Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

En medio de la agitada campaña electoral de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo varios hechos han pasado esta semana en medio de la dramática situación por la que vienen atravesando miles de peruanos y peruanas. Según los datos del MINSA y el SINADEF, esta semana se ha registrado un promedio de 400 muertes diarias, siendo el numero más alto durante la pandemia. Lamentablemente la respuesta del gobierno sigue siendo deficiente y lenta, sobre todo para brindar oxígeno, implementar más camas UCIs, e inclusive en la gestión de las vacunas. Lo más grave es que estos datos de contagios y fallecidos ya no están presentes en los medios y la opinión publica, pareciera que hay una silenciosa complicidad de resignación frente a la situación de abandono y muerte que estamos viviendo.

Sin embargo, en medio de esta situación tan crítica, el día de ayer hemos recibido una buena noticia por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, quien anunció que el Poder Ejecutivo aprobó la creación del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos (Decreto Supremo N° 004-2021-JUS). La norma salió publicada el día de hoy en el diario oficial El Peruano. La aprobación de esta herramienta tiene como objeto establecer “medidas para garantizar la prevención, la protección y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades”. La norma, además, tiene un carácter intersectorial, ya que establece obligaciones para los ministerios del Interior, Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Desarrollo Agrario y Riego.

Desde Red Muqui saludamos la aprobación de este mecanismo, y sobre todo la apuesta que hace el MINJUSDH para proteger a los defensores/as de derechos humanos en nuestro país. Además de los defensores ambientales asesinados en la Amazonía en los últimos meses, están los casos de hostigamiento, amenazas y criminalización de defensores en la zona andina, sobre todo donde existen grande proyectos mineros. El caso del corredor minero del sur andino es donde uno puede observar estas múltiples afectaciones a los defensores/as, sobre todo contra lideres/as y dirigentes comunales que son críticos a la actividad minera. El desafío ahora será la implementación y puesta en practica de este mecanismo, el escenario no es nada fácil, ya que estamos en un contexto de pandemia y se tienen varias restricciones y, por otro lado, debido a la crisis económica, la situación de riesgo para los defensores/as ha aumentado, tanto en zonas de actividad extractiva legal e ilegal.