Pronunciamiento de la Red Muqui: Sin reformas estructurales, la violencia se agrava en Pataz – La Libertad

Ante las acciones de represión de miembros de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú contra ronderos y pobladores de Pataz (La Libertad), así como frente al hallazgo de dos personas sin vida el 19 de febrero de 2026, desde la Red Muqui expresamos lo siguiente:

1. En territorios atravesados por economías ilegales, redes criminales y la expansión descontrolada de actividades extractivas, como ocurre en Pataz y también en Huamachuco, no resulta un hecho aislado que se intente ocultar cuerpos, alterar escenas o entorpecer investigaciones. Estas prácticas, que se repiten con alarmante frecuencia, configuran graves vulneraciones al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familias. Toda información oficial debe estar acompañada de garantías reales e inmediatas: preservación estricta de la escena del crimen, cadena de custodia rigurosa de pruebas y control fiscal efectivo. No se puede permitir que los hechos se diluyan en narrativas apresuradas que descarten responsabilidades antes de una investigación exhaustiva.

2. Desde hace tiempo se ha advertido la urgente necesidad de fortalecer la formación de fiscales y operadores de justicia en contextos de economías ilegales, violencia territorial y criminalidad organizada vinculada a la minería. Diversas organizaciones, entre ellas Proyecto Amigo, han alertado sobre irregularidades en procedimientos, incluyendo presiones indebidas a familias y decisiones sobre necropsias que no siempre se realizan con enfoque de derechos, transparencia y compromiso real contra la impunidad.

3. En casos de muertes violentas, la necropsia médico-legal es obligatoria por ley; sin embargo, su ejecución debe garantizar información clara a las familias, respeto a su dignidad y supervisión estricta que asegure rigor técnico y legal. El incumplimiento de protocolos especializados y la falta de capacitación adecuada para preservar la escena del crimen y realizar las necropsias conducen a investigaciones deficientes que favorecen la impunidad.

4. Lo ocurrido en Pataz no puede analizarse de manera aislada. La provincia se ha convertido en un territorio marcado por la violencia, la militarización y la disputa de redes criminales que disputan el control del territorio. La política gubernamental frente a la minería informal e ilegal ha sido errática, fragmentada y, en la práctica, incapaz de resolver el problema estructural que la sostiene. Mientras no se atiendan las causas de fondo —falta de alternativas económicas sostenibles, el desorden en los procesos de formalización, la corrupción de funcionarios, policías y militares, la captura de autoridades locales y regionales y la débil institucionalidad y fiscalización ambiental y laboral—,la militarización sin reforma integral seguirá profundizando la violencia, estigmatización y la vulneración de derechos.

5. Exigimos investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre los hechos ocurridos en Pataz; garantías de protección para familiares y testigos; y la determinación de responsabilidades sin distinción del actor involucrado. Asimismo, demandamos la activación inmediata de mecanismos de protección efectiva para denunciantes, familiares y defensores de derechos humanos. 

6. Reiteramos que el respeto a la vida y la dignidad humana debe ser el eje de toda intervención estatal. La lucha contra la criminalidad no puede convertirse en un escenario donde las muertes se normalizan y la impunidad se instala como regla.