Relatora de la ONU: “Nuevo gobierno debe poner fin a ataques e impunidad contra defensores de DDHH”
Recientemente, Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, participó en el Foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú”. A raíz de ello, realizamos la siguiente entrevista.
De acuerdo al último informe de Global Witness, a nivel mundial se registraron 227 asesinatos a defensores de derechos humanos el 2020, lo que constituye un aumento en las cifras históricas respecto a años anteriores. Perú se encuentra en el noveno lugar en el ranking de personas defensoras de derechos humanos asesinadas durante el año pasado, registrando 6 personas asesinadas.
¿Cuál es la situación de los defensores en Perú, desde la labor que viene realizando como relatora?
Mary Lawlor: Entre 2015 y 2019, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró el asesinato de 24 defensores de los derechos humanos en Perú. Esta cifra es, casi con toda seguridad, inferior a la cantidad real de todos los asesinatos. Lamentablemente, los defensores han seguido siendo asesinados en el país durante estos años, mientras esto pasa, recibo información frecuentemente sobre amenazas de muerte y ataques físicos contra defensores peruanos, a menudo son miembros de comunidades indígenas; así como actualizaciones sobre casos de criminalización, como el de César Estrada Chuquilín -un defensor víctima de amedrentamiento a raíz de su defensa por el agua de la contaminación minera en Cajamarca -. El nuevo gobierno debe poner fin a este ciclo de ataques que van acompañados de la impunidad contra los defensores de DDHH.
En el Perú desde el 2019 se aprobó el Protocolo de protección para personas defensoras de DDHH, y en abril de este año se aprueba el mecanismo intersectorial para la protección de defensores. A partir de este mecanismo está pendiente la emisión de un nuevo Protocolo. En este marco, ¿cómo evalúa la implementación del mecanismo intersectorial?
Mary Lawlor: A la hora de poner en marcha el nuevo mecanismo intersectorial de protección de los defensores de los derechos humanos, es fundamental que el Gobierno peruano mantenga una línea de diálogo con los defensores para garantizar que el mecanismo resulte realmente eficaz en la práctica, y que no se repitan los fallos de los esfuerzos anteriores de apoyo a los defensores. Esto requerirá que el Gobierno vaya a los lugares donde están los defensores, ya que los defensores más necesitados de apoyo suelen estar en zonas rurales y aisladas del país. La Comisión Interamericana también ha hecho varias recomendaciones importantes sobre el mecanismo, que espero sean tenidas en cuenta por el Gobierno.
¿Qué recomendaciones fundamentales considera que el gobierno actual de Perú debe implementar?
Mary Lawlor: Las soluciones a la inseguridad a la que se enfrentan los defensores deben desarrollarse con ellos de forma colectiva, con el Estado proporcionando apoyo a los mecanismos de autoprotección que los defensores ya han puesto en marcha y garantizando que haya vías de apoyo práctico rápido cuando los riesgos a los que se enfrentan los defensores, los sobrepasen. Sin embargo, esto debe ir acompañado de debates francos sobre las medidas necesarias para abordar las causas profundas de los conflictos sociales y medioambientales que ponen en peligro a los defensores, incluida la falta de protección legal y de respeto de los derechos de los pueblos indígenas tanto por parte de las empresas como del Estado, en particular en lo que respecta a sus territorios; la corrupción; y la impunidad de los ataques contra los defensores.
En torno al acuerdo de Escazú, el 16 de septiembre el Ejecutivo envió el proyecto de ley 239/2021-PE al Congreso para que se ratifique el Acuerdo. ¿Cuál sería la importancia de que el Estado peruano firme el acuerdo de Escazú?
Mary Lawlor: El acuerdo de Escazú es el primer Tratado que considera específicamente a los defensores del medio ambiente. Su entrada en vigor es un hito importante en el reconocimiento de la labor de los defensores de los derechos humanos y del derecho a un medio ambiente sano. Para complementar los esfuerzos que ya están en marcha para apoyar a los defensores, el Estado peruano debería hacer de la ratificación del acuerdo una prioridad, ya que la transformación efectiva del Acuerdo en ley nacional podría no sólo ayudar a proteger a los defensores del medio ambiente, en particular a través del artículo 9, sino empoderarlos en su trabajo, especialmente a través de los artículos 5,6,7 y 8.
