Frente a los Decretos Supremos 027 y 028 publicados recientemente que declaran como necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autoriza a la empresa Nuevo Arcoiris SAC a adquirir 21 derechos mineros dentro de los 50 km de zona de frontera norte en Tambogrande, las autoridades y la población local de Tambogrande a través de una reciente reunión ha rechazado el ingreso de la minera Nuevo Arcoiris y para ello han elegido y juramentado un comité técnico de defensa del valle de San Lorenzo.

El comité elegido será presidido por el alcalde del distrito de Tambogrande, Alfredo Rengifo y estará acompañado por dirigentes agrarios y miembros de la sociedad civil. Como primera acción han acordado reunirse este sábado 19 de diciembre para analizar las acciones que van a desarrollar, entre ellas plantear una movilización y el envío de cartas y documentos al Ejecutivo para que se desista del ingreso y autorización del proyecto minero de Nuevo Arcoiris, y para evitar el posible reinicio de un conflicto social en plena pandemia.

Las autoridades y población organizada han adelantado que de no obtener respuesta alguna por parte del gobierno, todo el pueblo de Tambogrande y el Valle de San Lorenzo tomaran medidas de protesta en contra de la minería.

Como se sabe, el problema radica en los 21 derechos adquiridos que afectarían directamente un total de 16,300 has del distrito, es decir 163 millones de metros cuadrados dentro de los cuales se encuentran 20 centros poblados, más de 1,100 predios agrícolas en producción y canales de irrigación del Valle de San Lorenzo.

A ello se suma lo manifestado por el alcalde Rengifo quien mencionó que dicha decisión de otorgar 21 derechos a la empresa Nuevo Arcoíris no fue consultada al pueblo quienes se enteraron a través de la prensa escrita.

Como se recuerda, la consulta ciudadana hecha en Tambogrande en el 2002 mostró un rechazo de más del 90% de la población a la posibilidad de tener gran minería en la zona cercana al valle. Desde ese momento hasta la actualidad, se reclama por una zonificación ecológica y económica clara que permita zanjar estos debates y aclare qué áreas del país son para minería y cuáles para agricultura