El agua es un bien común para los pueblos, pero un “recurso negociable” para las mineras y para el Estado

La defensa y el cuidado del agua frente a los impactos generados por las mineras, que operan en las cabeceras de cuenca, enfrenta una débil respuesta del Estado peruano y las nulas vías del diálogo para atender estas demandas sociales. Este escenario se repite en varias regiones agrícolas y valles interandinos del país.

Hace semanas, en la provincia de Huanta en Ayacucho, la población se movilizó masivamente para reclamar el retiro de las empresas mineras de sus cabeceras de cuenca, ya que representan un riesgo potencial para el agua que consumen y para la actividad agrícola de las comunidades y poblaciones aledañas.

Este caso no es nuevo, hace más de dos años las autoridades y dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho, Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara acordaron formalmente con el gobierno central el cierre de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa propiedad de las empresas Minera Ares S.A.C., Apumayo S.A.C., y South America Mining Investments S.A.C respectivamente. Sin embargo, estos compromisos fueron desconocidos por el Gobierno Nacional, motivado por una campaña de ataques mediáticos de desprestigio en contra de la entonces premier Mirtha Vásquez, auspiciado por los gremios empresariales mineros.

Para las comunidades y pueblos el agua es un bien común, un elemento sagrado que simboliza la vida y espiritualidad. En cambio, para la actividad minera y el Estado el agua es una mercancía. Por ello, el cuidado y preservación cantidad no es prioridad. A la fecha no se ha delimitado ni declarado la intangibilidad de ninguna cabecera de cuenca en el país. El agua continúa en permanente amenaza e incluso es impactada por las actividades extractivas mineras y está en grave riesgo su disponibilidad hídrica, como en el caso del sur de Ayacucho. 

A finales de 2022, el relator de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, instó a las autoridades peruanas a cumplir con las normas para garantizar el derecho al acceso al agua en un contexto de crisis climática: El agua de los ríos y lagunas deben ser protegidas y no se debe permitir actividades mineras en cabeceras de cuenca.

Recordemos que, la Ley N° 30640, Ley de Cabeceras de Cuenca, modificó el artículo 75 de la Ley General de Recursos Hídricos, indica que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en concordancia con la opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar a las cabeceras de cuenca como zonas intangibles. Para cumplir con esta normativa, en el año 2017, se aprobó el marco metodológico de criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuencas hidrográficas; sin embargo, aún no se ha logrado declarar zona intangible ninguna naciente de agua y tampoco este documento recoge los criterios de identificación de la vulnerabilidad ambiental.

Recientemente la Presidencia del Consejo de Ministros ha firmado un acuerdo con las comunidades y la provincia de Huanta en Ayacucho donde se comprometen a proceder con la ANA a identificar y delimitar la protección de la cabecera de cuenca en la zona, algo que todavía no se concreta y difícilmente va a realizar el régimen de Dina Boluarte. 

Actualmente, se otorgan las licencias de uso de agua con base a inventarios hídricos que presentan las empresas mineras, especialmente en lugares pertenecientes a las comunidades campesinas, en un país que no cuenta con un inventario de dicha naturaleza, sin que ningún gobierno de turno lo priorice. Aún así se continúan otorgando licencias a las mineras en cabeceras de cuenca, generando permanentes conflictos socioambientales por el uso del recurso hídrico.

Las cabeceras de cuenca captan el agua de las lluvias, la neblina, los granizos; además, infiltran (el agua) las napas subterráneas y abastecen a los manantiales, acuíferos y ojos de agua. Sin las cabeceras de cuenca que almacenen el agua, no tendríamos disponibilidad hídrica en las ciudades, ni en los territorios comunales. El agua en las comunidades originarias tienen un valor espiritual y cultural, por lo que su defensa también es conservar sus modos y formas de vida. Estas prácticas y saberes en la gestión comunitaria del agua son una forma de relacionarse con el territorio, y no es únicamente un recurso. 

Asimismo, es vital destacar el papel de las mujeres en el cuidado del agua mediante actividades vinculadas al cultivo, a la siembra y cosecha hídrica, a la preparación de alimentos y al cuidado comunitario. A su vez, son afectadas de manera diferenciada por la falta de agua debido a que son las que más demandan de este importante recurso que sostiene la alimentación y la economía de las ciudades y comunidades. 

En ese sentido, el cuidado y la vigilancia comunitaria del agua son un eje fundamental en la lucha de las comunidades originarias y la población local frente a los megaproyectos mineros. La vigilancia y monitoreo ambiental del agua en zonas mineras son un ejemplo de estas acciones organizadas que acompaña la Red Muqui desde el Grupo de Vigilantes y Monitores Ambientales. Y por tanto, desde la campaña Vida o Contaminación demandamos declarar zonas intangibles las cabeceras de cuencas. ¡Valles y ríos para la vida, no para la minería!

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Fecha de publicación: 21 de agosto de 2024