Familiares de las víctimas del régimen de Dina Boluarte rechazan nueva Ley APCI

Los familiares de las víctimas de la represión militar y policial ocurrida entre 2022 y 2023 en Perú rechazaron la nueva Ley APCI, aprobada el 12 de marzo de 2025, que modifica la Ley 27692. Los deudos consideran que esta ley afecta su derecho de acceso a la justicia y a la defensa legal, ya que limita la acción de las ONG de derechos humanos, que han sido esenciales para su representación legal. Las organizaciones de víctimas critican que la ley busca proteger a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante las protestas, como el régimen de Dina Boluarte, y exigen la intervención de organismos internacionales para denunciar penalmente a los parlamentarios responsables.

Por: medio independiente Mataperrea

Los familiares de las víctimas de la represión militar y policial del 2022-2023 se manifestaron contra la nueva Ley APCI que fue aprobada el pasado 12 de marzo de este año en el Pleno del Congreso. Esta norma que modifica la Ley 27692 busca someter y controlar las acciones de las ONG y obliga a que sus actividades tengan la autorización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que depende del gobierno.

En tal sentido, las víctimas de las violaciones de derechos humanos han manifestado su rechazo debido a que afecta su derecho de acceso a la justicia, a la defensa legal y a la no impunidad para los policías, militares y políticos responsables.

En ese sentido, la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 202-2023 manifestó que la modificatoria de esta Ley no solo es un atentado contra los derechos humanos, sino también contra los derechos de cada ciudadano, como lo demuestran los episodios de represión del 2022 y 2023, donde decenas de vidas fueron arrebatadas y cientos de peruanos quedaron heridos por la violencia militar y policial del régimen de Dina Boluarte.

“Al aprobar una ley que va en contra de los organismos de derechos humanos, que incansablemente han acompañado a las víctimas en cada rincón del país, el Congreso confirma su intención de dejarnos en una indefensión absoluta. Lo que buscan es despojar a las víctimas de sus derechos más básicos: el derecho a la justicia y a la sanción de los responsables”, apuntó la organización de familiares.

Para los deudos de las regiones del Sur, Norte y Centro del Perú, el Congreso es cómplice directo de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas desde diciembre del 2022. En ese sentido, han solicitado la intervención urgente de los organismos internacionales para advertir estas decisiones antidemocráticas y autoritarias.

Por su parte, la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho (ASFAH) indicó que las únicas instituciones sin fines de lucro que ayudan a garantizar este derecho a una defensa eficaz son las ONG de derechos humanos.

“Sin abogados especialistas en derechos humanos no podríamos ejercer nuestro derecho a una defensa eficaz, debido a que no podríamos solventar los honorarios de abogados especialistas y mucho menos podríamos contratar a grandes estudios, como si lo hacen los victimarios a bajo costo de todos los peruanos”, recalcaron.

Asimismo, la ASFAH mencionó que la finalidad de esta modificación de la Ley 27692 es blindar a Boluarte, sus ministros y todos los responsables de las muertes y heridos de las protestas del 2022 y 2023. “Por tal razón, exigimos que el Congreso se retracte y derogue esta modificación de la Ley 27692”, acotaron.

Por último, la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 202-2023 hizo un llamado a la movilización de los peruanos.

“Es momento de levantarnos en defensa de nuestra democracia, para recuperar un Estado de Derecho que verdaderamente garantice la justicia y donde las instituciones estén al servicio del pueblo y no al de mafias o delincuentes que, desgraciadamente, han logrado infiltrar los poderes del Estado”, expresaron.