Elecciones 2026: entre la continuidad extractiva y la ausencia de una transición socioecológica

Por: Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui

El proceso electoral del 2026 se desarrolla en medio de una profunda crisis de representación, fragmentación política y desafección ciudadana. Sin embargo, el gran ausente del debate no es solo la estabilidad democrática, sino también cómo afrontar la crisis ambiental y climática que atraviesa el país.

Tras la revisión de 35 planes de gobierno, se observa que la mayoría priorizan la “reactivación económica” y la seguridad, relegando la justicia climática y territorial a menciones generales o instrumentales. Predomina  una visión anclada en la expansión minera, la industrialización con valor agregado y la agilización de inversiones extractivas. En este escenario, la situación ambiental del país es tratada como problema sectorial y no como una crisis civilizatoria que exige reorganizar la economía, el Estado y la democracia.

Minería, contaminación y silencios estructurales

El 70% de los planes prioriza la extracción regulada de materias primas y 14 de 27 partidos promueven explícitamente una mayor expansión minera. La formalización de la minería artesanal y el combate a la ilegalidad aparecen recurrentemente, pero sin una reflexión estructural sobre el modelo extractivo ni sobre sus impactos acumulativos en territorios andinos y amazónicos.

La contaminación por metales pesados, los pasivos ambientales mineros y la afectación a cabeceras de cuenca no ocupan un lugar central en las propuestas. Aunque 22 planes mencionan el tratamiento de pasivos ambientales y ordenamiento territorial, lo hacen desde una lógica remediación y no desde un enfoque preventivo o transformador. Tampoco se discute la reducción del volumen de explotación en zonas intangibles que protejan fuentes de agua y territorios comunales. Por el contrario, persisten propuestas de simplificación de Estudios de Impacto Ambiental y de fusión o debilitamiento institucional del sector ambiental. De esta manera, la gobernanza ambiental continúa supeditada a la agenda de crecimiento, sin un cambio de timón que fortalezca al Ministerio del Ambiente, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), con autonomía técnica y presupuesto suficiente.

Agua: del acceso urbano al olvido de las fuentes

El agua aparece en varios planes, pero principalmente como problema urbano vinculado al acceso a agua potable. Son escasas o inexistentes las propuestas de recuperación de cabeceras de cuenca, la siembra y cosecha de agua o la restauración ecosistémica.

En contraste, el proceso de La Ruta de los Pueblos, realizado en 2025 con la participación de más de 300 organizaciones de base de todos los departamento del país, planteó  propuestas como la reforma de la Ley de Recursos Hídricos para proteger las cabeceras de cuenca; la elaboración de un mapa nacional de cuencas con monitoreo ciudadano; la promoción de la siembra y cosecha de agua con especies nativas; la  revisión de las concesiones mineras y el respeto a la consulta previa libre e informada; así como un ordenamiento territorial que garantice los derechos de las comunidades sobre sus territorios y sus formas de vida. 

Sin embargo, estas propuestas han estado ausentes en la mayoría de las candidaturas. El debate electoral elude así una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar el derecho humano al agua en un país donde las fuentes hídricas están amenazadas por actividades extractivas, deforestación y cambio climático?

Alternativas sostenibles: menciones marginales

Existen propuestas que buscan superar la dependencia de la exportación de materias primas mediante enfoques orientados al equilibrio entre la subsistencia de la vida en el planeta y el bienestar de la humanidad. Entre ellas se encuentran la diversificación productiva, el fortalecimiento de economías locales y comunitarias, la agroecología, la gestión territorial indígena y la transición energética hacia fuentes renovables, priorizando la sostenibilidad ambiental y la justicia social por encima de la maximización de beneficios.

No obstante, estas alternativas están prácticamente ausentes en los planes revisados. Solo dos partidos presentan menciones explícitas a agroecología o enfoques post-extractivistas. Tampoco se encuentran referencias claras a políticas de siembra y cosecha de agua ni a estrategias sólidas de recuperación de ecosistemas. La economía circular aparece de forma aislada y sin metas concretas, mientras que la reforestación es una propuesta recurrente, aunque muchas veces asociada a fines comerciales antes que a procesos de restauración ecológica integral. 

En un país megadiverso, con conocimientos ancestrales sobre manejo de suelos, semillas nativas y plantas medicinales, este silencio programático resulta elocuente. No se reconoce la potencia económica, cultural y territorial de la agroecología comunera ni del ecoturismo comunitario como estrategias de diversificación productiva y defensa del territorio.

La disputa electoral tampoco enfrenta de manera estructural modelos de desarrollo contrapuestos. En la mayoría de casos, se propone administrar el mismo patrón primario-exportador con distintos matices regulatorios. La justicia climática es marginal y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios no se traduce en propuestas vinculantes de autonomía y consulta efectiva. 

El horizonte pendiente

La discusión sobre cómo reorganizar el Estado, la economía y la democracia para garantizar la vida en un contexto de crisis climática y territorial sigue sin ocupar el centro del debate electoral.

Mientras tanto, los territorios continúan enfrentando contaminación minera, escasez de agua, expansión de economías ilegales y criminalización de personas defensoras ambientales. La pregunta que queda abierta es si el proceso electoral de 2026 será una oportunidad para replantear el modelo de desarrollo o si, una vez más, consolidará la continuidad extractiva con algunos retoques discursivos.

La ciudadanía, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las juventudes no demandan únicamente una gestión eficiente. Exigen justicia territorial, agua limpia, ecosistemas sanos y economías que sostengan la vida. El reto está planteado.