Empresas y DDHH: ONU emite comunicado conjunto por impactos de Antamina en Áncash

En abril de este año, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, junto con siete Relatorías Especiales de la ONU —entre ellas las de cambio climático, medio ambiente sano y agua y saneamiento— hicieron pública una comunicación dirigida al Estado peruano en la que expresan preocupación por presuntas vulneraciones de derechos humanos e impactos ambientales relacionados con las operaciones de la Compañía Minera Antamina en los distritos de San Marcos y Puerto Huarmey, en Áncash.

El pronunciamiento se refiere a las actividades de extracción, transporte, filtración y embarque de cobre desarrolladas por la empresa y llama la atención sobre los posibles impactos en los derechos de las comunidades ubicadas en su área de influencia.

Antamina es una de las principales minas de cobre del Perú. Sus principales accionistas son BHP Group Limited (33.75 %),  Glencore (33.75%), Teck (22.5 %) y Mitsubishi (10 %), y abastece de concentrados de cobre a Aurubis AG, la mayor fundición de cobre de Alemania. A pesar de las denuncias ambientales presentadas en años recientes, la empresa continúa impulsando la ampliación de sus operaciones.

Los principales puntos del comunicado de la ONU

En su comunicación conjunta, los mecanismos de Naciones Unidas expresan preocupación por los siguientes puntos:

• La aprobación de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero que amplía la vida útil y la capacidad de producción de la mina hasta 2036, sin tomar en cuenta las observaciones relacionadas con la crisis climática y la disponibilidad de agua y los impactos sobre la calidad del suelo y el aire en las zonas aledañas a las unidades productivas de Antamina.
• Los riesgos que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente y las comunidades campesinas ubicadas en las zonas de influencia del proyecto. Esto debido a que ya se han presentado casos de hostigamiento y amenazas contra quienes se han opuesto al proyecto.
• La información de la Dirección Regional de Salud de Áncash, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) sobre la presencia de metales pesados en el cuerpo humano, el agua, los suelos y la cadena trófica marina vinculados a la minería.

Cabe resaltar que la ONU puso énfasis en la MEIA del proyecto minero aprobada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en el 2024, a pesar de la oposición de las comunidades campesinas y de las observaciones hechas por la Municipalidad Distrital de San Marcos sobre el impacto en el flujo de las aguas superficiales y subterráneas, así como la contaminación por el uso de las aguas para las operaciones mineras.  En un contexto de creciente demanda mundial de minerales críticos, esta medida ha generado preocupación entre las comunidades y personas afectadas por los posibles impactos acumulativos sobre el agua, el ambiente y la salud.

Caso de La Oroya como precedente positivo para encontrar justicia

La comunicación de Naciones Unidas adquiere especial relevancia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció, en el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú, que no es necesario demostrar de manera concluyente la causalidad del daño ambiental para que surjan obligaciones estatales. Lo determinante es la existencia de un riesgo significativo de afectación y el deber del Estado de prevenir posibles vulneraciones mediante una regulación y fiscalización adecuadas de las actividades empresariales antes de que se produzcan daños a los derechos humanos.

Respuestas del Estado al comunicado de la ONU

En respuesta a la comunicación, el Estado peruano informó a Naciones Unidas sobre diversas acciones de supervisión y medidas administrativas adoptadas en la Planta de Filtrado ubicada en Puerto Huarmey. Sin embargo, estas acciones no han sido oportunas ni suficientes. Hasta la fecha no existe una medida correctiva para la unidad minera Puerto Punta Lobitos y los mecanismos de participación ciudadana continúan sin responder adecuadamente a las demandas relacionadas con la salud de las personas expuestas a contaminación ni a las preocupaciones planteadas por el Comité de Salud de Puerto Huarmey.

De acuerdo con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, corresponde a los Estados prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas de las actividades empresariales.

Cabe recordar que, en 2024, el OEFA realizó una Evaluación Ambiental Focal (EAF) en el ámbito de la Planta de Filtrado de Huarmey de Antamina y en los asentamientos humanos o Puerto Huarmey y 9 de Octubre, así como en los sectores Salitral, Pay Pay, Lecheral, El Arenal y Cuscús, situados en el distrito y provincia de Huarmey.

La evaluación concluyó que las operaciones mineras generan partículas que incrementan las concentraciones de cobre y zinc en los suelos cercanos, superando los estándares ambientales. Asimismo, identificó que la infraestructura minera constituye una fuente directa de contaminación del aire y del agua.

Huarmey resiste frente a la contaminación e inacción del Estado

Ante la contaminación que, según denuncian los pobladores, afecta de manera permanente el ambiente, la salud y sus actividades económicas, representantes de Huarmey decidieron llevar el caso hasta Alemania para exigir responsabilidades a lo largo de la cadena de suministro de Aurubis.

Ello responde a que Antamina exporta concentrados de cobre a Aurubis, considerada la fundición de cobre más grande de Alemania y uno de los principales recicladores de este mineral a nivel mundial.

En noviembre de 2025, Estela Rojas, defensora ambiental y presidenta del Comité de Salud de Puerto Huarmey, presentó una denuncia ante la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de las Exportaciones de Alemania (BAFA). Como resultado, este año se inició un procedimiento administrativo contra Aurubis.

Las acciones emprendidas por las autoridades alemanas se suman ahora a las observaciones formuladas por los mecanismos de Naciones Unidas, luego de años de denuncias, movilizaciones y demandas de las comunidades de Áncash por la persistente contaminación de sus fuentes de agua, el ambiente y la salud.

El caso de Huarmey evidencia que las comunidades continúan recurriendo tanto a mecanismos internacionales de derechos humanos como a normas de debida diligencia empresarial para exigir responsabilidades cuando consideran que las respuestas estatales han sido insuficientes para prevenir, atender y reparar. 

Aquí puedes leer el comunicado de las Naciones Unidas al Estado peruano: