el 97% de los votantes manifestaron su decisión de hacer respetar sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina, y su modelo de desarrollo basado en la agricultura, ganadería y el turismo, frente al riesgo que generaría la de la actividad minera en sus tierras.

2.Las Consultas Vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional, que fue en aquella oportunidad refrendado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, Transparencia de la región Piura, y el Ministerio de Justicia y los observadores internacionales que participaron, y cuya institucionalización aportaría como mecanismo que podría aplicarse para prevenir y evitar conflictos sociales.

3.La decisión de los pueblos de Piura, a la que se suman los pueblos de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca, que están directamente afectados por los impactos del proyecto minero Río Blanco, se sostiene también en su derecho como pueblos indígenas y originarios, amparados en el Convenio 169 de la OIT, por lo que les asiste el derecho a la consulta previa. Este nunca ha sido aplicado a las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, cuyas Asambleas Comunales, en reiteradas ocasiones se han reafirmado en la defensa de su modelo de desarrollo y de la protección de sus páramos y bosques de neblina, rechazando toda actividad humana que los ponga en riesgo.

4.Lamentamos que personas sin ninguna representatividad, acompañadas por funcionarios de la empresa, estén presentando firmas a diversas entidades públicas, muchas de ellas, de dudosa procedencia o tomadas de personas que recibían regalos, sin saber para qué fin serían utilizadas, con el fin de demandar un “diálogo” con la empresa minera, que no es otra cosa que buscar una negociación.

5.Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre éste caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor sólo puede ser el Estado que es el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad, al medio ambiente adecuado y equilibrado, a la salud y vida, y al desarrollo. La empresa minera Rio Blanco Copper S.A. no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado, ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos territorios resulta ilegal.

6.Esperamos que el Estado no cometa los mismos errores que en el pasado, y respete la decisión de las comunidades campesinas propietarias y de la mayoría de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, que ya hace 10 años, reafirmaron su compromiso de priorizar la defensa de los páramos y bosques de neblina, ecosistemas que permiten que la mayor parte de la región Piura cuente con recursos hídricos que necesita para su consumo y actividades económicas.

 

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333 a través del proyecto 1718-2017-PE que afectarían los derechos a la tierra

El 28 de julio el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto de ley 1718-2017-PE el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenazaba las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollaran proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, tenía el encargo de revisar la constitucionalidad de dicha norma, haciendo suyos los argumentos que presentaran las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto, finalmente por mayoría absoluta se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa fue enviada al Ejecutivo para su publicación, sin embargo el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento.

El proyecto de ley, toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333, las desarrolla de manera más ordenada, perfecciona los procedimientos, pero en el fondo mantiene el mismo espíritu normativo: generar inseguridad jurídica en las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas, agricultores familiares y pequeños propietarios.

El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada, esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con funciones entrarían en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP y en algunos casos va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica en los propietarios de tierras. La justificación que el Estado da sobre esta norma, es la demora en la entrega de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de lado el saneamiento de tierras comunales.

El proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles que se encuentren en propiedad y/o posesión de pueblos indígenas; sin embargo, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas; además existen casi tres mil comunidades campesinas y nativas que no cuentan con título y el 50 % de comunidades nativas y campesinas no están georreferenciados, no existiendo un catastro que de información sobre los límites exactos.

La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos; el Estado no puede favorecer constantemente a un grupo de inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los agricultores familiares. Al hacerlo está actuando de manera discriminatoria en contravención a la Constitución Política.

Por ello, exhortamos al gobierno entablar procesos de diálogo con organizaciones representativas; además de cumplir con el proceso de consulta previa ya que esta norma afecta derechos de comunidades; así mismo solicitamos al gobierno invertir recursos para saldar la deuda histórica en materia de titulación de comunidades, de modo que no se generen nuevos procesos de conflictividad social, y el país se encamine hacia un ordenamiento del territorio nacional.

Lima 16 de agosto del 2017

En los próximos días, debe conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la acción de amparo interpuesto por la empresa PERUBAR S.A. contra el cobro del Aporte por Regulación (APR) minero que le compete al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esta sentencia es de enorme importancia, pues de aceptarse los argumentos de la empresa –que ya fueron desestimados en todas las instancias judiciales- se pondría en grave riesgo el funcionamiento mismo del OEFA, entidad responsable de fiscalizar y sancionar los eventuales daños al medio ambiente generados por las empresas.

