Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Recientemente la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo público su informe sobre los abusos y violación de derechos humanos cometidos durante las protestas sociales contra la designación de Manuel Merino como presidente interino. El informe es claro y determinante, señalando que: “La policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza ante las protestas masivas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020” así mismo el documenta precisa que la PNP incumplió con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Sobre el tema el ministro del Interior José Elice reconoce en parte el informe de Naciones Unidas, pero señala a su vez que: “quizás hay un poquito de exageración en algunas partes”. Lo cierto es que el informe si confirma lo que ya sabíamos, no solo se cometieron excesos, se asesinó, hirió y detuvo a personas de manera ilegal y se debe sancionar a los responsables directos y políticos.

Lamentablemente la actuación de la PNP en los conflictos sociales en nuestro país en los últimos años ha sido lamentable, los saldos de los fallecidos, heridos y criminalizados son muy altos, por ello urge la reforma policial, pero a su vez un cambio más profundo en el Ejecutivo para la gestión y atención de los conflictos sociales y particularmente en el sector minero. Por lo pronto, la criminalización de la protesta social se mantiene intacta, la semana pasada hemos conocido del caso y la sentencia de los dirigentes sociales y agrícolas en el valle de Tambo, el Juzgado Colegiado Penal de Arequipa a absuelto a 10 lideres y 01 abogado y ha sentenciado a pena efectiva a tres personas, 02 ex dirigentes sociales y 01 ex alcalde, las penas van de 7, 12 y 18 años. Como es evidente la sentencia ha generado la indignación de la población del valle de Tambo y de Arequipa, varias organizaciones de derechos humanos y los abogados de la defensa legal en el caso han señalado que es una sentencia contradictoria y que hay una especie de ensañamiento contra algunos dirigentes sociales.

Finalmente, esta semana se ha retomado el juicio contra varios dirigentes sociales de Chumbivilcas Cusco, quienes entre el 2011 y 2012 protestaron contra la minera Anabi SAC para denunciar la contaminación en los ríos de Llusco, los dirigentes ya fueron juzgados y absueltos en primera instancia el 2020, sin embargo debido a la apelación de la Fiscalía, la minera Anabi y el Ministerio del Interior, los dirigentes volverán a ser juzgados en segunda instancia, aun sabiendo que no hay pruebas ni argumentos jurídicos que los condenen. Desde Red Muqui creemos que a la reactivación de los conflictos sociales se vienen la reactivación de la criminalización de las protestas sociales. Sumado a esto, la semana pasada el precio del cobre subió a sus niveles históricos del 2013, con ello seguramente tendremos mayor presión en los territorios por parte de las empresas mineras y el mismo gobierno nacional para insistir con proyectos mineros cuestionados. Empezamos el 2021 con un escenario difícil para las comunidades afectadas por la actividad minera.