Congreso y Ejecutivo sin voluntad de reformar ni avanzar en la agenda MAPE

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

La última legislatura concluyó sin que se aprobara una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). El predictamen que se pretendía votar en la Comisión de Energía y Minas fue duramente cuestionado por varias congresistas, quienes enviaron un oficio con 12 observaciones críticas. Entre sus principales reparos se señalaron beneficios tributarios sin justificación, ausencia de estándares ambientales claros, exoneración de responsabilidad penal para los mineros, posibilidad de explotación en zonas de amortiguamiento, y la falta de plazos para eliminar el uso de mercurio y cianuro, entre otros aspectos.

Esta situación evidencia la responsabilidad compartida del Congreso y el Ejecutivo en la falta de una discusión seria y transparente sobre la agenda MAPE, así como el escaso interés político que se le ha dado en los últimos meses. Finalmente, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, optó por ampliar, una vez más, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2025, en medio de un contexto electoral que, previsiblemente, dará paso a más medidas populistas antes que soluciones de fondo a la problemática de la minería artesanal e informal en el país.

Mientras tanto, los mineros artesanales organizados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) mantienen desde el pasado 26 de junio una movilización nacional indefinida. Han instalado carpas y ollas comunes frente al Congreso, con delegaciones de múltiples regiones como Ayacucho, Madre de Dios, Arequipa, Huánuco, Apurímac, La Libertad e Ica. Además, sostienen bloqueos estratégicos en la Panamericana Sur en Arequipa y en el corredor minero del sur, en Cusco y Apurímac.

Las demandas de la Confemin apuntan principalmente al rechazo del Decreto Supremo N° 012-2025-EM, que cierra el proceso de formalización minera y restringe prórrogas solo a quienes ya figuran en el Reinfo, dejando fuera, denuncian, a miles de mineros. Reclaman, además, la aprobación de una nueva Ley MAPE que responda a la realidad del sector, la derogatoria de normas restrictivas como el Decreto Supremo 001-2020-EM, y critican que en lo que va de 2025 prácticamente no se haya formalizado a ningún minero, producto de trabas normativas impuestas por el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem). Lo cierto es que, para los mineros artesanales, cualquier propuesta del Ejecutivo o el Congreso que no los beneficie lo van a desconocer, y eso supone que no haya mayor control y fiscalización a sus actividades.

Por otro lado, el Congreso evalúa una propuesta que cambiaría radicalmente la naturaleza del Banco de la Nación, habilitándolo para comercializar y exportar oro proveniente de la MAPE. Esta iniciativa pretende convertir al banco estatal en un actor comercial directo bajo el argumento de formalizar la venta de oro y aumentar la recaudación fiscal. Sin embargo, la medida encierra serios riesgos: el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Minem y diversas organizaciones de la sociedad civil hemos advertido que la entidad no tiene experiencia en actividades comerciales mineras. Además, existe un alto riesgo de blanqueo de oro ilegal, especialmente en zonas críticas como Madre de Dios y La Libertad, donde el crimen organizado controla parte de la extracción y comercialización. Esta medida podría, en la práctica, abrir la puerta a la legalización de oro ilegal, poniendo en riesgo fondos públicos y depósitos ciudadanos.

Así, mientras la minería informal e ilegal siguen expandiéndose sin control en distintas regiones del país, no existe hasta hoy una respuesta integral, responsable y sostenible por parte del Estado. Es urgente que tanto el Congreso como el Ejecutivo asuman con seriedad su papel para garantizar una verdadera política pública sobre la agenda MAPE en el país.