Editorial: una nueva Ley MAPE que pretende formalizar la minería sacrificando los territorios y la vida

Por: Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui

La presentación del proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) por el Poder Ejecutivo, el 19 de octubre de 2026, vuelve a poner esta discusión sobre la mesa. Aunque la iniciativa plantea reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y establecer un nuevo marco regulatorio, el problema de fondo no se resuelve únicamente creando procedimientos, registros o incentivos. Una ley por sí sola no transformará los problemas estructurales de la minería si mantiene la subordinación de los derechos colectivos y ecoterritoriales a la expansión de la actividad minera.

Durante décadas, el Perú ha construido su identidad económica alrededor de una idea que parece incuestionable, que somos un país minero y nuestro desarrollo depende de extraer cada vez más minerales. Esta visión ha orientado las políticas públicas, las inversiones y las decisiones sobre los territorios, relegando otras actividades económicas y las formas de vida de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Hoy, cuando la minería informal e ilegal se expande y sus impactos alcanzan nuevas zonas del país, resulta urgente preguntarnos si debemos continuar por el mismo camino.

Formalizar no es lo mismo que garantizar derechos

El proyecto propone cerrar el Reinfo al finalizar 2026 y establecer un régimen temporal de consolidación para que los operadores inscritos puedan completar los requisitos de formalización. También plantea incentivos para promover contratos de explotación o cesión entre titulares de concesiones y operadores mineros. Estas medidas se presentan como parte de una transición hacia una actividad más regulada y trazable.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué ocurre cuando la formalización facilita el ingreso de operadores mineros a territorios donde las comunidades desarrollan agricultura, ganadería y otras actividades sostenibles? ¿Qué garantías existen cuando las concesiones se superponen a tierras comunales, cabeceras de cuenca, fuentes de agua y zonas de agricultura familiar?

La concesión minera no equivale al consentimiento de una comunidad ni puede anular sus derechos sobre el territorio. Tampoco un contrato de explotación o una inscripción en el Reinfo garantizan que la actividad minera sea ambientalmente viable o compatible con las economías locales. Por el contrario, estos mecanismos pueden profundizar las presiones sobre la propiedad comunal, fragmentar los territorios y aumentar la dependencia económica de la minería.

Concesiones mineras que se entregan sin mirar lo que existe en ellos

Uno de los problemas estructurales que la nueva ley debe abordar es el régimen de concesiones mineras. Su otorgamiento no garantiza una evaluación integral previa de las características del territorio, sus ecosistemas, la disponibilidad de agua, la presencia de comunidades campesinas y pueblos indígenas, ni las actividades agrícolas y ganaderas que sostienen sus economías. De esta manera, se generan superposiciones entre concesiones mineras, tierras comunales, cabeceras de cuenca, fuentes de agua y zonas de agricultura familiar, trasladando a las comunidades las consecuencias de decisiones que no han tomado.

La forma en que se organiza el sistema de otorgamiento de concesiones puede generar expectativas de explotación, especulación sobre las tierras y presiones para que las comunidades acepten actividades que comprometen sus medios de vida. La posterior suscripción de contratos de explotación o cesión, incluso para facilitar la formalización de operadores inscritos en el Reinfo, puede profundizar estas tensiones si no existen garantías efectivas.

Por ello, no basta con regularizar a quienes ya extraen minerales. Es necesario reformar el régimen de concesiones para incorporar criterios de ordenamiento territorial, protección de ecosistemas frágiles, las fuentes de agua y las tierras destinadas a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, más aún en contextos de crisis climática y del Fenómeno del Niño.

Territorios contaminados, economías amenazadas

La expansión minera no ocurre sobre espacios vacíos. En esos territorios viven familias que producen alimentos, cultivan sus tierras, crían animales y sostienen sus economías mediante conocimientos y prácticas construidos durante generaciones. La contaminación del agua y los suelos puede comprometer directamente estos medios de vida, afectar la salud de las personas y debilitar la seguridad alimentaria de las comunidades.