Frente a la trascendencia de esta sentencia, invocamos al máximo órgano de control constitucional a tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

– El Aporte por Regulación fue creado por la Ley N° 27332 en el año 2000. Es una contribución menor del 1% de la facturación anual, descontado el IGV y el impuesto de promoción municipal, de las empresas para financiar a los organismos reguladores en los gastos que acarrea las funciones de regulación, supervisión y fiscalización. Cuando OSINERG se convierte en OSINERGMIN, se amplía por ley su ámbito de intervención a los sectores minero (gran y mediana minería) y de hidrocarburos, así la contribución se extiende a estos sectores. Durante varios años esta contribución ha sido realizada por las empresas aportantes, sin ser cuestionada.

– ¿Qué es lo que el demandante está cuestionando entonces? Cuando se trasfiere la funciones de supervisión y fiscalización ambiental de OSINERGMIN al OEFA, en materia de minería e hidrocarburos, la ley le da a esta entidad la potestad de cobrar una proporción del APR, porcentaje que debía ser establecido por la PCM vía decreto supremo. PERUBAR SA cuestiona el Decreto Supremo N° 130-2013- PCM emitido en 2013 que cumple este mandato; y destina al OEFA, para los años 2014 y 2015, el 0,15% de la facturación mensual de las empresas mineras, descontado el IGV y el impuesto de promoción municipal, y el 0,13%, en 2016. En la actualidad, este porcentaje se ha reducido por la PCM a 0,11%. La norma dispone también que el OEFA reglamente la mejor aplicación y cobranza de la proporción que se le asigna.

Perubar SA, que tiene como accionista mayoritario a Glencore Minera AG, cuestiona los porcentajes de la distribución que van al OEFA y que este se encargue de su cobranza. Lo considera ilegal y solicita su devolución. ¿Por qué el APR se convierte en un problema para ciertas empresas cuando una parte pequeña del monto se destina al OEFA? Todo indica que el objetivo de fondo de la demanda es debilitar a este organismo, encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras y de imponer sanciones a quienes dañan el ambiente.

Las posibles consecuencias de esta demanda es que el OEFA devuelva a PERUBAR SA lo recibido durante los años 2014, 2015 y 2016, lo que daría lugar a que otras empresas también lo soliciten creando un serio problema, pues lo aportado por todas las empresas en los tres años es de más de 200 millones de soles.

La supervisión y fiscalización ambiental a las empresas mineras acarrea gastos al Estado. Supone desplazamientos, inspecciones, monitoreos y un funcionamiento desconcentrado, con un mínimo de personal. Afectar y burocratizar esta fuente de financiamiento que representa el 75% de los ingresos del OEFA es darle otro duro golpe. Recordemos, que las empresas cuestionaron que el OEFA recibiera el cobro de multas y esos fondos fueron retirados de sus ingresos. Además, con la Ley N° 30230 le redujo su facultad sancionadora. En consecuencia, invocamos al Tribunal Constitucional que detenga el debilitando al OEFA. La fiscalización puede resultar incómoda para algunos pero es necesaria para garantizar inversiones responsables.

Lima, 11 de agosto de 2017

Confederación Nacional Agraria (CNA)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
RED MUQUI
Red por una Globalización con Equidad (RedGE)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
CooperAcción
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Transcurrido el primer año de gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su primer mensaje a la nación el 28 de julio último. Al respecto, RED MUQUI se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. El mensaje presidencial trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros: Corani (Puno), Mina Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua) y Michiquillay (Cajamarca). De esta manera, el gobierno confirma que seguimos dependiendo de una actividad económica como eje de nuestra economía.

Sobre esto se requiere que el gobierno asuma un verdadero programa de diversificación económica en el país, y no solo ‘paliativos’ para actividades como la agricultura. Nuestra canasta familiar depende de nuestras comunidades campesinas que desarrollan la agricultura familiar en el 7% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, sus territorios no están protegidos de los impactos ambientales, sociales, afectaciones en la salud humana, entre otros, debido a las actividades extractivas.

