¿Por qué la campaña “navideña” para defender las sobreganancias de la minería?

Por: Juan Aste Daffós, economista y consultor de Red Muqui

Las empresas mineras vienen obteniendo sobre ganancias 10 años y 4 meses desde que el cobre superó los 3 dólares la libra de cobre del 2006 al 2014 y de agosto 2020 a diciembre 2021. En la actual coyuntura las empresas mineras quieren asegurarse una mayor expansión minera y la rentabilidad futura sin ninguna reforma tributaria y sin consulta a las comunidades, agricultores y poblaciones locales. La ventaja del Perú respecto a otros países como Chile está en que posee la mayor ley del mineral (contenido fino en el mineral de cobre) y el costo de extracción más bajo (0.8 dólares la libra de cobre), debido también al reducido costo de la fuerza laboral y la energía, así como a una regulación ambiental venida a menos desde el 2015. Solo el 2021 la sobreganancia minera superaría los 5,600 millones de dólares.

Frente a coyunturas de precios altos de los metales, las empresas mineras cambian el plan de minado para explotar las zonas de menor contenido fino y mayor costo de extracción, y amplían la capacidad de las plantas procesadoras del mineral tratando más toneladas para producir la misma cantidad de cobre fino, acumulando muchos más millones de toneladas de desmonte y relaves adicionales cada año. Para ello, requieren más agua, explosivos, reactivos y otros insumos, que aumentan la contaminación del aire, aguas subterráneas y superficiales, y suelos, afectando ecosistemas, la economía de la agricultura, pesca y ganadería que ven limitadas sus actividades, la salud y la vida de las poblaciones del entorno social de la actividad minera. Peor aún, cuando se evidencia que la mayoría de planes de cierre no se cumplen porque la garantía es mucho menor que el costo del plan, y por ello, aumentan los pasivos ambientales que deben ser remediados con dinero del Estado o de todos los peruanos.

Simultáneamente, los elevados ingresos dinamizan las inversiones en exploración a través de las empresas junior, generalmente canadienses, y de las propias empresas mineras. Ello supone ganar territorios sin consulta a las poblaciones locales involucradas, que con los años se han ido trasladando en mayor cantidad hacia cabeceras de cuenca en zonas de importante producción agropecuaria que abastece de alimentos a ciudades cercanas e incluso a Lima, generándose un significativo impacto ambiental y pérdidas de ingresos y empleo masivo.

La expansión de la minería informal e ilegal, en particular en períodos de precios altos de cobre y oro principalmente, abre el camino para el posterior ingreso de la minería formal; es decir, son aliados de la misma actividad e igual fin. Sin embargo, en el valle de San Lorenzo, que comprende principalmente a los distritos de Tambogrande y Las Lomas, provincia de Piura, se produce mango, limón y arroz prioritariamente, y no hay minería informal, e incluso cuando una minera junior quiso posicionarse en dicho valle fue rechazada por la población y el alcalde de Tambogrande. La minería informal se halla concentrada irracionalmente en los distritos de Suyo y Paimas, en la provincia de Ayabaca.

La inexistencia de la consulta a comunidades y poblaciones locales hace que no se realice un análisis del riesgo ambiental, económico y social del proyecto minero frente a las alternativas de vida en los lugares donde el Estado unilateralmente ha entregado concesiones mineras y espera que las empresas obtengan la licencia social mediante el acuerdo previo. Así, la expansión minera ha terminado en muchos casos imponiéndose en los territorios con un marco legal muy permisivo que no conserva ni protege los ecosistemas hídricos, productivos y de bosques, perdiéndose la cuenca y la biodiversidad que alberga un rico material genético, y todo ello con el aval del Estado.