Cuando la minería destruye un ecosistema, sus consecuencias no desaparecen con el cierre de una operación. La recuperación de suelos, fuentes de agua y biodiversidad puede tomar muchos años y, en determinados casos, resulta irremediable. Mientras tanto, las familias deben afrontar la pérdida de sus recursos productivos, mayores dificultades para acceder a agua segura y la incertidumbre sobre su futuro.

A esta situación se suma la presencia de redes criminales vinculadas a determinadas operaciones mineras ilegales, que pueden recurrir a amenazas, violencia y mecanismos de coerción para controlar territorios y actividades económicas. La corrupción, la débil fiscalización y la falta de trazabilidad de los minerales agravan estos riesgos. La formalización no puede limitarse a regularizar a quien extrae el mineral; también debe identificar a quienes financian, procesan, comercializan y se benefician de toda la cadena productiva, así como garantizar la protección de las personas afectadas.

Tampoco podemos ignorar las condiciones de quienes trabajan en estas actividades sin contratos, protección social ni equipos adecuados, expuestos a accidentes, sustancias peligrosas y, en algunos casos, situaciones de explotación laboral y trabajo infantil peligroso. Una política pública responsable debe proteger sus derechos y ofrecer alternativas reales, sin convertir la precariedad en una justificación para perpetuarla.

No toda pequeña minería es minería artesanal: ¿quiénes están detrás del negocio?

Otro vacío central del debate es asumir que toda pequeña minería constituye una actividad artesanal. La escala de producción, por sí sola, no permite distinguir a una persona que trabaja con herramientas sencillas y una economía de subsistencia de operaciones mecanizadas, financiadas por inversionistas y articuladas a redes de extracción y comercialización de mayor escala. La nueva ley debe establecer criterios diferenciados según tecnología, mecanización, capital, volumen de producción, organización laboral, impactos ambientales y vínculos comerciales. Solo así será posible identificar qué actividades merecen la categoría de minería artesanal y cuáles requieren otra clasificación, obligaciones y mecanismos de fiscalización.

La trazabilidad propuesta por el Ejecutivo también debe demostrar que puede controlar efectivamente toda la cadena de los minerales, desde el origen del mineral hasta las plantas de beneficio y los compradores nacionales y extranjeros. Los gobiernos regionales y el Estado nacional deben impedir que autorizaciones o Reinfo registrados para determinadas zonas sean utilizados para operar en otras regiones. Asimismo, deben investigar el mercado informal de Reinfo ofertados en redes sociales y los anuncios que buscan inversionistas para actividades presuntamente ilegales.

Aunque el proyecto plantea un sistema nacional de trazabilidad, persisten interrogantes sobre cómo detectará y sancionará estas prácticas. Sin controles interoperables, fiscalización coordinada y responsabilidades para financiadores, procesadores y compradores, la formalización puede terminar facilitando el blanqueo de minerales de origen ilícito. Regular a quien extrae sin controlar a quien financia y compra significa dejar intactos los incentivos económicos que alimentan esta expansión.

El desarrollo no puede medirse solo en minerales extraídos

El debate sobre la Ley MAPE debe ir más allá de cómo incorporar operadores al sistema. El Perú necesita una política que enfrente la minería ilegal, y evite que la formalización legitime daños ambientales o vulneraciones de derechos. Esto exige una reforma del régimen de concesiones, ordenamiento territorial participativo, fiscalización efectiva y responsabilidades claras a lo largo de toda la cadena productiva.

También requiere invertir en agricultura familiar y comunal, agroecología, ganadería sostenible y otras actividades que permitan a las comunidades sostener sus economías sin depender de la expansión extractiva. Estas alternativas necesitan recursos, asistencia técnica y decisiones construidas con los propios pueblos, no políticas que terminen subordinándolas a los intereses mineros.

Ninguna política de formalización será sostenible si continúa facilitando la expansión minera sin considerar primero la biodiversidad, las condiciones y los derechos de los territorios.