Octubre: un país entre la agudización de la crisis política, la presión minera y la urgencia climática

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

El mes de octubre ha sido especialmente intenso y revelador de la profundidad de la crisis que atraviesa el país. La vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral grave y la posterior asunción del congresista José Jeri a la Presidencia no representaron ningún quiebre en la conducción del Estado; por el contrario, representan la continuidad de la misma coalición política que ha capturado las instituciones y gobierna de espaldas a la ciudadanía.

A pocos días de asumir el cargo, el país fue testigo de la masiva movilización del 15 de octubre, protagonizada por jóvenes, gremios de transportistas y amplios sectores sociales que, cansados de la impunidad con la que actúan el Congreso y el Ejecutivo, tomaron las calles para expresar su rechazo al régimen y exigir respuestas claras frente a la inseguridad ciudadana, el avance del crimen organizado, la precarización económica y social, la defensa de derechos y el cese de la criminalización de la protesta, entre otras demandas urgentes.

Paralelamente, el sector minero volvió a tensionar la agenda pública. Las organizaciones de mineros artesanales y de pequeña escala se movilizaron nuevamente para exigir una ampliación adicional de cinco años del REINFO, dilatando —una vez más— la discusión estructural de la Agenda MAPE, relegada por el Congreso. Al mismo tiempo, el gobierno autorizó el inicio de operaciones del cuestionado proyecto Tía María en Arequipa, insistiendo en imponer un proyecto minero sin licencia social y ampliamente rechazada por la población del Valle de Tambo. En conferencia de prensa, las y los voceros del valle informaron sobre la presentación de una medida cautelar para suspender el inicio de operaciones del proyecto minero, mientras el Poder Judicial evalúa la demanda de amparo presentada en marzo de este año ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima, en la que solicitan que se declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2014, cuya vigencia ha sido objeto de diversas controversias.

Todo ello confirma que la prolongada crisis política que atraviesa el país continúa sin encontrar salida. Con un Perú puesto en “modo electoral” y una clase política preocupada exclusivamente por su supervivencia, se profundiza la ausencia de debate sobre los problemas estructurales: la lucha contra la corrupción, la inseguridad creciente, el aumento de la pobreza, la falta de empleo y la desigualdad persistente. Mucho menos se aborda con seriedad la agenda ambiental y climática, en un país que ya enfrenta de forma dramática los impactos del cambio climático y donde las decisiones gubernamentales siguen favoreciendo la expansión desordenada de actividades extractivas.

Finalmente, en noviembre tendrá lugar la COP30 en Brasil, considerada por muchos como una de las últimas oportunidades para corregir el rumbo ante la crisis climática global. Desde el Perú, diversas organizaciones sociales y ambientales hemos impulsando las Audiencias Climáticas y Ambientales, en el marco de la Ruta de los Pueblos, un esfuerzo colectivo destinado a construir una agenda ambiental y climática nacional que será llevada a los espacios de incidencia durante la COP30 en Belém de Pará (Brasil). Hoy, en un contexto en el que la agenda pública ha sido capturada por intereses particulares y en el que el modelo extractivo profundiza la vulnerabilidad climática y social de las comunidades, es más urgente que nunca garantizar que las voces de los pueblos y territorios sean escuchadas y que sus propuestas marquen el camino hacia un país más justo y sostenible.