La Red Muqui Nacional, Muqui Norte y las instituciones miembros que las conforman, se dirigen a la opinión nacional e internacional, respecto a la inminente reactivación del conflicto social generado por la minera China: Río Blanco Copper S.A.C, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura, y San Ignacio y Jaén en Cajamarca, para manifestar lo siguiente:

Primero: Resulta un acto de provocación al conflicto, la decisión del gobierno de Vizcarra de pretender nuevamente imponer el proyecto minero Río Blanco en el territorio de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), Piura, con el pretexto de la ejecución de un plan de sensibilización social extendido hasta el 31 de agosto del 2022, previo a la rehabilitación de la exploración minera prevista hasta el 24 de mayo 2030. Los daños de la exploración se concretaron entre el 2004 y el 2008, años en que la empresa Minera Majaz, propiedad de la empresa junior inglesa Monterric Metals, fue multada el 2005 (MEM-DGM) y el 2008. OSINERGMIN hizo lo propio con la empresa minera Río Blanco Copper, propiedad de tres accionistas chinos, liderado por Zijin Mining Group Co., por afectar territorios que no formaban parte de la certificación ambiental e infringir las normas ambientales.

Segundo: La emisión de la Resolución Directoral N° 257 -2020/MINEM-DGAAM el 13 de marzo del 2020, aprobó la segunda modificación de la actualización del plan de rehabilitación del proyecto de exploración minera Río Blanco. Que prevé primero implementar un plan de sensibilización social que rige retroactiva e ilegalmente desde el 1 de setiembre del 2019 y el 13 de marzo del 2020, y legalmente desde el 14 de marzo 2020 hasta el 31 de agosto 2022, el que además de programas como el de “Madre Tejedora” y de “Sanidad Animal y Vegetal”, incluye la construcción del acceso terrestre al proyecto minero Río Blanco sobre el territorio de las comunidades, para luego hacerlo vía pública y con ello promover el ingreso de otros actores foráneos a estos territorios. La situación se agrava porque el Ministerio de Energía y Minas ha hecho llegar la resolución recién el 16 de octubre 2020 a los alcaldes de Carmen de la Frontera y Huancabamba, con más de 7 meses de retraso, período en el cual la empresa ha seguido intentando ingresar al territorio de las comunidades con ofrecimientos de apoyo orientados a la división de los dirigentes, los reonderos y comuneros de la zona.

Tercero: Todos estos tramites administrativos resultan contradictorios, ya que el mismo OEFA y la Oficina General de Gestión Social del MINEM, han constatado en reiteradas ocasiones que no existe la licencia social al proyecto Minero Río Blanco por parte de las comunidades campesinas y las poblaciones locales de Ayabaca y Huancabamba. Los pobladores saben que si el proyecto ingresa va constituir un grave riesgo contra los ecosistemas hídricos del páramo y los bosques de neblina que regulan el agua y garantizan la biodiversidad de la cual depende el agro y la vida de las poblaciones involucradas. Por ello, es que la población de Piura respaldó el resultado de la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, donde más del 97% votó por el agro y la vida y rechazó la actividad minera en la zona, cuyo intento de imposición tiene 10 fallecidos y varios dirigentes denunciados y criminalizados por defender su territorio.

Cuarto: Así mismo, llama la atención la injerencia del gobierno chino para insistir con la ejecución de este proyecto. Recientemente su embajador en el Perú, Liang Yu, afirmó que su país espera que con el apoyo del gobierno peruano avancen sin dificultad los proyectos Río Blanco, Toromocho y Galeno, ya que Perú abastece el 27% del consumo de cobre de China.

Finalmente, desde Red Muqui exhortamos al gobierno nacional: respetar la decisión de la población de Carmen de la Frontera – Huancabamba; de Pacaipampa y Ayabaca, y que se revise y derogue la R.D. Nro 257 del MINEM y el retiro de la empresa minera Río Blanco de la zona. El gobierno nacional y las autoridades regionales, en tiempos de pandemia generado por la Covid-19, deben fortalecer la protección de los ecosistemas que garantizan la agroalimentación y la vida de millones de personas. Por ello hacemos un llamado nacional e internacional para respaldar la decisión de las poblaciones de Ayabaca y Huancabamba; no se puede permitir hacer minería en cualquier lugar y sin licencia social, se debe respetar la consulta, la protección de los páramos y bosques de neblina que garantizan el agua, el agro y la vida.

 

 

Piura y Lima, 28 de octubre del 2020.