Dirigentes del Frente de Defensa de las Cabeceras de Cuenca de Ayacucho rechazan actos de violencia

La suspensión de las movilizaciones que se han producido en tres provincias del sur de Ayacucho se  decidió como una forma de propiciar el diálogo en momentos cruciales de la Presidencia de Consejo de Ministros y su gabinete cuando debía enfrentar la moción de censura ante el Congreso.

Las organizaciones de base agrupadas en el Comité de Lucha Central contra la Contaminación en la Cabeceras de Cuencas del Sur de Ayacucho han reiterado esta semana el carácter pacífico de sus reclamos al rechazar los incendios y actos de vandalismo que ocurrieron el fin de semana pasado en las instalaciones de la minera Apumayo. Enrique Acharte Guerrero, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Lucanas (FREDIL), aclaró que las movilizaciones y los bloqueos históricamente han sido formas pacíficas de expresar su reclamos y ha responsabilizado a sujetos infiltrados de los incendios y destrozos en las instalaciones de Apumayo. Otras fuentes, que representan dirigencias de las provincias de Parinacochas y que junto a las comunidades de las provincias de Lucanas y Paucar del Sara Sara integran el mencionado Comité de Lucha Central, confirman esta apreciación de actos cometidos por provocadores y los vinculan al intento de criminalizar la protesta por conflictos socio ambientales no atendidos por el Estado. De acuerdo a estas fuentes, en Cora Cora, capital de la provincia de Parinacochas, la policía detuvo a 12 comuneros en sus lugares de trabajo dos días después de la suspensión de las protestas, en lo que denuncian como detenciones arbitrarias e irregulares y que después tuvieron que ser liberados de la comisaría a la que habían sido conducidos.

La misma empresa Apumayo SAC declaró en un comunicado público que los actos de violencia no han sido perpetrados por la población de las comunidades del área de influencia de sus actividades y reclamó al gobierno que tome medidas urgentes para restablecer el orden y el Estado de Derecho.

Los dirigentes sociales por su parte señalan que los intentos de perseguir judicialmente y criminalizar a dirigentes y comuneros corresponden a un patrón común en la respuesta del Estado. En este caso sería aún más grave porque sucede mientras se ha abierto un proceso de diálogo y las movilizaciones fueron suspendidas entre otros motivos, para no debilitar las posibilidades de que la premier Mirtha Vásquez y su gabinete recibiera el voto de confianza por parte del congreso. Algo que finalmente ocurrió en la tarde de ayer.

No se puede conversar, si hay amenazas de demandas o son detenidas las personas“ reclama Enrique Acharte Guerrero, presidente del FREDIL y exige que “cese la persecución judicial”.

Es de destacar que de acuerdo a una investigación periodística del medio Epicentro TV,  la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Congreso y la Defensoría sabían lo que podía ocurrir. Desde hace cinco semanas antes del inicio de las movilizaciones, el Parlamento estaba avisado de que los frentes de defensa realizarían un paro indefinido contra los proyectos Apumayo (Compañía Minera Apumayo), Breapampa (South America Mining Investments SAC) y Pallancata e Inmaculada (Compañía Minera Ares SAC) cuyo cierre y retiro definitivo exigen las comunidades. El pasado 27 de enero del presente año, el entonces Ministro de Energía y Minas Jaime Gálvez Delgado y una representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, reunidos con las comunidades en la ciudad de Puquío se habían comprometido a una visita in situ a las unidades mineras que se están desarrollando en las tres provincias, para luego emitir una norma de cierre de las mineras en todas las cabeceras de cuencas, de acuerdo a lo señalado por el Frente de Defensa. En vista del incumplimiento del mencionado acuerdo, las organizaciones de base reunidas en asambleas aprobaron recientemente retomar las medidas de movilización.

En su pliego de demandas resalta además la convocatoria de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución.

En esta ocasión, los dirigentes de las provincias de Páucar del Sara, Lucanas y Parinacochas, además exigen la aprobación del marco metodológico para la declaración de zonas intangibles a las cabeceras de cuenca, a través de una ordenanza regional. Igualmente, exigen la elaboración de un inventario y evaluación de todos los manantiales (de consumo humano y agrícola) y el análisis de la situación de salud de todos los habitantes de las tres provincias del sur, toda vez que se registran altos índices de anemia y desnutrición crónica infantil.

El Comité de Lucha Central contra la contaminación minera criticó que el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas hubiese ampliado las licencias a las compañías mineras durante esta época de pandemia. En cuanto a los lugares afectados, de acuerdo al diario jornada de Ayacucho, en la ciudad de Coracora sus habitantes han denunciado que las empresas estarían contaminando con su producción la principal represa Ancascocha, en tanto en Páucar del Sara Sara los comuneros han acusado la contaminación de los ríos Huanca Huanca, Sara Sara y Mirmaca por parte de la compañía minera “Ares SAC” del grupo “Hochschild- Hochschild Mining”.

Para suspender las movilizaciones, las comunidades y la Comisión de avanzada del ejecutivo acordaron el pasado domingo desarrollar un diálogo entre las bases sociales y una Comisión de Alto Nivel que se reunirán el 11 de noviembre en Cora Cora. La agenda a desarrollar en la reunión incluye la gestión integral de recursos hídricos en cabeceras de cuenca y la revisión de las denuncias de contaminación ambiental. Además se acordó consensuar con las autoridades locales y el gobierno nacional un Plan de Desarrollo (de proyectos de Infraestructura) de las provincias del Sur de Ayacucho.

Acta de comunidades de Ayacucho y representantes del Ejecutivo by prensamuqui on Scribd