Tras 14 años de hostigamiento y criminalización, 10 defensores ambientales son absueltos en Chumbivilcas – Cusco

Defender el ambiente y el territorio puede tener un alto costo para quienes alzan la voz frente a actividades que consideran perjudiciales para sus comunidades. En el Perú, defensores y defensoras ambientales enfrentan amenazas, hostigamiento y procesos judiciales que pueden extenderse durante años, afectando sus vidas y las de sus familias.

En Chumbivilcas, región Cusco, diez defensores ambientales y líderes sociales conocen de cerca ese costo. Durante 14 años enfrentaron un proceso judicial por los presuntos delitos de secuestro y robo agravado, tras participar en protestas realizadas entre 2011 y 2012 contra los impactos ambientales que la población atribuía a las operaciones de la empresa minera Anabi S.A.C.

El pasado 10 de agosto, el Colegiado B de Cusco los absolvió por tercera vez, al concluir que no se acreditaron los delitos ni la responsabilidad de las personas acusadas. Asimismo, se dispuso el archivo del caso.

Un proceso que duró 14 años

El proceso se inició luego de que la empresa minera Anabi S.A.C. denunciara a los defensores por su presunta participación en delitos de secuestro y robo agravado durante las protestas realizadas en Chumbivilcas entre diciembre de 2011 y febrero de 2012.

Las movilizaciones fueron protagonizadas por pobladores que denunciaban los impactos ambientales que atribuían a las operaciones de la empresa minera, entre ellos afectaciones en las cuencas de los ríos Molino y Santo Tomás, así como impactos en zonas agrícolas asociados al tránsito de vehículos mineros de gran tonelaje.

En 2020 y 2021, el Poder Judicial ya había absuelto a los defensores. Sin embargo, la Fiscalía apeló las decisiones y el proceso continuó, obligándolos a enfrentar un nuevo juicio.

En 2025 se inició nuevamente el juicio oral. La Fiscalía llegó a solicitar penas de hasta 35 años de prisión, además del pago de millonarias reparaciones. Finalmente, el Colegiado B de Cusco concluyó que no se habían acreditado los delitos ni la responsabilidad penal de los acusados.

“Una vez más, la justicia nos da la razón”

Tras conocer la decisión, en un testimonio recogido por EarthRights International, Julián Alejo Atacuri Mancilla, uno de los líderes sociales denunciados, señaló que la sentencia representa un acto de justicia.

“Los jueces han analizado y revisado los documentos y se han dado cuenta que no somos culpables. Una vez más, la justicia nos da la razón. Esperamos que la Fiscalía de Chumbivilcas no apele esta decisión”.

La tercera absolución de los defensores representa un precedente importante frente a la criminalización de quienes defienden el territorio, el ambiente y los derechos de sus comunidades. Pero también deja una pregunta que no puede ser ignorada: ¿Quién devuelve 14 años de sus vidas a quienes tuvieron que defenderse ante los tribunales por delitos que no fueron acreditados?

Durante más de una década, los defensores y sus familias tuvieron que convivir con la incertidumbre de una posible condena, el desgaste económico y emocional y el impacto que un proceso penal prolongado puede generar en sus vidas.

La absolución pone fin a un proceso judicial, pero no borra sus consecuencias

En un contexto de creciente conflictividad social y ambiental, el Estado peruano debe garantizar condiciones efectivas de protección para quienes defienden sus territorios y derechos, así como asegurar que el sistema de justicia no sea utilizado para criminalizar la protesta y la defensa ambiental.

Defender el territorio no debería significar pasar 14 años en los tribunales. ¿Hasta cuándo quienes defienden el ambiente tendrán que pagar este precio?