Por el contrario, se debería priorizar las actividades como el turismo sostenible, la pesca artesanal, y otras actividades económicas más sostenibles.

2. En el mensaje se ha priorizado la formalización, la Pequeña Minería y Minería Artesanal; de la cual existe una campaña del gobierno para impulsarla. En ello estamos de acuerdo, pero no podemos formalizar todo de la misma manera. El presidente debe mencionar que los decretos legislativos que el Ejecutivo dictó a fines del año pasado, permiten que el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) tenga carácter de declaración jurada, sin que existan entidades que le den seguimiento. De la misma forma, con una declaración jurada se puede obtener permisos del propietario o de comunidades campesinas para realizar cualquier actividad minera en tierras superficiales. En el último caso se pasa por encima de los espacios de decisión comunales. Se formaliza, pero no se consideran los impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas.

3. Respecto al medio ambiente, el presidente Kuczynski reconoció que “el lago más grande del Perú (Titicaca) está contaminado por relaves mineros”. Esa ha sido consecuencia de la minería formal, informal e ilegal que afecta fuentes de recursos hídricos fundamentales a nivel nacional. Justamente, a esto responde las recientes protestas sociales en Puno, en donde la población sigue esperando que se cumpla con la promesa electoral acerca de la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. De no atenderse oportunamente esta problemática el conflicto puede agudizarce, es urgente la atención a esta demanda de las poblaciones afectadas por las aguas contaminadas del Lago Titicaca.

4. En el mensaje a la Nación se mencionó sobre la “reducción de los impactos ambientales”; pero ello es incoherente con las normas -sin sustento técnico- que fueron emitidas por este gobierno. Este año se fueron flexibilizando los Estándares de Calidad Ambiental para aire (ECA Aire) en doce veces, así como los que rigen para el agua. Todo ello impactará en la salud y la vida de las personas.

La indecente pretensión de esta norma busca ‘facilitar’ la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ha demostrado que no resulta conveniente para los inversionistas. Por tanto, ha quedado claro que el gobierno estaría emitiendo normas que tienen beneficiarios directos, en lugar de buscar alternativas de desarrollo integral y sostenibles para La Oroya, y que no implique atentar contra de la salud y vida de las personas de esa zona.

5. Que el mandatario haya mencionado “Dignificar a las rondas campesinas”, nos parece loable. No obstante, consideramos que el Ejecutivo debe tomar en cuenta el importante el avance del Poder Judicial, y su presidente Duberlí Rodríguez, quien ya ha reconocido el rol de las rondas de ejercer justicia y brindar seguridad. No obstante, el gobierno central aún debe dejar de calificar como “antimineros”, “enemigos del desarrollo” a aquellas rondas campesinas y organizaciones sociales que defienden sus derechos al territorio y a la consulta sobre decisiones que les afecta. Si su perspectiva es empezar a reconocer a las rondas, esperamos que cambie la perspectiva sobre la conflictividad social en el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM.

6. Para el jefe de Estado es importante “Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental ya que no funciona como debe funcionar”. En ese sentido, nos preocupa las personas cuya salud y vida han sido afectadas por la actividad minera, pues no reciben un tratamiento adecuado. Una muestra de esta realidad, es el caso de los pobladores de Pasco, quienes luego de años de reuniones y acuerdos infructuosos, se vieron obligados a venir a Lima y encadenarse en el MINSA, y así exigir atención médica y remedición de sus pasivos ambientales mineros. Esperamos que el gobierno considere que el MINSA debe cumplir con estos compromisos y atender de manera inmediata a estas poblaciones afectadas a su salud por actividades mineras.

7. El presidente Kuczynski no olvidó decir que «el agua será legado de su gobierno». Es así que en su mensaje ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrá agua y desagüe al 2021. Nuestra inquietud surge por cómo se podrá llegar a esta meta si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan agua se encuentran afectados y contaminados por la minería. Por ello es importante aplicar mecanismos como el ordenamiento territorial (que la Ley N°30230 estableció como “referencial”) y se les devuelva a los gobiernos regionales, la potestad de establecer prioridades de desarrollo en base a sus potencialidades, y que estas no sean impuestas desde el gobierno central y en base a las concesiones mineras.

