La vida de las personas defensoras del ambiente continúa en peligro. Un nuevo caso se registró en la noche del jueves 07 de julio en la comunidad nativa de Huascayacu, en la provincia de San Martín, cuando la brigada de la policía comunal awajún se encontraba realizando labores de vigilancia en la comunidad para resguardar el territorio, pues, de acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde hace un año, la zona viene siendo invadida por personas que realizan actividades ilegales como invasión de territorios comunales, tráfico de tierras, sembrío de hoja de coca, entre otras.

De acuerdo declaraciones del presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam), Wilfredo Tsamash, mientras que el grupo de comuneros realizaban su labor de protección de su territorio, se encontraron con más de 20 “invasores” que portaban armas, palos y chalecos que los identifican como rondas campesinas, que habían ingresado al territorio sin autorización, y que exigían derechos sobre territorio indígena para instalar una base de Rondas Campesinas en una zona que colinda con la comunidad de Sugkash. Los comuneros awajún exigieron a los invasores que se retiren, como consecuencia de esto, los “invasores” iniciaron el enfrentamiento que tuvo como resultado el saldo de un muerto y siete personas heridas.

REUNIONES SOBRE CONFLICTO SOCIAL

Frente a esto, el domingo 11 se realizó una reunión para que el hecho sea discutido y lograr acuerdos para solucionar el conflicto. El espacio de diálogo contó con la presencia de comuneros de Huascayacu, representantes indígenas de FERIAAM y CODEPISAM, representantes de las rondas campesinas, así como representantes de la Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad del Gobierno Regional de San Martín, la Policía Nacional del Perú, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Prefectura Regional de San Martín, la DDC San Martín, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.
Uno de los puntos que se discutió en la reunión fue la legitimidad de la ronda campesina involucrada en el conflicto. Sobre esto, Wilfredo Tsmash señaló que a pesar de que los invasores se hicieron pasar como rondas campesinas, en realidad son “migrantes de diferentes partes del Perú que llegaron a San Martín”. Sumado a esto, la asesora de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), remarcó que “ninguna ronda campesina puede crearse en territorio indígena”, esto en el marco de que la ronda campesina se creó en la zona ocupada por la comunidad de Sugkash.
Frente a esto, el presidente de las Rondas Campesinas – sede Nuevo Huancabamba, Franklin Altamirano Achaca, reconoció que la base ronderil formada “no está reconocida por su base” y no tiene el reconocimiento de las bases distritales y provinciales. Por lo que lamentó los hechos ocurridos y solicitó se disuelva la base formada.
Tras la reunión,las partes llegaron a otros acuerdos:
1. Que la comunidad nativa de Huascayacu y los arrendatarios se comprometieron inmediatamente a cesar todo tipo de acciones que generan violencia, por el bien de la población.
2. Que la próxima reunión se realizará el 15 de julio, a las 10 a.m. en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de San Martín, que contará con la participación de los representantes de los arrendatarios y comuneros de Huascayacu. Además de la presencia de autoridades y representantes de las organizaciones indígenas representativas: la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (Feriaam) y la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam).
Es importante mencionar que los dirigentes indígenas enfatizaron la urgencia de garantizar el respeto de los derechos territoriales de las comunidades nativas Awajún de la región San Martín. Asimismo, recalcaron que los comuneros de Huascayacu no portan armas de fuego, y llamaron al entendimiento y al diálogo para una convivencia de paz.

ACUERDOS DE DEFENSORES AMBIENTALES CON MINISTERIOS:

Como se señaló al inicio, este es un caso más que demuestra la situación de desprotección de las personas defensoras del ambiente en el Perú. Constantemente, son amenazadas, violentadas por defender el territorio y el medio ambiente, incluso, son asesinadas.

Por esa razón, el 17 de junio, en el marco de la Campaña Nacional Defensoras y Defensores del Perú, defensores de diferentes regiones se reunieron con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para buscar llegar a acuerdos que reconozcan su labor, y protejan sus derechos y sus vidas.

En la reunión con el MINJUS, entre los acuerdos se estableció que:
El MINJUS convocaría a reuniones con las organizaciones para discutir y proponer un Acuerdo Plenario, con el cual se busca establecer pautas que prevengan y eviten la criminalización de la protesta
El MINJUS se comprometió a solicitar recursos al Ministerio de Economía y Finanzas para la implementación del nuevo protocolo intersectorial de protección, que tiene como objetivo mejorar la protección de defensores y defensoras
El MINJUS instalaría una mesa instersectorial para la coordinación e intervención sobre violación de derechos a defensores.

Por otro lado, en la reunión con el MININTER, si bien no se lograron llegar a acuerdos, algunas de las posibilidades que se discutieron fueron:

El viceministro, Martín Parra, señaló que es importante aperturar canales de diálogo para evitar mayor escalas de violencia en situaciones de conflictos sociales
Frente a la exigencia de los y las defensoras sobre la implementación de procesos de capacitación de DDHH en la formación policial, el viceministro señaló su interés por implementarlo
El MININTER se comprometería a revisar los casos expuestos por defensores sobre excesos y desproporcionalidad del uso de la fuerza policial en territorios en conflicto

Sin embargo, hasta la fecha, los ministerios no han avanzado con los acuerdos y pendientes establecidos en las reuniones. Como consecuencia, las personas defensoras siguen desprotegidas y sin un apoyo concreto en la defensa del medio ambiente. Ante la inacción del Estado, seguirán siendo amenazadas, violentadas y asesinadas.