Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

El pasado 30 de marzo desde la Red Muqui hemos tenido a bien organizar el debate electoral denominado “Construyendo Alternativas Frente a la Expansión Minera”, en dicho espacio participaron candidatos a la plancha presidencial de 5 partidos políticos: Victoria Nacional, Juntos Por el Perú, Perú Libre, Partido Nacionalista y el Partido Morado. Las preguntas que les planteamos a los representantes de estos partidos son parte de la #AgendaMuqui2021, documento que es fruto de un proceso continuo de debate y reflexión, que ha recogido aportes de los espacios macro regionales del norte, centro y sur del país, así como las demandas y preocupaciones de las organizaciones sociales, poblaciones y comunidades afectadas por la minería en el país.

Los cuatro ejes sobre los cuales han respondido los candidatos son: 1) Derechos humanos, conflictos sociales y criminalización de la protesta. 2) Atención para afectados/as en la salud humana y ambiental en zonas mineras. 3) Territorio, concesiones mineras, consulta previa. 4) Alternativas al desarrollo y diversificación económica. Las respuestas de los candidatos/as han sido variadas. Sobre el primer eje, varios han insistido en la necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales y revisar algunas normas que permiten la criminalización de los defensores ambientales. En relación al segundo eje se habló de reducir los pasivos ambientales, indemnizar a las familias afectadas por las empresas mineras y fortalecer la Comisión Multisectorial de la PCM para generar políticas de atención para los afectados por metales tóxicos.

Con respecto al tercer eje, algunos candidatos señalan que no debe darse autorización a los proyectos mineros que no tienen licencia social y que se debe realizar la consulta previa. Casos como Tía María y Conga donde no hay condiciones para desarrollar un proyecto minero, simplemente se deben dejar de lado, se mencionó. Sobre el cuarto eje, resaltamos algunas planteamientos como mayor apoyo a la agricultura familiar, que la diversificación economía no solo pasa por la minería, si no por otras actividades económicas como la agricultura, que es el punto medular de la economía. Finalmente se ha señalado que la minería es un sector estratégico, que nadie está en contra de la inversión y que no todos los proyectos son negativos, pero que se debe pensar en una matriz diversificada que respete las decisiones de las comunidades y poblaciones afectadas.

Desde la Red Muqui creemos que es central incorporar en la toma de decisiones la participación de la gente, sobre todo cuando se trata de decidir el uso de sus territorios; lamentablemente la política minera en el país, en la mayoría de casos, ha sido impositiva, sin informar ni dejar participar a la población, y por el contrario se ha buscado perseguir y criminalizar a los lideres y dirigentes sociales cuando estas han defendido sus territorios. El nuevo gobierno debe plantear una nueva relación con la minería, y esto pasa por cambiar el marco normativo minero que tiene más de 30 años de “parches” y, sobre todo, se tiene que implementar un mecanismo de escucha y participación real de las comunidades y poblaciones afectadas por la minera. De no plantearse estos cambios mínimos los conflictos se mantendrán y los espacios de diálogo se agotarán. Lamentablemente las promesas políticas y buenas intenciones de los partidos no son suficientes para resolver esta problemática.