#28DeJulio: Mensaje presidencial vacío y consolidación del gobierno minero

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

Finalmente, la señora Dina Boluarte dio su último mensaje a la Nación el pasado 28 de julio, respaldada por el Congreso, que ha renovado su alianza con su nuevo presidente José Jerí, investigado por violación sexual y enriquecimiento ilícito. El pacto de las mafias que hoy nos gobiernan parece sentirse más inmune que nunca en el poder. En paralelo, los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por el gobierno, entre 2022 y 2023, se movilizaron nuevamente en Lima con dignidad y valentía, bajo la consigna: “28 de julio, nada que celebrar”, insistiendo en justicia y reparación para las víctimas.

Durante su extenso discurso, la señora Boluarte reafirmó su política de consolidación del modelo extractivo, anunciando que, en 2024, la minería formal generó 240 mil empleos y un crecimiento de exportaciones del 22,7 % respecto al año anterior. Señaló también que el Perú impulsa una cartera de 61 proyectos mineros con una inversión estimada de 65 mil millones de dólares. Asimismo, informó que para el año 2026 se iniciarán proyectos como Zafranal y Pampa de Pongo, y que se fortalecerá la minería artesanal y de pequeña escala con más de 2.500 unidades en proceso de formalización, incluyendo la creación de un fondo minero privado.

Sin embargo, como era de esperarse, el mensaje presidencial omitió por completo la afectación a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indigenas, así como los graves impactos ambientales y en la salud humana que genera el crecimiento de la actividad minera en todas sus formas. La Amazonía, una de las zonas de mayor afectación por la minería ilegal y las economias criminales, sigue siendo ignorada, a pesar del riesgo constante que enfrentan los defensores y defensoras ambientales en estos territorios.

Uno de los temas pendientes más críticos en este contexto es la agenda de la MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala). Aunque Boluarte mencionó que se fortalecerá este sector, no explicó cómo se abordará un problema tan complejo. Por un lado, existe una mesa de diálogo impulsada desde el Ejecutivo para tratar la problemática de la MAPE; por otro, en el Congreso sigue sin resolverse la discusión sobre una nueva ley para este sector. En la anterior legislatura, incluso se intentó aprobar a la fuerza una norma que no abordaba los problemas de fondo, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). A todo esto se suma el hecho de que gran parte de los actores políticos ya se encuentran en modo electoral, lo cual reduce aún más las posibilidades de soluciones estructurales.

Desde Red Muqui, sostenemos que no se están discutiendo los temas de fondo, ni sobre la MAPE ni sobre la expansión de la gran minería. La narrativa que se impone desde los gremios mineros busca dividir la discusión entre un “extractivismo bueno” —que no contamina ni vulnera derechos— y otro “malo” atribuido exclusivamente a los pequeños mineros informales o ilegales. Esta lectura simplista y funcional a sus intereses borra responsabilidades históricas y reduce el debate a una falsa dicotomía. Hay que recordar que la promesa de “Perú, país minero” fue alentada por los mismos gremios y respaldada por todos los gobiernos de turno. Ahora que la situación se sale de control, no se plantean políticas integrales ni estructurales, como el ordenamiento territorial o una reforma general de la política minera en el país.

El único mensaje claro en este último año del régimen de Boluarte y la mayoría congresal es que nada va a cambiar. Por el contrario, seguirán impulsando y aprobando leyes que favorezcan sus intereses personales y económicos, mientras consolidan un modelo de impunidad y captura del Estado.