8. Y, por último, el presidente señalo que se debe “Fortalecer a las empresas de agua potable, que seguirán siendo públicas”. Sin embargo, uno de los decretos dictados en su gobierno ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora serán empresas del régimen de sociedades. Es decir, poseerán acciones que pueden ser vendidas a otros intereses económicos -en la práctica- permitir la privatización del recurso hídrico, lo cual va en contra de su rol principal, que es brindar un servicio. Consideramos que esto se trata de una seria contradicción, lamentablemente, avalada por el Congreso.

9. El presidente ha presentado 5 proyectos de ley, luego de la reunión con Keiko Fujimori, uno de ellos sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las APP para ello. Recordemos que en los decretos del actual gobierno se planteó simplificar los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen con sus autorizaciones las autoridades responsables, ahora solo se aplican los ECA y Límites Máximos Permitidos (LMP) de agua. Las inversiones son importantes, pero se deben supeditar a la mejora de la calidad de vida de las personas, de lo contrario no son beneficiosas.

Finalmente, entre los proyectos de ley presentados por Kuczynski, se busca destrabar el acceso a inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura: la misma finalidad del derogado Decreto Legislativo N°1333, que–mediante ProInversión- buscaba facilitar aún más el acceso a predios, especialmente en territorios de comunidades campesinas (en relación con la Ley N°30230). Consideramos que con éstas medidas continúa la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas.

Lima, 30 de julio de 2017

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras y las instituciones abajo firmantes que promueven y defienden los derechos humanos, nos pronunciamos ante la declaratoria de estado de emergencia1 en los distritos de Wanchaq y San Sebastián de la región Cusco, y el distrito de Juliaca de la región Puno. Por lo que expresamos ante la opinión pública lo siguiente:

1.- De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional la declaración de estados de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, por lo que creemos que el ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo los maestros. Anteriores declaratorias de estado de emergencia en las propias regiones de Cusco y Puno, en casos como la conflictividad generada por la actividad minera solo los han agudizado.

2.- Esta medida demuestra una vez más, la incapacidad del gobierno para resolver, de forma pacífica y dialogada, la demanda de los maestros que mantienen una huelga de 35 días y reafirma la práctica recurrente del Estado de usar la fuerza para contener los conflictos, pero que no atacan ni resuelven las causas de fondo que las originan. De igual manera, pone en manifiesto el desorden o desconocimiento del gobierno frente a esta situación donde incluso de manera posterior tiene que emitir una fe de errata excluyendo una provincia.

3.- Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan su papel de garantes del orden constitucional; así mismo instamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

4.- Invocamos al gobierno peruano a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de los maestros y por lo tanto al conflicto que viene afectando a la comunidad educativa y sociedad cusqueña y puneña, dejando sin efecto la medida de declaratoria de estado de emergencia, que lo único que hacen es agudizar más el conflicto y polarizar más el enfrentamiento entre los actores sociales y el Estado.

5.- Instamos a la ciudadanía que ante cualquier restricción y vulneración de derechos están expeditas las acciones de hábeas corpus, entre otras acciones legales, y/o denunciar públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes.

Finalmente; salidas arbitrarias y violentas al abordaje de los conflictos como la declaratoria de estados de emergencia en el país ponen en riesgo el respeto por los derechos humanos y la democracia. El rol de Estado es garantizar estos derechos fundamentales de la ciudadanía. El dialogo es fundamental en democracia por lo que esta medida no es justificada.

Suscriben:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Red Muqui Nacional
Red Muqui Sur
Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF
Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA
Asociación por la Vida y Dignidad-APORVIDAH
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas-IDECA
Instituto de Defensa Legal- IDL

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1 Mediante el Decreto Supremo N° 078-2017-PCM del 20 de julio se declaró el Estado de Emergencia, sin embargo, el 21 de julio se ha emitido la Fe de Erratas que precisa los ámbitos de aplicación, excluyendo una provincia de región Cusco.

 

 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como «desierta» la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)». En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017