Continúa la criminalización de la protesta: Inicia juicio oral contra diez defensores ambientales de comunidad indígena de Cusco

El juicio oral contra ocho comuneros y dos comuneras de la comunidad indígena Urinsaya inició ayer en la Cuarta Sala de Audiencias del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” de Cusco, mientras en los exteriores se registraba una masiva protesta social. Este caso judicial ha generado una atención significativa debido a las serias irregularidades que habrían marcado el proceso, así como las acusaciones de criminalización de una comunidad originaria que, a través de una protesta social, alertó sobre la contaminación ambiental de su territorio.

La comunidad indígena de Urinsaya, ubicada en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, viajó a la ciudad de Cusco para expresar su apoyo a los diez defensores ambientales criminalizados y exigir justicia.

Esta movilización fue en respuesta a la percepción de un proceso judicial marcado por inconsistencias y falta de pruebas concretas.

CONTEXTO DE LA CRIMINALIZACIÓN

En enero de 2020, la comunidad se movilizó para denunciar la contaminación ambiental e incumplimiento de acuerdos y responsabilidades ambientales de una empresa minera por el uso de la carretera comunal. La situación se agravó cuando el gobierno emitió la Resolución Ministerial N.º 054-2019-MTC, reclasificando la vía comunal a vía nacional sin consulta previa, violando derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.

En el contexto de la protesta social, la fiscal de Espinar Carmen Rosa Salas Achircana acusó a diez defensores de Urinsaya por presunto secuestro tras la denuncia interpuesta por un trabajador de una empresa de seguridad contratada por la minera Las Bambas, aun cuando el supuesto agraviado no conocía a la mayoría de los acusados que ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. A pesar de la falta de pruebas y graves irregularidades en la investigación—como la realización de diligencias sin la presencia del abogado defensor de los acusados y la no declaración de una testigo clave —la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión y una reparación civil de diez mil soles.

DEMANDA DE JUSTICIA

La movilización de los comuneros/as subraya la preocupación en la arbitrariedad con que inició el proceso, y exigen una revisión imparcial y objetiva del caso.

La comunidad de Urinsaya pide al juez Miguel Angel Castelo Andia, que al final del proceso se emita una resolución justa que respete los derechos de las comunidades campesinas, tal como lo reconoce la Constitución Política del Perú y el Convenios 169 de la OIT.

¿QUIÉNES ESTÁN CRIMINALIZADOS?

Comuneras y comuneros que se autorreconocen como personas defensoras de derechos humanos y del territorio: Brígida Huamaní Huillca, Matilde Huamaní Ccompi, Gregorio Zinanyuca Quispe, Jorge Kana Taco, Isaias Kana Huillca, Guillermo Kana Chuma, Guillermo Hermogenes Quispe Taco, Roger Choqqueccotta Qquehue, Santos Gregorio Arphi Quise y Abel Kana Quispe.

Fuente: Nota de prensa de Derechos Humanos Sin Fronteras, institución asociada a la Red Muqui

Fecha de publicación: 27 de agosto de 2024