Por : Área de incidencia político-legal/Red Muqui

En medio de la grave crisis económica y sanitaria que vive el país, desde diversos sectores de la ciudadanía y de distintos partidos políticos vienen planteando la necesidad de tener una Asamblea Constituyente para redactar una “Nueva Constitución”. Como sabemos, en la actual Constitución de 1993 se establece el modelo de “economía social de mercado” que en los últimos años no ha logrado garantizar el bienestar y los derechos sociales de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. En el centro del debate se pone la débil eficacia que ha tenido el Estado para garantizar el territorio, ambiente, agua, salud y trabajo.  Es evidente que no solo basta proponer una “Nueva Constitución”, sino que es necesario saber cuál va a ser el contenido y las garantías de derechos humanos que pueda tener esta Carta Magna.  Por ello consideramos importante avanzar hacia la discusión de una Nueva Ley General de Minería que sea garantía de derechos económicos sociales, culturales y ambientales, que garantice la participación ciudadana y respeto a los pueblos indígenas.

El actual Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, fue aprobada mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM en junio de1992, y una de sus principales características es que promueve la gestión privatista de las concesiones mineras y los recursos naturales mineros en el territorio nacional y a la vez impulsa la transnacionalización de la economía. Si bien el sistema actual de otorgamiento de concesiones mineras se generó en 1978, se consolidó en la década de 1990 con la Ley General de Minería; y, es la base del actual sistema de gestión del territorio a nivel nacional, que está a cargo del INGEMMET y el gobierno central mediante el Ministerio de Energía y Minas.

En 2012 en el marco del artículo 67° de la Constitución Política del Perú, se aprobó la Ley N° 26821- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. En esta ley se desarrolla la definición de los “recursos naturales” y se determina la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) como instrumento de Ordenamiento Territorial (OT). Actualmente los procesos de ordenamiento territorial han quedado sin fuerza vinculante en tanto el Ministerio del Ambiente no cuenta con la rectoría necesaria para liderar estos procesos. Esto terminó de definirse en junio del 2020, cuando el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30230; el artículo 22 de esta Ley no reconoce como vinculante el OT; es decir, los OT y ZEE no podrán definir de manera exclusiva el uso de determinado territorio para un fin.

Sumado a esto, en julio de 2020, el Ministerio de Energía y Minas emitió el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros mediante Decreto Supremo N° 020-2020-EM. El Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros (NRPM) unifica la normativa vigente sobre los procedimientos establecidos en el TUO Ley General de Minería para estandarizar los procedimientos mineros, así también tiene como objetivo la simplificación administrativa de estos procedimientos[1]. Con la emisión de este nuevo reglamento en plena pandemia y crisis económica se consolida la gestión privatista y centralista de las concesiones mineras y los recursos naturales mineros en el país. El Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros consolida un largo ciclo gestión de los recursos naturales en el país caracterizado por la ausencia de participación de los gobiernos sub-nacionales para la gestión de proyectos de gran minería y el debilitamiento de mecanismo como el de Consulta Previa para pueblos indígenas, la participación ciudadana ambiental en los procesos de certificación y fiscalización ambiental, así como la desprotección de ecosistemas frágiles.

Por ello, en el marco de las elecciones generales en el país, desde Red Muqui revisamos los planes de gobierno de diferentes partidos políticos para evaluar sus propuestas respecto a la gestión de los recursos naturales, consulta previa, ordenamiento territorial, protección del ambiente entre otros temas relacionados a la Ley General de Minería. Nos remitimos a los planes de Gobierno de cuatro partidos políticos: Acción Popular (AP), Juntos por el Perú (JP), Renovación Popular (RP) y Fuerza Popular (FP).

Haciendo una revisión de los planes de gobierno de los partidos políticos de “derecha” en materia de OT y territorio proponen lo siguiente: el partido Acción Popular señala que el aprovechamiento de los recursos naturales debe hacerse de modo racional y sostenible, generando una sostenibilidad económica, ambiental y social en beneficio de todos los peruanos; y fusionar ministerios como el de Vivienda y Ambiente; básicamente un enfoque desarrollo urbano. Renovación Popular no presenta propuesta en materia de OT, territorio o concesiones, centrándose principalmente en la modernización tecnológica de los proyectos mineros para reducir los impactos. Por otro lado, Fuerza Popular tiene propuestas sobre OT que se centran en poder fortalecer a los gobiernos locales para mejorar sus planes de desarrollo urbano con participación ciudadana, en lo referido a la actividad minera propone fortalecer los procesos de diálogo entre empresas y comunidades, fortalecer la capacidad del personal del ministerio de Energía y Minas y del Ambiente para la evolución y fiscalización ambiental. Sin embargo, ninguno de los tres partidos de derecha tiene propuestas concretas para garantizar el derecho a la consulta previa delos pueblos indígenas. La consulta previa es clave para dotar de contenido a los procesos de OT; la incorrecta aplicación de la consulta previa es una de las principales causas de conflictividad social en zonas mineras. Estos partidos tampoco muestran propuestas claras para la protección del ambiente y los ecosistemas, y la participación ciudadana ambiental, siendo la actividad minera una actividad que genera altos impactos sobre todo en los ecosistemas hídricos.

Por su parte, el partido de “izquierda” Juntos por el Perú muestra mayor claridad en sus propuestas sobre Pueblos Indígenas y protección del Ambiente: proponen la promoción de la protección de los ecosistemas a través de planes de ordenamiento, titulación de los territorios de los pueblos indígenas, e implementar los procesos de Zonificación Ecológica y Económica y OT de manera descentralizada. Adicionalmente a esto, Juntos por el Perú es el único partido que plantea reformas legislativas para mejorar las distribuciones de ingresos provenientes de la minería. Si bien no plantea abiertamente la necesidad de obtener una Nueva Ley General de Minería, es evidente que la propuesta del plan de gobierno que garantiza con mayor claridad y coherencia los derechos territoriales de pueblos indígenas y el ambiente que son la base para la desprivatización de la gestión de las concesiones mineras y la gestión de recursos naturales que se instauró desde la Constitución de 1993.

 

[1] Análisis: Nuevo Reglamento de Procedimientos mineros profundiza gestión privatista y centralista de las concesiones mineras. https://muqui.org/noticias/analisis-nuevo-reglamento-de-procedimientos-mineros-profundiza-gestion-privatista-y-centralista-de-las-concesiones-mineras/