El café de Jaén y San Ignacio en riesgo: minería ilegal y criminalidad amenazan agua y territorios en Cajamarca

Por: en colaboración con la Pastoral Social del Vicariato de Jaén y Radio Marañón 

La minería ilegal del oro se expande en el norte del país a un ritmo alarmante, generando violencia, contaminación y amenazas contra comunidades campesinas y defensoras del territorio. En las provincias de Jaén y San Ignacio, región Cajamarca, esta actividad ilícita pone en riesgo el agua, la producción de café y la tranquilidad social, en un contexto de débil presencia estatal y creciente criminalidad organizada.

Un avance incontrolable

A seis y nueve horas, respectivamente de la ciudad de Cajamarca, Jaén y San Ignacio, son conocidas como las provincias cafetaleras por excelencia, por su biodiversidad y condiciones climáticas únicas. Sin embargo, hoy se ha convertido también en un territorio en disputa, donde el avance de la minería ilegal del oro amenaza con destruir ecosistemas, economías locales y formas de vida.

Organizaciones sociales, comunidades, la Iglesia y las rondas campesinas han advertido sobre el crecimiento incontrolado de esta actividad criminal, que ha derivado en enfrentamientos entre bandas delincuenciales y defensores del territorio. Diversas investigaciones periodísticas, como las de Ojo Público, revelan la existencia de redes familiares, empresarios ecuatorianos y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrados en esta cadena criminal.

El pasado 25 de abril, un grupo de ronderos fue atacado por hombres armados mientras realizaban una movilización pacífica. Hubo heridos y amenazas de muerte. El arzobispo metropolitano de Trujillo y administrador apostólico del Vicariato de Jaén, Mons. Alfredo Vizcarra Mori S.J, alertó entonces: “No estamos jugando. Aquí están en riesgo vidas humanas y un modo de vida en armonía con la naturaleza.”

El paro regional convocado del 6 al 9 de octubre y la marcha pacífica del 9 en Jaén marcaron un punto de quiebre. Rondas campesinas, organizaciones sociales, cooperativas cafetaleras, autoridades y ciudadanía de Jaén y San Ignacio se movilizaron para exigir que el Estado frene la minería ilegal y proteja los territorios y las fuentes de agua. Entre los participantes estuvieron Domiciano Gonzales y Agapito Castillo, presidentes provinciales de las Rondas Campesinas de Jaén y San Ignacio, quienes advirtieron que la defensa del territorio seguirá mientras persistan las amenazas socioambientales.

Criminalización de defensores

De acuerdo con la Pastoral Social del Vicariato Apostólico “San Francisco Javier” —organización asociada a la Red Muqui—, actualmente acompañan 36 denuncias judiciales contra ronderos y defensores ambientales, interpuestas por personas y empresas vinculadas a la minería informal e ilegal.

Uno de los denunciantes, el Consorcio Amazónico Pelé & Venus S.A.C., es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio. Según Ojo Público, la red de minería ilegal involucra a empresarios ecuatorianos, policías y autoridades locales que facilitan o encubren estas operaciones.

La ilegalidad se ampara en la legalidad, aprovechando vacíos normativos, corrupción institucional y la falta de control estatal para operar bajo una fachada de formalidad.

Territorio y agua en riesgo

La minería ilegal se concentra en las cuencas de los ríos Chinchipe y Tabaconas, principales afluentes del Marañón, de los que dependen comunidades enteras para el consumo humano, la agricultura y la ganadería.

En comunidades de Jaén y San Ignacio como Ticungue, Zapotal, Moreros y Nueva Esperanza las excavadoras operan a plena vista sobre territorios comunales. Los ríos, antes cristalinos, hoy están turbios y cargados de sedimentos y metales pesados que contaminan el agua, los cultivos y los alimentos que llegan hasta los mercados de la costa.

En las cabeceras de cuenca, donde también se cultiva café, la amenaza no solo proviene de la minería ilegal, sino también de concesiones de minería formal. En Huaquillas, por ejemplo, la empresa Real Minera tiene concesiones que se superponen con zonas agrícolas y fuentes de agua.

Los distritos más afectados son Huarango, San José de Lourdes y Namballe (en la frontera con Ecuador) y, en Jaén, Bellavista y Santa Rosa, donde se han constatado operaciones activas de maquinaria pesada en los cauces del río Chinchipe.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios del Perú, Mauro Lalangui, natural de San Ignacio, recordó que en 2022 las rondas campesinas impidieron los trabajos de exploración del proyecto minero Las Huaquillas, a cargo de Real Minera. Por ese accionar, varios ronderos fueron denunciados en un clima de creciente criminalización de defensores ambientales.

Las demandas locales se centran en impedir el ingreso de cualquier forma de minería —formal o ilegal— y exigir el retiro de actividades extractivas que ponen en riesgo la producción de café orgánico, reconocida en el mercado internacional. “No es posible la convivencia entre el agro y la minería”, expresó Lalangui. También se demanda mayor fiscalización ambiental y coordinación efectiva entre la FEMA, la PNP y las rondas campesinas, así como protección y reconocimiento a defensores y monitores ambientales.

Inseguridad, trata y pérdida de paz social

El avance de la minería ilegal ha traído consigo violencia, trata de personas y prostitución, especialmente en los distritos ribereños del río Chinchipe, como Santa Rosa, Huarango, José de Lourdes y Namballe. 

En estos lugares, han aumentado los bares y locales nocturnos en los que se reportan casos de explotación sexual de mujeres y adolescentes. Habitantes locales denuncian la llegada de trabajadores y operadores provenientes de Madre de Dios, Colombia, Ecuador, Venezuela y de empresas peruanas vinculadas a estas actividades ilícitas.

La situación recuerda el escenario de Madre de Dios, donde la minería ilegal derivó en una crisis ambiental y social de gran magnitud.

“Si el Estado trabajará de manera articulada con las rondas campesinas y la Fiscalía, se podría frenar este avance. Pero mientras haya filtraciones dentro de la PNP y demás intereses, la minería ilegal seguirá creciendo”, advirtió el área Pastoral Ecológica del Vicariato de Jaén.

Un llamado urgente

El avance del crimen  amenaza no solo los ecosistemas del norte del país, sino también la seguridad, la paz y la soberanía territorial. La inacción estatal frente a la minería ilegal perpetúa un modelo extractivista y violento que pone en riesgo el agua, los alimentos y la vida misma.

Desde la Red Muqui alertamos a la opinión pública que lo que ocurre en Jaén y San Ignacio no es un hecho aislado: es parte de la crisis política generalizada que hoy se vive en el país, donde la institucionalidad ambiental y la agenda de los derechos humanos y de los pueblos indígenas está totalmente relegada.

Créditos de fotografías: Radio Marañón y Red Muqui.