Red Muqui rechaza la intimidación de la que son objeto instituciones de Derechos Humanos y ambientales por defender derechos en casos de proyectos mineros

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que desde hace 15 años acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. El gobierno del actual presidente Martín Vizcarra, que fuera Vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, mantiene la misma política de represión, criminalización de la protesta social, imposición de estados de emergencia con suspensión de derechos constitucionales, persecución de dirigentes sociales y miembros de instituciones de derechos humanos y ambientales. Indudablemente, esta política contiene el conflicto pero no los resuelve y debilita la ya precaria democracia peruana.
2. Esta forma de accionar del gobierno ahora se ha trasladado directamente a organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, es el caso de Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, organización miembro de la Red Muqui que ha sido notificada con cartas de la VII Macro Región Policial de Cusco – Apurimac y de la Procuraduria del MININTER       para que se rectifique en la información y denuncias que difunde por las redes sociales sobre abusos de derechos humanos en zonas mineras por parte de la PNP. Por ello denunciamos desde la Red Muqui que DHSF viene siendo objeto de continuo amedrentamiento y hostigamiento por parte del Ministerio del Interior (MININTER) y la Policía Nacional del Perú (PNP) por el trabajo de defensa de derechos humanos que realiza en Cusco.
3. Del mismo modo la situación de persecución se agudiza con la reciente acusación fiscal dictada contra el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), institución aliada de RED MUQUI y contra el médico Fernando Osores Plenge, quien fuera nuestro consultor para temas de salud ambiental y humana, y que sufren dicha persecución e intimidación por el hecho de haber denunciado irregularidades en los estudios médicos que realizó el Ministerio de Salud (MINSA), que afectaban el derecho a la vida y la salud de pobladores de Espinar.
4. Recientes campañas de difamación también han sido ejercidas en contra de GRUFIDES de Cajamarca y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, miembros de RED MUQUI, para buscar deslegitimar sus propuestas y acción pública en defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

Desde RED MUQUI consideramos que, si el gobierno busca que avancen las inversiones, no lo va a lograr con prácticas de amedrentamiento y persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, sino que se requiere marcos normativos y políticas que respeten y garanticen los derechos a la salud, a la vida y al ambiente de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Solo una institucionalidad estatal que haga respetar dichos derechos contribuirá a mejorar la calidad de vida y a garantizar un marco de democracia a los ciudadanos y ciudadanas en el país.