Las reiteradas infracciones ambientales y multas identificadas en la minería por el OEFA en 2011-2014 hizo que un grupo de 20 empresas mineras le abrieran procesos administrativos ante el Indecopi y el poder judicial y pidieran que se le retire el financiamiento (aporte por regulación) a esta entidad supervisora ambiental. Felizmente no lograron. Esta decisión de las mineras es coherente con su posición actual, expresada en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de febrero 2020 - espacio impulsado por la PCM- donde plantean que no haya consulta previa, que se implemente la autorregulación ambiental, y que las autorizaciones se den finalmente a través del silencio administrativo positivo, mientras los estándares de calidad ambiental del agua para riego y del aire para el dióxido de azufre se han ido flexibilizando entre el 2008 y el 2017 permitiendo mayor contaminación e impacto ambiental y en la salud de las personas. Adicionalmente, el Estado y las empresas mineras han imposibilitado u ocultado informes que establecen la relación causa efecto.

A estos hechos hay que señalar condiciones inaceptables, como que la empresa minera siga contratando a una consultora para que le elabore varios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la defienda de las observaciones del Estado, o cuando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no solo le otorga derechos de uso de aguas a las mineras sin tomar en cuenta la demanda presente y futura del agua para los planes de vida de las comunidades y poblaciones cercanas, sino que para comprobar la información presentada por la empresa en la línea base del EIA no va a la zona para levantar el inventario de fuentes hídricas de la cuenca donde está el proyecto sino que esta información se la entrega la propia empresa minera. Las estaciones de monitoreo ambiental son determinadas en lugares acordados por la empresa y el Estado, sin la participación de los actores sociales de la localidad directamente involucrados.

El balance hídrico no toma en cuenta la demanda de agua de los proyectos de corto y mediano plazo de las comunidades, productores agrarios y poblaciones locales, y los estudios hidrogeológicos resultan insuficientes porque subestiman el nivel de contaminación de las aguas subterráneas que son las más afectadas por la actividad minera al producir aguas ácidas y recibir las filtraciones del relave aguas abajo de la cuenca. El Estado tampoco verifica en campo el dato del EIA sobre el área de la comunidad utilizada realmente por los proyectos mineros.

Esto significa que las empresas mineras han ido contaminando y comprometiendo más cuencas y producción de la agricultura familiar de cada vez más poblaciones, que con el cambio climático se ha acentuado el estrés hídrico que ya padecen, y por ello, no otorgan licencia social a los proyectos mineros para proteger su agroalimentación y su vida. Esto explica el por qué campesinos y agricultores y poblaciones locales rechazan o piden el retiro de la actividad minera de sus territorios y por qué el ordenamiento territorial participativo con respeto a la autonomía de las comunidades, agricultores y poblaciones locales resulta urgente.

Cabe precisar aquí, que entre el 2015 y 2019 las mineras han estado pagando tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y si se le descuentan las devoluciones de tributos, su aporte sería de solo el 3%, salvo ahora que, con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%. En otras palabras, en el 2021 más del 85% del ingreso neto por tributos no procede de la minería, ocurriendo lo mismo con su aporte al PBI y al empleo directo, que solo es 1.2% de la PEA. Pero si al reducido pago de tributos, se le descuenta el valor del impacto ambiental (ecológico, económico y social) que se pierde, el valor final sería negativo. Esto último es muy importante, porque el Perú es un país megabiodiverso, pluricultural y multilingue.

A manera de colofón, la campaña de algunos diarios para defender la actividad de las empresas mineras como si actuaran ambiental y socialmente de manera responsable, y las comunidades y poblaciones locales fueran vándalos que afectan los ingresos fiscales y las sobreganancias, por lo que solo deben merecer la criminalización de las protestas y no el diálogo, resulta inaceptable. Como también lo son algunas afirmaciones de personas interesadas que hablan en defensa de las empresas mineras sin conocer la realidad de la minería en el Perú.

Mención aparte merece Roque Benavides que, en el caso de la unidad Uchucchacua de Cía de Minas Buenaventura, y en un contexto de precios altos de los metales, pretende que el MINEM le autorice la suspensión de operaciones “por la baja de la ley del mineral”, para luego solicitar el cese colectivo, y de esta manera, desaparecer los sindicatos y reducir el costo de la fuerza laboral y continuar con un nuevo proyecto muy cerca al anterior.

De manera urgente, se requiere descentralizar la gestión ambiental y de los conflictos, realizar ordenamiento territorial e hídrico, garantizar la consulta, la vigilancia ambiental y la salud a las poblaciones, y en general, depender menos de la actividad minera y diversificar la economía.