La fiebre por la tierra en Latinoamérica

Los principales detonadores de la “actual fiebre de tierras” en América Latina y El Caribe se deben a la creciente demanda mundial de alimentos, forraje  y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.

“La historia de la región nos cuenta que el proceso extractivista  ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, quien habla  de la “maldición de la abundancia”.

Conflictos sociales y concentración de tierras

En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en mayo de este año  211 conflictos sociales, de éstos,  143 (67,8% del total) se debieron a causas socioambientales.

Raphael Hoetmer, investigador  integrante del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) –Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de “reterritorialización" en el país, con la expansión minera como una de sus lógicas principales.  El experto e integrante del grupo de ecología política de la universidad CLACSO,  afirma que la profundización del extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales, culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).

El extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como  “gobierno minero” debido a que servicios, que son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados, como es el caso de la salud, educación  construcción de infraestructura, o la seguridad, pudiendo la policía trabajar tanto para la minera o para el Estado.

En el caso de Ecuador,  el ingeniero agrónomo Michel Laforge considera muy limitados los avances en materia de acceso del campesinado a la tierra. El país vecino presenta una elevada inequidad en la propiedad de la tierra heredado de la historia: el 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60% de los pequeños productores son propietarios del 6,4% de las tierras, según los últimos datos disponibles. Una de las principales razones que explican los pocos avances en materia agraria es debido  a que “las exportaciones no petroleras principales siguen siendo agroexportaciones (como el banano y el camarón), con una estructura productiva basada en grandes propiedades o plantaciones, que no tiene ningún interés en ver procesos redistributivos ponerse en marcha”.

Perú, de la reforma agraria a la concentración de tierras
“Cuando, en el año 1980, se puso fin a la reforma agraria nadie imaginó que 30 años más tarde en el Perú volveríamos a los tiempos de la concentración de tierras en pocas manos, sostiene el estudio “El proceso de concentración de la tierra en el Perú” realizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). Sostienen que “las nuevas propiedades superan largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la reforma agraria”.

Anna Cant, de la Universidad de Cambridge, señala que el acceso de la tierra, además de formar la base para la agricultura familiar, representa una pieza clave en la distribución del poder político. Es por eso que la reforma era acompañada por iniciativas de política local, educación y difusión a través de los medios de comunicación. Además manifiesta que “hay que entender que la reforma agraria es un precedente de los alcances de la lucha social en el Perú y de lo que se puede lograr con la movilización social”.
La economía solidaria y agricultura familiar
Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, señala que solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concertación de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.

Asimismo, en la conferencia se hablarán sobre la llamada economía solidaria. “No solamente hay economía de mercado, también hay otras economías, donde por ejemplo las comunidades juegan un rol estratégico, en el caso de Perú las comunidades campesinas, las familias, las mujeres, los jóvenes, las cooperativas, los bancos comunales; es decir, hay una infinidad  de expresiones de esto que llamamos las otras economías”, explica Luis Montoya, docente de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM. Añade que “en América Latina hay políticas de fomento y promoción de la economía solidaria.  Y uno de los casos que destaca es que la “economía solidaria” en nuestro país se encuentra en la provincia de Jaén, en Cajamarca, donde la producción de café orgánico a través de las redes de comercio justo, ha permitido que los campesinos de la zona se articulen a redes globales de economía. Asimismo, el especialista resalta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil.