Hualgayoc alerta: proyecto minero Nueva Esperanza pone en riesgo fuentes de agua en Tumbacucho

Desde Bambamarca, en la región Cajamarca, comunidades campesinas y organizaciones agrupadas en el Frente de Defensa de los Derechos e Intereses de la Provincia de Hualgayoc exhortaron al Congreso de la República y a las autoridades regionales y locales a atender sus demandas frente a los posibles impactos del proyecto minero Nueva Esperanza sobre las fuentes de agua del caserío Tumbacucho.

El proyecto, vinculado a la empresa minera Gold Fields, ha generado el rechazo de la población, que exige la anulación o cancelación de los derechos y autorizaciones mineras otorgadas. La preocupación central de las comunidades es el riesgo que las actividades de exploración y explotación podrían representar para los manantiales, quebradas y canales que abastecen a la población.

Esta alerta se produce en un contexto marcado por los incendios forestales, los impactos por el Fenómeno El Niño y el debate sobre la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo. En medio de estos escenarios y de una sostenida crisis política, las comunidades cuestionan el centralismo en la toma de decisiones que tienen posibles consecuencias para sus territorios y medios de vida.

Así lo expresa la Carta Múltiple N.° 009-2026-CLDMA, emitida por el Comité de Defensa del Medio Ambiente de Tumbacucho, que manifiesta su rechazo a la actividad minera debido a los posibles riesgos para los manantiales y las fuentes hídricas vinculadas a los sistemas de agua El Pescado y Bellavista. Nueva Esperanza contaría con la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Una eventual afectación a raíz de perforaciones u otras actividades mineras podría comprometer derechos fundamentales, como la salud, el acceso al agua y el derecho a vivir en un ambiente sano. De igual manera, podrían verse afectadas la producción de alimentos, la crianza de animales y la economía de numerosas familias.

Tumbacucho cumple una función importante en la conservación y provisión de agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. De acuerdo con la información consignada por las organizaciones, en la zona se identifican 26 manantiales, 5 bofedales, 5 quebradas, 3 captaciones de agua potable, 4 pozos y 3 canales de regadío. Estas fuentes y sistemas hídricos son fundamentales para la vida cotidiana y las actividades productivas.

Frente a esta situación, el Frente de Defensa exige al Minem y a las autoridades competentes verificar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de participación ciudadana, evaluación ambiental y protección de los derechos de la población, de acuerdo con la Ley N.° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, su reglamento y las demás normas aplicables.

El pronunciamiento también advierte que la falta de aceptación social constituye una preocupación que debe atenderse mediante el diálogo transparente, el acceso oportuno a la información y el respeto a las comunidades. Las organizaciones señalan que ninguna autoridad debe ignorar la voluntad expresada por la población ni minimizar los posibles impactos ambientales y sociales.

Hasta el momento, según las organizaciones, las comunidades y rondas campesinas no han recibido un pronunciamiento público del alcalde distrital, Enzo Dueñas; del alcalde provincial, Hernán Vásquez; ni del gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara. Por esta razón, exigen respuestas y acciones concretas de las autoridades. Asimismo, solicitan la intervención de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República dentro del marco de sus atribuciones.

Ante la falta de respuestas, las organizaciones y comunidades agrupadas en el Frente de Defensa se declararon en alerta permanente y exhortaron a las autoridades nacionales, regionales y locales a abrir un diálogo que garantice el acceso a información y el respeto de los derechos humanos.

Desde la Red Muqui, hacemos pública la defensa de las fuentes de agua en Tumbacucho, la lucha por los derechos de las comunidades y la protección de sus medios de vida. Es deber del Estado garantizar que las comunidades participen en las decisiones que impactan en su territorio y en su futuro.

A continuación, el pronunciamiento del Frente de Defensa de los Derechos e Intereses de la Provincia de Hualgayoc: