EJE 2: Respeto a los DDHH, protección efectiva de los defensores/as, no a la criminalización de la protesta y la impunidad

En el Perú se vienen violando de manera continua los derechos humanos en las protestas sociales, especialmente en contextos de las actividades extractivas como la minería, alcanzando en los últimos meses del año 2022 niveles no vistos en las últimas décadas.

A ello se suma la situación de las y los defensores de derechos humanos que son objeto de criminalización y persecución, así como de campañas de desinformación y desprestigio, e impunidad en los casos de atentados contra su vida y asesinatos.

PROPUESTAS

• Al poder ejecutivo, legislativo y judicial
• Respeto irrestricto al derecho a la protesta de parte del poder ejecutivo, legislativo y judicial
• Derogatoria de la Ley 31012 de “gatillo fácil”, Ley 31494 de Comités de Autodefensa y Desarrollo, Decreto Supremo 005-2021-IN que aprueba la directiva sobre la protección de los activos críticos nacionales, y otras normas
• Control político y ciudadano de las declaratorias de Estados de Emergencia, prohibiéndolas en casos de  conflictos sociales
• Exclusión de las fuerzas armadas en  conflictos sociales. Reforma policial y prohibición de los convenios entre las empresas y la PNP 
• Fortalecimiento de las Fiscalías de Derechos Humanos y correcta aplicación de las normas referidas al derecho a la protesta, bajo los estándares señalados por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
• Cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y organismos internacionales respecto de las protestas ciudadanas y la investigación y sanción ejemplar de las violaciones de derechos humanos y de las masacres  
• Ratificación del Acuerdo de Escazú y elaboración y cumplimiento del Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales 
• Cumplimiento efectivo del Plan Nacional de DDHH, el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras, el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras y el Mecanismo intersectorial para su protección.

 A los gobierno regionales y locales:

• Formalizar las instancias de trabajo sobre la protección de las y los defensoras/es