A punto de cumplir 200 años de la independencia del Perú, actualmente el estado se encuentra en una gran deuda respecto al derecho a la salud ambiental producto de la promoción indiscriminada y sin regulación de la minería en territorio nacional. Son las comunidades y poblaciones de las zonas más pobres quienes reciben el mayor impacto contaminante de la industria minera, por la contaminación, el aire, el agua o el suelo. Respecto a ello el Ministerio de Salud el año pasado identificó 10 millones de personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas en el país (Informe Especial N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA). La mayoría de esta contaminación es a causa de las industrias   extractivas como la minería, es por ello que desde septiembre de 2020 la PCM viene construyendo el “Plan Especial Multisectorial de atención a personas afectadas por metales tóxicos”, este plan aún no se encuentra aprobado y se espera que puede aprobarse e implementarse de manera efectiva.

De igual forma en el Congreso de la República el 31 de marzo aprobó por unanimidad el Dictamen 21-2017-2018 /CSP-CR, dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 1256/2016 y Ley N° 2740/2017 para Fortalecer la Prevención, Mitigación y Atención de la Salud Afectada por la Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas. Esta ley aún se encuentra esperando ser aprobada por el Ejecutivo Nacional. Entre las principales medidas que establece están:

  1. Enfoque de salud humana y ambiental en políticas públicas
  2. Articulación intersectorial e intergubernamental
  3. Actualizar Protocolos e instrumentos técnicos del MINSA.
  4. Creación del Registro Nacional de personas afectadas en la salud por metales pesados y otras sustancias químicas.

Es importante resaltar que son dos los principales problemas para la implementación efectiva del derecho a la salud ambiental: 1) actualmente no existe una política intersectorial donde los criterios de productividad respondan también criterios de protección de los derechos humanos. Son los Ministerios como Energía Minas, Producción o Economía y Finanzas quienes han venido ordenando las políticas públicas del estado y se han dejado de lado el fortalecimiento de las rectorías de Ministerios como el de Salud y Ambiente.  2) La falta de descentralización política, económica y ambiental.  Actualmente es el gobierno central quien termina decidiendo la aprobación de los proyectos mineros de la gran minería y base al sistema que además sostiene un sistema de evaluación, fiscalización y sanción ambiental debilitado y centralizado.

Los retos de cara al Bicentenario, son que el movimiento social y de derechos humanos pueda lograr poner en el centro la importancia de un desarrollo económico justo es decir que no siga sacrificando la vida de las personas y violando derechos humanos, y para esto es necesario que la gestión de la minería no siga estando en manos  de los privados y sea el Estado que de forma descentralizada , participativa y en base al respeto al ambiente pueda planificar  la producción minera y contener su expansión indiscriminada , para ello es necesario un nuevo marco constitucional que constitucionalice y establezca la más alta jerarquía el derecho a la salud ambiental y derechos sociales conexos.

Queda claro que en el marco de las elecciones generales que los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) al ser defensora de la Constitución de 1993 seguirá defendiendo un modelo de desarrollo y expansión minera a costa del derecho a la salud ambiental. Por su parte Pedro Castillo ( Perú Libre) ha dicho que quiere nacionalizar los recursos estratégicos y además propone una Nueva Constitución, esperamos que esta política de nacionalización vaya de la mano con políticas de protección ambiental y atención efectiva de la salud de las miles de personas afectadas por metales tóxicos productos de la industria minera en nuestro país, ya que los derechos no puede seguir esperando más en nombre del desarrollo económico.