Consultas populares, una forma organizada de encarar la imposición estatal de proyectos mineros 

La consulta popular es un valioso instrumento de participación ciudadana y de defensa de los derechos humanos, que es utilizado por comunidades y población local para responder organizadamente al Estado peruano ante la imposición de proyectos mineros, que a la fecha, no lograron tener la aceptación social en los territorios. 

En el distrito de Tambogrande, región Piura, se realizó la primera consulta popular de Latinoamérica, con el fin de que la ciudadanía decidiera si aprobaba o no el proyecto minero de la empresa canadiense Manhattan Minerals. El resultado fue arrasador: el 98.65 % de votantes dijeron no a la minería. 

Han transcurrido 22 años, desde que Tambogrande, el 2 de junio de 2002, abriera el camino para que, posteriormente, otros pueblos opten por el mismo mecanismo de las consultas vecinales populares frente a las reformas fujimoristas que se implementaron en el sector minero y el cambio de Constitución Política de 1993, una época nefasta para el país en cuanto a la violación a los derechos humanos y extendidas prácticas de corrupción. 

En 2007 volvió a emplearse la consulta vecinal, pero esta vez lo hicieron las rondas y comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba, Piura, para expresar su rechazo contundente al proyecto Río Blanco: el 97% le dijo no a la exploración a tajo abierto de cobre y molibdeno por la empresa china Zijin en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe.

Dos años después, en 2009, la población de valle de Tambo, provincia de Islay, Arequipa, escribió su historia de lucha por proteger el agro y el agua del proyecto Tía María de la empresa Southern Perú, que no ha conseguido la licencia social a pesar de que, actualmente, cuenta con el respaldo del régimen de Dina Boluarte que pretende expandir la minería para complacer al sector minero y a sus aliados que reproducen la puerta giratoria entre el Estado y el sector privado. 

Estas consultas populares y vecinales gozan de legitimidad social, pero no del reconocimiento oficial del Estado peruano, que en la práctica tampoco respeta la consulta previa previa libre e informada a las comunidades originarias y pueblos indígenas, otorga concesiones mineras unilateralmente e incumple su rol de garante de los derechos humanos y colectivos de nuestros pueblos. Por tal razón, la ciudadanía responde colectivamente prevaleciendo su derecho a decidir sobre su territorio, como también ocurre en otros lugares donde Red Muqui la acompaña. Las continuas movilizaciones en zonas mineras, con altos índices de pobreza, trabajo informal, desigualdad social e impactos ambientales, muestran una parte del problema de fondo: el modelo extractivo minero es insostenible.  

Sin embargo, a pesar de la contundente oposición a megaproyectos mineros, el Estado y las empresas siguen ignorando la voluntad popular. La situación es aún más preocupante por la represión de la protesta social, la estigmatización y la intimidación de las personas defensoras de derechos humanos. Por ello, la lucha de los pueblos por proteger sus modos y medios de vida continuará hasta que se respete su decisión: ¡Valles y ríos para la vida, no para la minería!.

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Fecha de publicación: 7 de agosto de 2024