COP31: Las contradicciones del Gobierno de Keiko Fujimori mientras el extractivismo presiona los territorios

Desde el 9 al 20 de noviembre, la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) reúne en Antalya, Turquía, a delegaciones de distintos países, incluida la del Perú, para discutir medidas frente a la crisis climática. Entre los principales desafíos de esta cumbre se encuentran reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer los  compromisos de adaptación y garantizar el financiamiento climático para los países más vulnerables.

Sin embargo, mientras el Ministerio del Ambiente (Minam) describe los esfuerzos de su sector en adaptación climática y protección de ecosistemas, desde el el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se impulsa la evaluación del potencial gasífero en lotes de Candamo, ubicado dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en Madre de Dios, que fue declarado como uno de los siete santuarios naturales más emblemáticos del mundo1. Esta situación, evidencia las contradicciones del gobierno de Keiko Fujimori sobre la política ambiental peruana, y plantea interrogantes sobre la coherencia entre compromisos internacionales asumidos y las decisiones que se promueven a nivel nacional.

El riesgo ambiental ha sido advertido por organizaciones ecologistas y sociales. El pasado 9 de noviembre, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados abordó la eventual exploración gasífera en el valle de Candamo, donde se estima la existencia de importantes recursos contingentes de gas natural.

Durante la sesión, el Minem precisó que actualmente no existe un Convenio de Evaluación Técnica (CET) suscrito para Candamo. Sin embargo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) fue enfático al señalar que, al encontrarse el yacimiento dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, un área natural protegida de uso indirecto, no están permitidas las actividades de exploración ni explotación. La conservación de esta área natural es fundamental para la biodiversidad amazónica y las poblaciones que dependen de sus ecosistemas.

Transición energética y extractivismo

Uno de los asuntos centrales de la COP 31 es acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, establecido en el Acuerdo de París. Para ello, los países deben establecer metas verificables y avanzar en la transformación de sus matrices energéticas, reduciendo progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, las negociaciones de los últimos días en Turquía evidencian dificultades para alcanzar compromisos concretos. El 19 de noviembre se publicó un segundo borrador del acuerdo marco de la COP 31. Las críticas de organizaciones ambientales se han centrado en que en el documento se ha eliminado toda referencia explícita a la transición para abandonar los combustibles fósiles, lo cual sí figura en el primer borrador del acuerdo marco. En su lugar, el texto hace hincapié en la energía limpia y la electrificación, incluida la meta "35 para 2035" propuesta por Turquía. Cabe precisar que, a la fecha, todavía se trata de un borrador sujeto a negociación, no de un acuerdo definitivo.

La delegación nacional, integrada por funcionarios de la Cancillería y del Ministerio del Ambiente, señaló que llegó a la conferencia con su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), presentada en 2025. Este instrumento establece el compromiso de no superar las 179 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al 2035 y plantea una trayectoria hacia la neutralidad de emisiones al 2050, en la que los bosques y los ecosistemas cumplen un rol fundamental.

No obstante, vemos importante evaluar la coherencia entre estos compromisos y las decisiones de política económica del gobierno de Fujimori, que busca agilizar procedimientos y destrabar inversiones extractivas en detrimento del ambiente, lo cual viene generando conflictos sociales en diferentes regiones del país.

A ello se suma el Memorándum de Entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras, firmado con Estados Unidos en febrero de 2026. Este acuerdo busca promover inversiones y fortalecer las cadenas de suministro de estos recursos, abriendo oportunidades para nuevas inversiones mineras.

Bajo el discurso de la transición energética, se corre el riesgo de ahondar las dinámicas del extractivismo con mayor contaminación, presión sobre las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y vulneración de los derechos de las comunidades. Esto se agudiza en medio de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos por el acceso a minerales estratégicos, así como por la creciente demanda internacional de cobre y litio para fabricar baterías, vehículos eléctricos y tecnologías consideradas “limpias” en el extranjero. Entretanto, su extracción ejerce una fuerte presión sobre los territorios de América Latina, especialmente en el Perú, donde el Estado tiene una deuda histórica con las comunidades, las cuales exigen atención integral en salud por la contaminación con metales pesados, el fin de la criminalización de la protesta social cuando se defienden los territorios, el acceso a derechos básicos y el derecho a decidir sobre sus alternativas económicas locales.

