La formalización de la minería artesanal y la erradicación de la ilegalidad: un presupuesto que no quiere resolver el problema

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Maqui

Recientemente se ha aprobado el presupuesto destinado a abordar la informalidad y la ilegalidad en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). El monto asignado es, en sí mismo, un indicador de lo que el Estado no está dispuesto a enfrentar, pese al discurso oficial de “lucha contra la minería ilegal”. Una vez más, se repite una fórmula equivocada: mínimos recursos para la formalización y máxima inversión en control y represión. Esta combinación no es neutra ni accidental; es funcional a un orden en el que la informalidad, la ilegalidad y la precariedad continúan siendo rentables para determinados actores.

Es fundamental remarcar que la formalización minera no es un trámite administrativo simple. Se trata de un proceso complejo que requiere asistencia técnica permanente, presencia territorial del Estado, acompañamiento ambiental, capacidades institucionales y tiempo. Sin embargo, el presupuesto asignado resulta claramente insuficiente frente a los miles de mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y frente a las propias exigencias que impone el Estado. Se exige cumplir, pero no se financia ni se acompaña el cómo; se amplían plazos, pero no se crean condiciones reales para avanzar.

La brecha que se evidencia no es solo técnica, sino profundamente política. Esta forma de asignación presupuestal produce exclusión: formaliza a unos pocos y mantiene a la mayoría atrapada en una zona gris entre la informalidad y la ilegalidad. Ese limbo es el terreno donde prosperan los intermediarios, las redes opacas de comercialización, la tercerización abusiva y, en los casos más graves, las economías criminales. Un minero que no puede formalizarse no desaparece; queda disponible para ser capturado por circuitos ilegales de mayor escala.

Por otro lado, el presupuesto destinado al control de la minería ilegal sí contempla recursos significativos, pero concentrados casi exclusivamente en operativos policiales y militares, es decir, en la interdicción: despliegue de fuerzas, destrucción de equipos y la puesta en escena de la “mano dura”. En contraste, se destina muy poco a inteligencia financiera, persecución de grandes capitales ilegales, fiscalización ambiental sostenida o fortalecimiento de fiscalías especializadas.

Desde una perspectiva social, este enfoque resulta peligroso. La MAPE sostiene economías locales enteras en territorios donde el Estado ha estado históricamente ausente. Un presupuesto que no invierte en formalización, capacitación ni transición productiva no reducirá la conflictividad; por el contrario, la profundizará. Se seguirá criminalizando el trabajo precario sin ofrecer alternativas reales de subsistencia.

Desde el punto de vista ambiental, las consecuencias también son graves. Una formalización bien acompañada es mucho más eficaz para reducir los impactos ambientales que la interdicción aislada. Sin recursos para mejorar tecnologías, controlar insumos, ordenar pasivos ambientales o monitorear impactos, la degradación continuará, solo que de manera más dispersa y menos visible. El daño no se evita: se posterga o se traslada. Se invierte poco en prevención y casi nada en gobernanza territorial, mientras las entidades encargadas de la fiscalización ambiental, la gestión del agua y la protección de ecosistemas críticos operan con capacidades limitadas. Así, la llamada “lucha contra la minería ilegal” se aborda como un problema de orden público, y no como un desafío de sostenibilidad socioambiental y de salud humana.

En este escenario, cabe preguntarse: ¿a quién beneficia que la formalización fracase? No a las poblaciones ni a las comunidades, tampoco al ecosistema ni a la salud humana. Beneficia a quienes se mueven con comodidad en la informalidad estructural, a quienes lucran con la ilegalidad sin exponerse y a quienes necesitan territorios sin Estado para extraer valor sin rendir cuentas.

Un presupuesto que no apuesta de manera decidida por la formalización no es un error técnico; es una decisión política. Es la decisión de gastar recursos sin transformar las estructuras que sostienen el problema. En ese sentido, no se trata de un presupuesto para cambiar la situación de la MAPE, sino para que todo continúe funcionando, más o menos, como hasta ahora, con altísimos costos sociales y ambientales. Por ello, seguiremos insistiendo en una política pública que deje de simular soluciones y asuma, de una vez por todas, que, sin inversión real en formalización, la ilegalidad seguirá siendo la norma y no la excepción.

Crédito de la foto: Radio Marañón