La visión del Perú minero del ministro Montero vs la defensa de los valles agrícolas

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui 

En marzo, durante una reunión pública, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, reafirmó su visión de un Perú completamente disponible para la expansión minera. Según sus cifras, el 85% del territorio peruano está libre para exploración y el 44% es potencialmente explotable, equivalente al tamaño de Francia. Lo que el ministro omite es que en esos territorios habitan comunidades, pueblos y ciudades, con actividades económicas sostenibles que dependen del agua y la agricultura. Esta visión gubernamental ignora deliberadamente a miles de peruanas y peruanos que ven amenazado su modo de vida por la imposición de proyectos mineros en zonas agrícolas.

Dos ejemplos recientes reflejan la tensión entre el modelo extractivista y la defensa de la agricultura: Tambogrande en Piura y el Valle de Tambo en Arequipa. En el primero, la población realizó un paro el 28 de febrero contra el proyecto minero El Algarrobo, impulsado por Buenaventura. A pesar del rechazo, ProInversión suscribió un contrato concesión con dicha empresa minera en Lima, sin considerar el impacto ambiental y social denunciado por los mismos pobladores. En el Valle de Tambo, los agricultores han presentado una nueva demanda de amparo contra el proyecto Tía María de la empresa Southern Perú, argumentando que el Estudio de Impacto Ambiental expiró en 2019 y no es válido. Además, denuncian persecución y criminalización de sus dirigentes, dos de los líderes sociales se encuentran en prisión.

Estos valles agrícolas no solo representan una alternativa económica viable, sino que generan empleo y producen cultivos de alto valor como el limón y el mango en Tambogrande, o la cebolla, el ajo y el arroz en el Valle de Tambo. Sin embargo, el gobierno y las grandes empresas insisten en descalificar a estas poblaciones, tildándolas de "antimineras" y acusándolas de oponerse al desarrollo. Lo mínimo que deberían hacer es establecer un diálogo real, pero ni siquiera eso parece posible en un gobierno que prioriza los intereses mineros sobre el bienestar de su propia gente.

Mientras las tensiones en Piura y Arequipa se intensifican, la problemática de la minería ilegal se agrava en ausencia de medidas efectivas y adecuadas en zonas donde la criminalidad ha asumido el control de los territorios. Desde la Red Muqui, hemos expresado nuestra profunda preocupación y hemos hecho contribuciones significativas al debate público sobre este tema, que requiere un enfoque integral para su abordaje. Este enfoque debe considerar las desigualdades sociales, económicas y ambientales, así como las necesidades y demandas sociales frente a la pobreza y exclusión.