La contradicción es evidente: mientras se busca reducir las emisiones y acelerar la transición energética a escala mundial, los pueblos que habitan los territorios de donde se extraen estos recursos, continúan asumiendo buena parte de los costos ambientales y sociales de esta transformación.

La crisis climática afecta de forma desigual

Las consecuencias del aumento de la temperatura global se manifiestan en la vida cotidiana de millones de personas a través de sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y el retroceso de los glaciares. Sin embargo, estos impactos no afectan a todas las poblaciones por igual.

Los países industrializados tienen una mayor responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero; mientras que, poblaciones de América Latina, que han contribuido en menor medida a esta crisis, enfrentan sus consecuencias con menores recursos económicos e institucionales para prevenir, responder y adaptarse.

En el caso peruano, esta situación resulta especialmente preocupante. El Fenómeno de El Niño genera impactos en los glaciares andinos, que compromete la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura y otras actividades económicas, entre otros. Según el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar, elaborado en el 2023 por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM), en las últimas seis décadas, los glaciares peruanos se han reducido en un 56.22 %, lo cual impacta seriamente en la provisión de agua que alimentan y sostienen diferentes territorios altoandinos como bofedales, pastizales y bosques nativos.

Esta situación de vulnerabilidad se profundiza en territorios afectados por actividades extractivas. En las zonas donde la minería formal, informal e ilegal generan contaminación de fuentes de agua, degradación de suelos o deforestación, las comunidades enfrentan una doble presión: por un lado, los efectos del cambio climático sobre sus ecosistemas y medios de vida; por otro, las consecuencias de actividades minero extractivas que deterioran los recursos naturales de los que dependen.

Por ejemplo, en territorios donde la agricultura familiar depende de las lluvias, los manantiales y los ríos alimentados por los glaciares, la reducción de la disponibilidad de agua puede comprometer las cosechas, la crianza de animales y la seguridad alimentaria. Si, además, existen fuentes hídricas afectadas por contaminación minera, las posibilidades de estas poblaciones de desarrollar sus actividades se reducen considerablemente. Por tanto, no se puede hablar de adaptación climática sin abordar las condiciones estructurales que producen vulnerabilidad en los territorios.

Finalmente, en las negociaciones sobre financiamiento climático de la COP 31 se viene evidenciando la dificultad de alcanzar compromisos concretos frente a las urgencias de los países en desarrollo. Esto debido a que, si bien en el nuevo borrador de acuerdo marco se reafirmó el objetivo de triplicar los fondos para la adaptación climática para el año 2035, no se tiene una claridad real de cómo se medirá ese aumento.

Frente a estas indecisiones y faltas de compromiso de los países participantes, el escenario se torna preocupante en el que, una vez más, las principales consecuencias recaen sobre las poblaciones y sus territorios. Mientras los gobiernos postergan decisiones urgentes frente a la crisis climática, las comunidades continúan enfrentando sus impactos y exigiendo justicia social y climática, atención integral y respeto a sus derechos humanos y ambientales.

20 noviembre, 2026

¿Te gustó este artículo? Compártelo

Últimas noticias

Comunidades, Minería, Muqui Informa, Noticias

Ayacucho: Comunidad campesina de Accomarca en riesgo por la presencia de pequeña minería

SEGUIR LEYENDO

Muqui Informa, Noticias

Ante intento de asesinato a Ismael Acha, opositor a Río Blanco, la PNP y Fiscalía aún no actúan.

SEGUIR LEYENDO

Comunidades, Muqui Informa

Perú: Llamado urgente a no promulgar el proyecto de Ley de Protección Policial

SEGUIR LEYENDO

¿Tienes alguna pregunta?