¿Serán los consorcios agroindustriales quienes saciarán el hambre de una población creciente?
La Cumbre de Sistemas Alimentarios se realizará el próximo Jueves, 23 de septiembre de 2021, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York en un formato virtual. Esta cumbre es un encuentro de las grandes corporaciones y líderes de los agronegocios, que ya se han asegurado un rol dominante. Su objetivo es asegurarse las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0. Es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, que comprende tanto cultivos transgénicos y semillas corporativas como sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas.
Por eso no es de extrañar que haya surgido un movimiento global alternativo, integrando numerosos movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo, que rechazan esta cumbre y se han propuesto organizarse e informar sobre las alternativas ya existentes en una contracumbre realizada a finales de julio.
Para hacer frente a la creciente demanda de alimentos para cerca de diez mil millones de habitantes que poblarán la tierra para el año 2050, las corporaciones de la industria agroindustrial reiteran que, con el despliegue global de sus cadenas de producción, mediante nuevas tecnologías agrupadas en lo que denominan “agricultura inteligente”, nos ayudarán a sobrevivir el caos climático y la inseguridad alimentaria que ya padece actualmente más de la mitad de población mundial.
O, dicho de otro modo, si se abren las compuertas a lo que la agroindustria califica de progreso, ahora sí podrán dar respuesta a lo que no han hecho durante las pasadas siete décadas. Tiempo que han tenido para asentarse y expandir su negocio a nivel planetario hasta acaparar el 75 por ciento de las tierras cultivables.
En este proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de superficie apta para el arado y talan 7.5 millones de hectáreas de bosque, según cifras entregadas por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, organización dedicada a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos.
La agricultura familiar, en cambio, que sólo dispone de un 25 por ciento de las tierras es capaz de proveer alimentos al 70 por ciento de la población mundial. Una ecuación a la inversa como se observa en todo el mundo. Y es que tal vez uno se podría preguntar si acaso el objetivo de los consorcios agroindustriales es satisfacer las urgencias de los hambrientos o el bolsillo de sus dueños.
En este contexto el secretario general de la ONU Antonio Guterres anunció para septiembre de 2021 la realización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios como una respuesta al aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional.
Una reunión anunciada desde un cargo público y ofreciendo las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Participantes y dinámica dependen de las posibilidades económicas a menos que solventen los gastos empresas promotoras o filantrocapitalistas. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.
De hecho, Guterres anunció que la Cumbre se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino convidadas posteriormente a participar.
La percepción de que el debate alentado por los organizadores de la Cumbre gira en torno al aumento de la productividad y privilegia las propuestas que profundizan las desigualdades y dependencias tecnológicas, ha conducido al rechazo de la cumbre por un gran número agrupaciones de pequeños productores de alimentos y organizaciones de trabajadores rurales y movimientos sociales de base y comunitarios. E incluso organismos públicos de gran prestigio en sus países como el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor se han negado a participar en este encuentro y han exigido, en cambio, que el debate sobre alimentación enfoque cuestiones fundamentales como el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable, la garantía de soberanía alimentaria así como el respeto y la valorización de tradiciones, culturas y saberes locales.
Contracumbre
Más de 300 organizaciones de todo el mundo de productoras y productores de alimentos a pequeña escala de la sociedad civil, personas que trabajan en el ámbito de la investigación y pueblos indígenas se han dado cita a fines de julio en un encuentro virtual, denominado “Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre”, para protestar contra la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
Para Omar Aziki, representante de la Red Norafricana por la Soberanía Alimentaria, la pandemia de Covid-19 ha significado mirar al espejo de lo que significa nuestro sistema de alimentación, ya que ha desnudado las grandes fallas de la agroindustria que afecta tanto a territorios como cuerpos y causa serios daños a nuestra salud, biodiversidad y ecosistemas. Además la crisis ha mostrado la profundidad de las inequidades estructurales, la discriminación, la explotación, el racismo y el dominio patriarcal prevaleciente en nuestras sociedades, exacerbando el hambre y las deficiencias de los sistemas de salud.
Por eso, Aziki y organizaciones de agricultores organizadas en red como La Vía Campesina exigen un cambio radical en la manera de producir y consumir los alimentos. Señalan todo lo que se puede aprender de las redes de solidaridad y cuidado que la gente, en especial los más vulnerables e históricamente oprimidos, han desarrollados durante la pandemia.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria en África presenta el ejemplo de Zambia, donde el gobierno ha apostado por subsidiar directamente insumos controlados por agroconsorcios: fertilizantes y pesticidas químicos y semillas híbridas. Con lo cual crea dependencias de mercados controlados precisamente por esos consorcios. La Alianza Zambiana por Agroecología y Biodiversidad impugna estas políticas porque destruye las prácticas agroecológicas y los sistemas de cuidado e intercambio de semillas locales. Además dice que en algún momento el gobierno no tendrá presupuesto para seguir subsidiando los insumos corporativos, mientras que la necesidad de alimentarse no se acabará.
