Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

La pandemia y la segunda ola ya es inevitable en nuestro país, las cifras del número de contagios y fallecidos reportados por el MINSA son evidentes. Al momento, según la sala situacional de la Covid-19, tenemos 1.078.675 de casos positivos en el país; en las ultimas 24 horas tuvimos 3.406 casos de contagios, y a la fecha desde que inicio la pandemia se tiene registrado más de 39 mil fallecidos, y lo peor de todo es que las medidas anunciadas por el gobierno de Sagasti son insuficientes. Las camas UCI ya están colapsadas, hay colas para buscar oxigeno y la vacuna esta lejos de llegar a tiempo. Lamentablemente no hemos aprendido nada de los cuidados y las acciones preventivas de la primera ola, ni el gobierno ni la ciudadanía, y nuevamente entramos a la lógica del sálvense quien pueda.

Mientras la pandemia de la Covid-19 está entrando a su momento pico, los conflictos sociales también se han reactivado, y de modo particular en el corredor minero del sur andino. Las comunidades y la población local en Cotabambas reclaman atención sobre los compromisos no cumplidos en la mesa de dialogo de Las Bambas; los mismos reclamos se han hecho publico en el caso de Velille – Chumbivilcas, por donde pasa la carretera del corredor minero, y donde los impactos ambientales y sociales son cada vez más evidentes. En Chumbivilcas no solamente tenemos el caso de Las Bambas, en las últimas semanas las comunidades del entorno minero de la canadiense HudBay y su proyecto Constancia han denunciado que la empresa minera busca ampliar su proyecto minero sin respetar la consulta previa y sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades afectadas; al momento la población sostiene un paro indefinido mientras aguarda la llegada de representantes del gobierno nacional.

Del mismo modo, en Espinar las comunidades afectadas por el nuevo proyecto minero de Coroccohuayco han denunciado que no se esta respetando la consulta previa y que además las autoridades nacionales han abandonado la mesa de diálogo y que buscan desconocer los acuerdos previos arribados meses atrás. En el caso de Espinar, además, hay una sentencia que ha sido ratificada por la Sala Mixta de Canchis que obliga al Estado Peruano a través del MINSA y sus órganos competentes a atender de manera integral la salud de las personas afectadas por metales tóxicos. Esta situación no solo pasa en Espinar; a nivel nacional existen miles de personas expuestas a la presencia de metales tóxicos en sus cuerpos y muchos de ellos se encuentran ubicados en zonas de actividad minera.

Desde la Red Muqui advertimos y alertamos de la situación de tensión que se vive en este momento en el corredor minero, muchas de las demandas planteadas por las comunidades afectadas y la población local ya han sido planteadas en mesas de dialogo pasadas. Lamentablemente estas nos se han cumplido, tanto por el gobierno nacional como por las empresas mineras. Urge que el gobierno atienda de manera seria e integral estas demandas, lo contrario significara la suma y reactivación de conflictos sociales inminentes.