Manuel Quilla: caso de tortura sigue impune a un año de violenta represión del régimen de Boluarte

Manuel Quilla Ticona fue uno de los comuneros aymaras que se movilizó hasta Lima en marzo de 2023 para alzar su voz de protesta contra Dina Boluarte y contra el Congreso de la República. Era originario de Huancané en Puno, y haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, derecho a la reunión y libertad de expresión, se organizó junto a sus compañeros para viajar a Lima. El día 14 de marzo de 2023, mientras se encontraba reunido con otras personas en el parque entre Av. España y Av. Garcilazo de la Vega, fue atacado por efectivos policiales, quienes lo golpearon hasta causarle lesiones graves, según el protocolo de necropsia.

Su esposa Mariela Irma Cayo declara que Manuel la llamó en la noche del 14 de marzo explicándole que ese día en la tarde había sido reprimido por la PNP. Al día siguiente, 15 de marzo, se intenta comunicar con su esposo y le responde uno de sus compañeros, quien le informa que Manuel había entrado en crisis por la represión sufrida y que lo había detenido la policía el día anterior. Irma viaja a Lima y el 17 de marzo encuentra a su esposo fuera de la Comisaría de San Andrés, sucio, descalzo, con heridas en las muñecas, una herida en la pierna, moretones en la pierna izquierda y brazos, en la ceja derecha una herida cortante. Irma llevó a su esposo a diversas clínicas y, posteriormente, se trasladaron a su comunidad de Chuquiaguillo en Huancané, donde Manuel ya no podía levantarse de la cama y falleció el 30 de marzo.

Entierro de Manuel Quilla en la Comunidad de Chuquiaguillo en Huancané-02 abril 2023. Foto: Red Muqui

Como ya se señaló en un anterior reporte de Red Muqui, la necropsia realizada concluyó que la causa de muerte de Manuel Quilla fue un traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores. FEDEPAZ e ILLARIY, instituciones que llevan la defensa legal, en agosto de 2023 presentaron el caso ante el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP); sin embargo, en noviembre de 2023, dicho equipo remitió el expediente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, cuyas investigaciones se centran en el presunto delito de LESIONES GRAVES con subsecuente muerte y en el delito de TORTURA.

Ampliación de diligencias preliminares

A finales de octubre del 2023, la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima amplió el plazo para desarrollar diligencias preliminares por 60 días, a comienzos de febrero de 2024 la segunda fiscalía volvió a ampliar el plazo, ahora por 40 días.

David Velasco, abogado de FEDEPAZ explica que las diligencias preliminares tienen como objetivo la recopilación de elementos de convicción para la formalización de las investigaciones, por ello, es fundamental que la Fiscalía sea diligente y avance con la obtención de los vídeos y grabaciones de la zona donde ocurrieron los hechos, entre otros elementos. Agrega que este caso se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación- Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales para que sea incluido en la carpeta 277-2022 contra Dina Boluarte, donde se realizan investigaciones a los altos mandos del Ejecutivo.

Por su parte, César Quispe Calsín, del Instituto ILLARIY, manifiestra que la Segunda Fiscalía ubicada en Lima, debe tomar en cuenta el elemento intercultural en su investigación, ya que Manuel Quilla era aymara y en su legítimo derecho a la protesta reclamaba por el respeto a su derecho al voto, sufriendo la discriminación y racismo del Estado. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2023 ha señalado: “La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita (a Perú), guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país.” (párr. 8)

Luis Enrique Valdivia Calderón, quien es el actual fiscal coordinador del EFICAVIP desde febrero del presente año, fue el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de DDHH y conoce el caso de Manuel Quilla, por lo que la defensa legal de Manuel Quilla espera que el caso pueda ser retomado por el EFICAVIP, debido a que también son hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales de 2022 y 2023, y debe dársele el seguimiento adecuado.

Abogado César Quispe denunciando delito de tortura. Foto: Mano Alzada

Un año sin Justicia

Este 30 de marzo se cumple un año del fallecimiento de Manuel Quilla, su esposa Irma Cayo, viene realizando acciones para exigir justicia y reparación para su esposo. Irma Cayo señala que para ella y su familia ha sido muy difícil todo este tiempo por el impacto psicológico que ha generado la violencia y discriminación del Estado. Irma señala que el gobierno ha tratado a su esposo como si fuera un delincuente o un terrorista , cuando protestaba por sus derechos:“ Aún no entiendo porqué lo han torturado, por qué tenían que tratarlo así. Yo lo encontré en muy mal estado, luego de haber estado detenido en la Comisaría en Lima. Ya se está acabando el plazo para investigar, tengo que estar preparada para seguir exigiendo justicia incluso en instancias internacionales”.

El domingo 07 de abril se va a realizar una romería y movilización en Huancané en memoria de un año del fallecimiento de Manuel Quilla producto de la violencia policial en Lima. Actividades que se realizarán en coordinación con la Asociación de Familiares de Víctimas y Mártires del 09 de enero, FEDERH, ILLARIY y otras organizaciones sociales e instituciones. Las acciones de memoria son importantes para seguir honrando la lucha de las comunidades aymaras y quechuas que salieron en protesta por reconocimiento político y la defensa de sus derechos frente a un Estado excluyente y racista.

Irma Cayo sosteniendo el retrato de su pareja – 08 de enero de 2024. Foto: Amnistía Internacional

DATO: La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano quedan expresamente prohibidos los actos de tortura, en el marco de la protección del derecho a la integridad y a la dignidad personal.