Cerro de Pasco: entre violaciones a los DDHH y ausencia de justicia ambiental

● Estudios científicos de Source International evidencian grave contaminación por metales pesados y afectaciones a la salud, debido a décadas de actividad minera en Cerro de Pasco.
● Ante riesgo de exposición de sustancias peligrosas, el Estado no puede ser espectador, afirma el Relator Naciones Unidas, Dr. Marcos Orellana.

El miércoles 12 de junio, se realizó el foro virtual denominado “El caso de Cerro de Pasco, Perú: entre violaciones a derechos humanos y la ausencia de justicia ambiental”, organizado por Source International, Centro Labor y EarthRights International con el apoyo de la Red Muqui. En dicho foro, Source International presentó los resultados de los estudios ambientales y sanitarios que ha venido realizando en los últimos 10 años respecto a la actividad minera en Cerro de Pasco, y que demuestran la alarmante problemática ambiental que se vive en dicha ciudad.

Además de las exposiciones de Source International y de Centro Labor, el espacio contó con la participación del Dr. Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, así como con el Dr. Walter Contreras, Jefe de la Unidad de Metales Pesados del MINSA, y con el abogado Julio Rupay, actual alcalde provincial de Cerro de Pasco.

TAJO EN LA CIUDAD

En medio de la ciudad de Cerro de Pasco se ubica el tajo abierto de más 2.5 km de largo y 1.8 km de ancho, con una profundidad aproximada a los 800 metros. La empresa Glencore, de capitales suizos adquirió en 2017 las acciones mayoritarias de la minera Volcan, que es propietaria de la explotación en Cerro de Pasco y uno de los mayores productores mundiales de zinc, plomo y plata. Recientemente, la empresa argentina Integra Capital adquirió el total de participación del Grupo Glencore en Volcan, por lo que se convirtió en la nueva entidad controladora.

La problemática de salud por la actividad minera de Volcan en Cerro de Pasco no es un tema nuevo para Jaime Silva, parte del equipo técnico de Centro Labor, institución asociada a la Red Muqui, puesto que su abordaje data de hace más de 30 años. Recién, en el año 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) reconoció que hay 10 millones de personas expuestas a la contaminación por metales tóxicos, entre ellos un número indeterminado de habitantes de la ciudad.
En su intervención durante el foro, Jaime Silva recordó las acciones organizativas de la sociedad civil que han marcado la lucha por el derecho a la salud y a un ambiente sano. En 2015, familias del distrito de Simón Bolívar, donde fueron detectados niños con altos niveles de plomo en sangre, problemas de aprendizaje, entre otros males físicos y cognitivos, realizaron una marcha hacia la ciudad de Lima para pedir atención inmediata a la salud. Luego, en 2017, un grupo de padres se encadenó en la puerta del Minsa.

“A la fecha han fallecido (a consecuencia de la contaminación por metales pesados) Bladimir Palma, Esmeralda Martín y la adolescente Shirley Castañeda. Hay una lenta respuesta por parte del Estado. En Cerro de Pasco no hay establecimientos de salud implementados para atender a las personas intoxicadas, ni especialistas en la materia”, expresó.

De igual manera, Silva precisó que, hace más de dos años y medio, el Congreso instaló la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con el Exceso de Plomo, Arsénico, Mercurio, y demás Metales Tóxicos en la sangre, en las zonas mineras de Pasco y del Perú. En Cerro de Pasco siguen a la espera de los resultados de este grupo de trabajo.

METALES PESADOS ESTÁN ACABANDO CON LA VIDA

Laura Grassi, científica de Source International, hizo un recuento de los hallazgos de su investigación en el agua, el suelo y en la salud de la población. Por ejemplo, encontraron excesiva concentración de plomo (536 %) y arsénico (340 %) en la cancha de fútbol del centro poblado Quiulacocha. En tanto, en el pastizal de la relavera de Ocroyoc y Quiulacocha encontraron exceso de plomo (2600 %), de cadmio (1540 %), y de arsénico (860 %).
“El suelo contaminado (con metales pesados) se transfiere al pasto, y los animales que pastorean en esa zona acumulan metales en sus tejidos, la carne de muchos de esos animales como alpaca, vaca, llama, carnero es consumida por la población”, explicó.

Los resultados de los estudios a la salud también son contundentes, continúo la especialista. En 2009 se hicieron análisis de sangre y orina en la población expuesta a la actividad minera; en 2016 – 2017 exámenes de cabellos; en 2018 se realizaron análisis de las manifestaciones clínicas y en 2021 se sumó un estudio de coeficiente intelectual de menores, a quienes tomaron muestras de cabello para determinar la presencia de metales pesados. Al grupo examinado de la población del centro poblado Paragsha -el más expuesto- se le encontró mayor porcentaje de manifestación clínica asociada a contaminación por metales pesados: manchas en la piel, encías azules, conjuntivitis, alteraciones digestivas. Mientras que, los niños presentaron un rango de coeficiente intelectual inferior y muy bajo tras realizarles pruebas estandarizadas de lenguaje, memoria, matemáticas y lógicas.

“La conclusión es que la contaminación minera sigue a niveles altos impactando irreversiblemente la salud de la población cerreña, violando múltiples derechos y condenando a enfermedades y pobreza. La población afectada sigue pidiendo acciones urgentes en el tema de prevención, cura y remediación ambiental.”, concluyó Laura Grassi.

Por su parte, el Relator Especial de la ONU señaló que sustancias como el plomo, el arsénico y el mercurio, son conocidamente peligrosas; y que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no hay límite seguro de exposición al plomo, por lo que cualquier exposición a esta sustancia es peligrosa, “especialmente para los niños y las niñas; el plomo les roba de su infancia, de su niñez y de las posibilidades que puedan tener en su vida futura”.
Asimismo, el Relator resaltó que ante el riesgo de exposición de sustancias peligrosas, el Estado no es un espectador, sino que tiene la obligación de actuar de manera efectiva para proporcionar protección y garantía a los derechos humanos; exponiendo de esta manera su postura.

Finalmente, Itzel Silva, de EarthRights International, retomó en las conclusiones del foro el ejemplo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la Oroya que responsabiliza al Estado peruano por la violación de los derechos de ambiente sano, la salud y la vida de 80 pobladores que fueron expuestos a metales pesados por actividades minero-metalúrgicas.

Sin embargo, el Estado peruano no ha asumido la deuda histórica ambiental que tiene con la población de Cerro de Pasco, lo que tampoco han hecho las empresas mineras responsables. De hecho, el Concejo Municipal del Distrito de Simón Bolívar rechazó en sesión ordinaria el 24 de abril pasado, presentar una demanda civil por daños ambientales en contra de la minera, pues no contó con la mayoría de los votos de los regidores. Con ello, el Concejo negó la oportunidad de explorar una vía para hallar justicia ambiental ante la gravedad de la situación.

El daño ambiental y el impacto irreversible a la salud por décadas de contaminación minera están a la vista, y su atención no puede esperar más; el Estado peruano tiene el deber ineludible y urgente de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tomar todas las medidas necesarias y garantizar un cambio sustancial de la actual situación.

En el siguiente enlace, puedes ver la transmisión completa del foro: https://www.facebook.com/redmuqui/videos/427874080070327

Fuente: Nota de prensa

Foto: Centro Labor