Gobierno y minera Chinalco deciden el futuro de Morococha sin la participación de las familias desalojadas

El gobierno del expresidente José Jerí, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), impulsó reuniones con dirigentes y autoridades de Nueva Morococha (Junín), así como con la empresa Minera Chinalco Perú S.A., con el objetivo de establecer acuerdos que darían forma a un Convenio Marco entre la Municipalidad Distrital de Morococha, sectores de la sociedad civil y la empresa minera.

Como resultado de estos encuentros, se avanzó en la firma de acuerdos para dicho Convenio Marco. Sin embargo, dichos espacios excluyeron a personas directamente afectadas por el reasentamiento vinculado a la ampliación del proyecto Toromocho, lo que limitó la participación amplia y representativa de la población.

En septiembre de 2025, la minera Chinalco, amparándose en una orden judicial y con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, ejecutó el desalojo forzoso de las familias que aún permanecían en la antigua ciudad de Morococha. Este procedimiento se realizó sin un diálogo genuino, pese a que las familias lo único que exigían era un reasentamiento digno y el respeto pleno de sus derechos fundamentales.

A esta exclusión se suma la de la Asociación de Expropietarios de Morococha, organización que tampoco fue incorporada en las reuniones promovidas por el Ejecutivo. 

Durante las reuniones promovidas por el Minem se abordaron compromisos en materia económica, ambiental y de salud. No obstante, mientras la empresa sostiene en el acta haber implementado un “entorno saludable” en Nueva Morococha, el propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2009 de Chinalco reconoce que el suelo donde se construyó la ciudad presenta niveles de arsénico y plomo que superan hasta en once veces los límites permitidos por los estándares ambientales. Esta contradicción resulta especialmente grave cuando se trata de derechos a la salud y a un ambiente sano.

La legitimidad de los acuerdos también fueron cuestionados por la población durante la audiencia informativa sobre el Convenio Marco, realizada el 16 de febrero por la Municipalidad Distrital de Morococha. En ese espacio, diversos pobladores expresaron su disconformidad, señalando que los compromisos no reflejan los acuerdos iniciales ni las demandas históricas de la comunidad. 

Gobierno sí escucha a la empresa china

A este escenario se suma un hecho preocupante: mientras las comunidades esperan justicia y reparación, los representantes de la empresa sostuvieron reuniones en Palacio de Gobierno durante el mandato de José Jerí. Según informó el medio Territorio Tomado, una representante de Chinalco se reunió con la Secretaría General del Despacho Presidencial a inicios de 2026. Esto evidenciaría una relación directa y fluida entre la empresa y el Ejecutivo, en contraste con la exclusión sistemática de las familias desalojadas de los espacios formales de decisión y diálogo.

La firma de un acuerdo sin la participación plena de quienes fueron desalojados pone en cuestión la legitimidad, la transparencia y el enfoque de derechos humanos de la denominada “mesa de diálogo”, que termina convirtiéndose en un espacio para cumplir formalidades, mas no para garantizar respuestas efectivas a las comunidades.

Finalmente, la inestabilidad política generada por el Congreso de la República y el Ejecutivo, marcada por disputas de poder y crisis de representación, debilita la capacidad del Estado para atender de manera prioritaria las demandas de las poblaciones impactadas por la imposición de proyectos mineros, como ocurre en el distrito de Morococha. En ese contexto, las familias desalojadas esperan que el actual presidente José María Balcázar escuche sus demandas y garantice un proceso efectivo de justicia, reparación integral y respeto a sus derechos.

Foto: composición/Red Muqui/PCM