Pronunciamiento: Rechazamos el uso de la fuerza y violencia por parte de la PNP en Espinar y exhortamos reestablecer el diálogo.

El Colectivo de abogadas y abogados de la Red Muqui Sur, conjunto de instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos a nivel del sur andino del Perú, nos pronunciamos frente a la situación de grave vulneración de sus derechos fundamentales que viene sufriendo los peruanos y peruanas de la provincia de Espinar, producto de las imposiciones y violencia ejercida por las Fuerzas Policiales y la intransigencia de la Compañía Minera Antapaccay.
Espinar es un territorio con 39 años de explotación minera que ha generado efectos negativos graves e irreversibles de contaminación ambiental y humana, dos de los principales ríos están contaminados y se registran 1,621 personas con métales tóxicos. Además, se reportan serias afectaciones a la actividad socio-económica y cultural de las comunidades campesinas que no vienen siendo atendidas. En ese marco, las acciones en curso para la expansión del proyecto de la minera Antapaccay, significarían otros 25 años de impactos irreversibles acumulados en el territorio K´ana, quienes además no se ven sostenida e integralmente favorecidas por los ingresos de la actividad minera.

El Convenio Marco firmado y vigente entre la Compañía Minera Antapaccay, los gobiernos locales y
representantes de organizaciones sociales de la provincia de Espinar, fue aprobado el 2003. En el
mismo, se acuerda que la empresa minera otorgue el aporte del 3% anual de sus utilidades con la
finalidad de financiar proyectos de desarrollo social, infraestructura y necesidades urgentes de la
provincia de Espinar. En ese marco, el grave impacto generado en la salud y la economía de los
peruanos y peruanas de Espinar producto de la pandemia por la propagación de la COVID-19, ha
impulsado a los miembros del Comité de Gestión del Convenio Marco aprueben mediante el
procedimiento legal el uso de estos recursos para la distribución de un bono humanitario de mil soles para los pobladores y pobladoras por única vez.

Ante esta decisión, la empresa minera se ha negado a cumplir con la transferencia de los recursos
para el proyecto social del “bono” y ello ha generado la reacción de la población a través de
cacerolazos y en los últimos 10 días manifestaciones públicas y una presencia masiva de efectivos
policiales que terminó en brutales acciones de represión contra los que se manifestaban ejerciendo
su legítimo derecho a la protesta social. Incluso fueron reprimidos menores de edad quienes fueron
golpeados y a quienes se les quito sus celulares y documentos personales. Hechos, todos estos, que
fueron públicamente denunciados por los dirigentes sociales como actos represivos arbitrarios y
abusivos por parte de las Fuerzas Policiales.

Frente a estos graves hechos de desatención a las legítimas demandas de la población y actos de
represión denunciados, señalamos lo siguiente:

1. Rechazamos enérgicamente el uso abusivo de la fuerza policial para reprimir a pobladores y
pobladoras de Espinar mayores y menores de edad, quienes en realidad se encuentran
ejerciendo su derecho fundamental a la protesta. Así como rechazamos la estigmatización y
desprestigio contra defensores, defensoras territoriales y ambientales que lo único que viene
generando es un ambiente de temor que no ayuda a tener confianza y promover mecanismos
de diálogo con el Estado, como garante de derechos de los ciudadanos.

2. Exigimos a las fuerzas policiales presentes en el conflicto social situado en la provincia de
Espinar, que su actuación se ciña a principios básicos plasmados en instrumentos nacionales
e internacionales de legalidad, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, en aras
de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las pobladoras y pobladores
y evitar situaciones de violencia con el uso de armas de fuego.

3. Invocamos a las partes involucradas a implementar canales de diálogo idóneos para dar
cumplimiento con los acuerdos arribados en el Convenio Marco como es el pedido legítimo
del bono humanitario. Este dialogo debe permitir encausar salidas para acceder a este
derecho, y más aún para perfilar y consolidar apuestas y estrategias mayores que posibiliten
el desarrollo integral y sostenible a mediano y largo plazo de la provincia, un reto sustantivo
y mayor que de haberse atendido desde mucho antes, no llevaría a los y las espinarenses a
exigir este bono, dado la situación extraordinaria que se vive por la pandemia.

4. Finalmente, frente al brote de la pandemia de la COVID-19, que avanza en Espinar y el sur
andino, y que en el mensaje a la Nación los daños y muerte que viene generando la pandemia
apenas fue señalado por el presidente Vizcarra, exigimos al Ejecutivo a través de la PCM,
ministerios y el gobierno regional del Cusco, garanticen con la mayor celeridad posible mayor
capacidad de atención hospitalaria y se desarrollen mecanismos de atención primaria
oportuna para salvaguardar la salud y vida de los peruanos y peruanas de la población
espinarense y las comunidades del sur andino.

Cusco, 29 de julio de 2020.