Pobladores del Valle de Tambo presentan medida cautelar ante PJ para suspender ejecución del proyecto Tía María

Una delegación de defensoras y defensores ambientales del Valle de Tambo (Arequipa), junto a instituciones de derechos humanos, presentó ayer una medida cautelar ante el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en respuesta a la decisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de autorizar el inicio de explotación del proyecto minero Tía María, a cargo de Southern Perú Copper Corporation.

La acción legal busca suspender los efectos de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, emitida por el actual gobierno, que habilita la fase de explotación de un proyecto sin licencia social y con graves observaciones ambientales. Se espera que el recurso sea atendido en un plazo máximo de 30 días hábiles, al tratarse de un caso emblemático con antecedentes de represión, criminalización y muertes en la defensa del territorio.

Demanda sin resolver y antecedentes del conflicto

En marzo de 2025, los pobladores del valle interpusieron una demanda de amparo solicitando que se declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la nulidad de la autorización de construcción de la planta de beneficio del proyecto. A más de seis meses de su presentación, el Poder Judicial aún no emite un pronunciamiento.

Desde hace más de una década, los agricultores y defensores del Valle de Tambo resisten la imposición del proyecto Tía María, que consideran una amenaza directa a la agricultura, al agua y a la salud de la población local. Por ello, además de la medida judicial, anunciaron nuevas acciones de protesta en el sur del país, en defensa de su territorio y su principal fuente de vida: el agua.

Voces desde el Valle de Tambo

“Dejando nuestras tierras hemos venido a la capital porque nadie nos quiere escuchar. No se nos ha consultado para que la minera Southern siga con el proyecto Tía María, que no tiene licencia social. Están contaminando el agua y dañando la agricultura, la ganadería y la vida misma”, señaló Paulina Bodadilla, defensora del Valle de Tambo.

A su turno, Agripina Páucar, también defensora ambiental, manifestó: “Venimos desde un valle agrícola que da de comer al país. La empresa no tiene autorización para usar nuestras tierras ni nuestras aguas. Su presencia pone en peligro la agricultura y los recursos hídricos. Lo único que recibimos del gobierno son policías y militares que vienen a reprimirnos.”

Por su parte, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, advirtió: “Frente a la autorización del Estado para reiniciar la explotación del proyecto Tía María, el pueblo del valle convocará a movilizaciones pacíficas. Exigimos ser escuchados, no queremos más sangre ni persecución. Defendemos la agricultura, el agua y la vida con dignidad.

Defensa legal y contexto de hostigamiento

La defensa legal está a cargo de la Red Muqui y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), organizaciones que alertaron que el proyecto opera con un EIA caducado y sin garantías ambientales ni sociales.

Durante la conferencia de prensa del día 22 de octubre, realizada en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron vistos tomando fotografías en los exteriores, en un acto que se suma al patrón de hostigamiento y vigilancia contra defensores y defensoras de derechos humanos. Pese a estos intentos de intimidación, las y los pobladores reafirmaron su compromiso con la defensa del territorio, la agricultura y la vida.“Querrán callarnos, pero no podrán. ¡Agua sí, mina no!”, expresaron con firmeza las y los voceros de Valle de Tambo.