Pronunciamiento: Retos para los 100 primeros días del Gobierno de Castillo

PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.