Como primer paso para asegurar la autosuficiencia en la producción de alimentos los pequeños campesinos ya habrían ganado algo, si el gobierno promoviera el uso de fertilizantes orgánicos y permitiese su venta en las tiendas al igual que las semillas locales. De lo contrario, cuando el gobierno ya no tenga los medios para subsidiar el paquete agroindustrial, los campesinos deberán pagar más por los insumos mientras los suelos ya habrán perdido su fertilidad natural.
Y es que no se trata de un ejemplo aislado. Por el contario forma parte de lo que por ejemplo en el continente más antiguamente poblado se ha denominado Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) alentada y financiado por una alianza de gobiernos, la cooperación internacional e instituciones filantrópicas como la Fundaciones Gates y Rockefeller.
Según una declaración de 2006, año de su fundación la iniciativa planeaba duplicar hasta 2020 el ingreso de 20 millones de pequeños agricultores y reducir a la mitad la escasez de alimentos en 20 países africanos.
Si su desempeño se midiera de acuerdo e estas proyecciones, el resultado, obtenido en las mismas categorías, es un fracaso total. De acuerdo a un estudio de 2020 publicado por varias organizaciones de desarrollo alemanas y africanas, la cantidad de personas que sufren hambre no solo no ha bajado en los 13 países africanos socios, sino que ha aumentado en más de un 33 por ciento. En tanto la productividad agrícola en ocho países creció a un ritmo menor que en el periodo previo al AGRA y en dos incluso disminuyó.
Y para volver al ejemplo de Zambia, aquí ya se observa una crísis de endeudamiento, pues los campesinos tuvieron que tomar créditos para poder comprar semillas híbridas y abono químico.
Y, como las cosechas no fueron las que esperaban, no pueden pagar sus deudas. También el gobierno de Zambia tiene una montaña de deuda impaga porque compró semillas y abono a altos precios para repartirlos entre los campesinos. Ahora adeuda 106 millones de dólares. En otros países africanos se producen situaciones similares. Nuevamente cabe preguntarse a quién beneficia esta política.
La iniciativa AGRA en tanto, ha encontrado otra forma de obviar preguntas incómodas y hacer desaparecer de la página web actual -en la que abundan números como aquél de 23 millones de pequeños campesinos a los que habría beneficiado la iniciativa con un costo de inversión de más de 550 millones de euros – sus proyecciones hechas en 2006 que 15 años después resultaron una quimera con más hambre que nunca en la región a pesar de toda la moderna tecnología.
La situación en América Latina y la posición de La Vía Campesina
La vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas en América Latina rechazan la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas y se han propuesto desmantelar las intenciones que entraña. Entre las organizaciones más activas en la región La Vía Campesina ha hecho hincapié en la necesidad de devolver el control de la producción de alimentos a los pequeños productores y en la necesidad de la agroecología como única vía de alcanzar la soberanía alimentaria.
Jesús Vázquez Negrón de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica que forma parte de La Vía Campesina Caribe destaca que su país cuenta con tierra y agua suficiente para producir en forma agroecológica el 100 por ciento de alimentos saludables para toda la población de Puerto Rico. „Además tenemos conocimientos jíbaros, campesinos, semillas, personas motivadas en (hacer) producir la tierra y que sin embargo no tienen acceso a ella“.
Su organización ha estado promoviendo cambios para el beneficio de quienes trabajan la tierra y quienes representan los sectores más olvidados e ignorados por parte de la sociedad y del Estado.
“Gracias a la concientización, las luchas y las movilizaciones, el movimiento campesino ha logrado que el Estado apruebe una ley en la que se define como política pública reservar más de 600 mil cuerdas (una cuerda, es la métrica usada en Puertto Rico y que equivale a 0,4 hectáreas) o 240 mil hectáreas, para producir alimentos, para el desarrollo de la agricultura“, afirma Vásquez.
Un avance, qué sin embargo, aún no se traducido en medidas tangibles o en programas que se estén ejecutando, algo por lo que la organización boricuá y otras organizaciones campesinas siguen abogando.
Una conclusión que a Jesús Vásquez le importa destacar es la política pública como herramienta fundamental para transformar los sistemas agroalimentarios „porque hay que hacerles entender a los estados la responsabilidad que tienen con el ambiente y con la alimentación como un derecho humano básico“.
